Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021.- En esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, en principio, se juega el destino de un sector clave de la economía en México, el cual representa cerca del 20 por ciento del PIB manufacturero nacional.
Se trata de la industria automotriz y que, con la pretendida legalización (de lo ilegal) de los autos denominados “chocolate” o de contrabando, se contraería el Impuesto Sobre Autos Nuevos y se dejará de pagar IVA e ISR por los recortes a la producción.
Sumados que, en algunas zonas del país podrían aumentar las emisiones contaminantes por tratarse de vehículos que tienen elevados kilometrajes o prácticamente “chatarra”, por su antigüedad. Además de que se incrementaría la incidencia delictiva.
Empresarios advierten que certificar a estos automotores significará premiar la ilegalidad y, México podría ser el basurero automotriz de otros países, en especial de Estados Unidos; además de que es un atentado contra un sector clave de la economía.
El presidente López Obrador anunció que la regularización de autos “chuecos” o “chocolate” se dará a manera de prueba en Tijuana, Baja California, en junio de 2011, y que después se verá si se extiende a otras fronteras. Sonora no se descarta, porque es una demanda muy sentida, dijo.
Tan solo en esta ciudad fronteriza se calcula que existen cerca de 500 mil vehículos sin un registro. En su último evento de su gira por Baja California, López Obrador se comprometió a que muy pronto la Federación dará respuesta a la solicitud de los bajacalifornianos de regular los autos ilegales o “chocolate”.
Coparmex, en voz de su presidente, José Medina Mora, el pasado 02 de julio, demandó que la autoridad debería ser la primera en respetar la ley y no regularizar los vehículos que se encuentran en calidad de contrabando.
Advirtió que es un atentado contra un sector clave de la economía y consideró que regularizar estos autos «representa premiar la ilegalidad»; apuntó que, de enero a mayo de 2021, la venta de vehículos ligeros llegó a 428 mil 312 unidades, 19.8% por debajo de las ventas del mismo periodo de 2019 y que la producción está por debajo de los niveles previos a la pandemia en 19.7%.
En tanto, la Coparmex, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, su dirigente Mario Flores Pedraza, dijo el pasado 5 de julio, que existen mecanismos para que puedan ser nacionalizados, pero previno que habría un problema fiscal por evasión de impuestos y alertó que existe la posibilidad de que también se podría incrementar la incidencia delictiva, debido a las bajas ventas que pudieran caer hasta un 39%.
Asimismo, la Amda ha estimado que se contraerá el Impuesto Sobre Autos Nuevos y se dejará de pagar IVA e ISR por los recortes a la producción. Así como en algunas zonas podrán aumentar las emisiones contaminantes por tratarse de vehículos que tienen elevados kilometrajes y son antiguos.
Amda ya solicitó una audiencia con López Obrador y, por medio de un comunicado, informó que solicitara analizar las repercusiones del compromiso presidencial en Baja California, sentencia que sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero «es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011”.
Desde 2013, la Confederación Nacional Campesina (CNC) busco la regularización de los vehículos americanos introducidos ilegalmente a México, bautizados como “chocolate”, a través de la bancada priista a nivel nacional. Hoy, podría Morena hacer efectivo el compromiso de López Obrador.
