Diputados del PVEM, PAN, PES, PRI y Morena, durante la comparecencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Gutiérrez, dieron a conocer una serie de irregularidades en la construcción de viviendas en la capital del país, que pone en peligro el futuro de sus colonias, barrios y pueblos.

No la libró el funcionario capitalino. Fue vapuleado más por verdes y azules (colores que distinguen a los asambleístas de la Ciudad de México, de acuerdo al partido político al que pertenecen) quienes exhibieron documentos que demuestran una serie de irregularidades que denotan corrupción en esa dependencia local.

Permisos de construcciones irregulares; carencia de planeación, omisiones de dependencias y excesiva modificación de usos de suelo, son características del desarrollo urbano actual, aseguraron, durante la comparecencia del funcionario ante los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf).

Fernando Zarate Salgado, del Partido Verde (Pvem), expuso que no se respeta y preserva el suelo de conservación en la Ciudad de México, que es sobre todo un aspecto de sobrevivencia de esta metrópoli.

Dijo que el uso de suelo debe decidirse por los representantes populares, no por funcionarios designados, y advirtió que el tema de suelo de conservación y asentamientos humanos es una de las deudas más grandes que existen en el Programa de Desarrollo Urbano.

“Desde hace más de un año, el Partido Verde Ecologista de México ha señalado la necesidad de que exista un ordenamiento ecológico y una planeación urbana integral. Este ordenamiento debe integrarse en un solo documento, ya que actualmente no sólo se contraponen, sino que ninguna autoridad, ni Secretaría de Medio Ambiente de la capital (Sedema) ni Seduvi, sabe cuáles son los límites, sabe cuáles son las facultades específicas y, lo peor, es la omisión de ambas autoridades en el exceso y en la modificación de uso de suelo”, expuso.

Dijo que la carencia de planeación en la ciudad se suma a los excesos y abusos que se han tolerado al amparo de figuras administrativas como los Polígonos de actuación, la transferencia de potencialidades y los sistemas de actuación por cooperación, estos últimos usando fideicomisos obscuros que no permiten conocer quiénes son ni las cantidades que han aportado para la construcción de desarrollos habitacionales.

“Cada uno de los diputados debemos participar en las decisiones que involucran el futuro de las colonias, barrios, unidades habitacionales y de nuestros pueblos”, resaltó Fernando Zárate, quien consideró como “una perfecta simulación” lo que el gobierno de la Ciudad pretende mostrar como crecimiento sustentable y viable de la capital del país.

Nosotros vemos que a través de estos Instrumentos cada vez avanzan más las violaciones por construcciones que se toleran en suelo de conservación “y eso, para el Partido Verde, es un tema de supervivencia de la ciudad”.

Agregó que mientras el gobierno de la ciudad está concentrado en el uso de estos tres instrumentos, abandona el cuidado del medio ambiente y la protección de zonas históricas, “que tenemos el deber no solamente de respetar sino de fomentar en esta ciudad”.

“Porque aquí pareciera que lo que manda es el dinero, no la planeación, nomás que ese sucio dinero solamente está haciendo más ricos a los menos y más pobres a los más, por los carentes y deficientes servicios públicos”, remató Zarate Salgado.

La diputada Margarita Martínez Fisher, de Acción Nacional (PAN) lamentó que cada vez más y con mayor fuerza, los ciudadanos cuestionan la forma en la que se conduce el desarrollo urbano en la ciudad.

Critico los esquemas en los que la población en general, no sólo no se siente beneficiada, sino que se siente agraviada por la falta de participación en la toma de decisiones y por la falta de transparencia en el uso y ejecución de los instrumentos urbanos.

Desestimó las acciones que presentó el funcionario, ya que “no corresponden al espíritu de la Ley ni de los Programas de Desarrollo Urbano y tampoco representan el interés general y ciudadano en ellos establecido, acordado socialmente durante las consultas ciudadanas realizadas para su expedición”.

Denunció que “todos los días, en las redes, en los medios, en cientos de audiencias públicas ciudadanas, recibo a vecinos molestos por la violación al uso del suelo y el gobierno no ha podido explicar cómo está tomando decisiones fundadas en la normatividad vigente”.

Subrayó que la mayor demanda ciudadana, tiene que ver con la falta de aplicación estricta de la ley y, el caso más representativo es el de la vivienda de interés social y popular, en donde el mal uso y abuso que se hizo de la Norma 26 no ha tenido consecuencias.

Martínez Fisher dijo que otro tema fundamental, tiene que ver con la certeza jurídica en la aplicación de la Ley, ya que los ciudadanos se sienten indefensos ante la interpretación de las normas.

“También es un señalamiento de los gremios y asociaciones empresariales que reclaman una aplicación equitativa de la misma, pues se ha instaurado una gestión de normas particulares, vulnerando el pacto social establecido en los Programas de Desarrollo Urbano y desacreditando la acción pública en materia de derechos de desarrollo urbano”.

En su turno, la diputada local del Partido Encuentro Social (PES), Abril Yannette Trujillo Vázquez, acusó una desigualdad social en las acciones de gobierno local en materia de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Reveló que en las delegaciones del oriente de la Ciudad, como Iztacalco e Iztapalapa, principalmente, más allá de las acciones de gobierno que lleva a cabo la actual administración, la intervención pública debe concentrarse en las zonas más desfavorecidas, y no al revés.

“Nos inquieta el gran número de personas que han sido expulsadas de la ciudad en los últimos años. Se trata de 400 mil personas entre 2010 y 2015, lo que se debe a la falta de recursos económicos para comprar o rentar una vivienda en la Ciudad”, argumentó.

Los costos de no generar este nuevo instrumento, abundó la legisladora, están a la vista: tráfico vehicular, tiempo de traslados y principalmente calidad de vida. Además recalcó la incapacidad del Instituto de la Vivienda del Distrito Federal para atender esta situación, pues solamente 17 mil acciones se edificaron en un año.
PRI, poca eficacia de la política pública en vivienda

El desorden y la falta de planeación de la Ciudad de México es resultado de dos aspectos: el desactualizado marco normativo y la poca eficacia de la política pública aplicada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno local, circunstancia que a su vez impacta de manera negativa en la vida de millones de capitalinos.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Dunia Ludlow dijo “afuera sigue el crecimiento inmobiliario desordenado, la falta de vivienda, la inseguridad en el transporte, la invasión del espacio público y la incapacidad de las autoridades para restablecer el orden en nuestra Ciudad”.

También criticó la manera en que el Gobierno de la Ciudad de México ha gestionado el programa de desarrollo urbano sin un programa general, en donde, de manera particular los Sistemas de Actuación por Cooperación han generado dudas.

Por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Suárez del Real dijo que cuando no se reconoce que hay un problema no se pueden buscar las soluciones. “A mí me parece que no reconocer que el desarrollo urbano de esta ciudad vive una crisis profunda en donde no se tiene satisfechos, ni a vecinos, ni a legisladores, ni a jueces, ni a magistrados, ni a empresarios, ni a propios servidores públicos, algo debemos de hacer, hagamos como hace la presidenta de la Comisión de Vivienda, sentémonos a trabajar todos para generar condiciones verdaderamente de un desarrollo sustancial y armónico de la ciudad”, propuso.

La Ciudad de México tiene unos 9 millones de habitantes que, sumados a los que habitan las distintas urbes conurbadas, en especial del vecino Estado de México, suma alrededor de 30 millones, lo que la convierte en una de las mayores megalópolis del mundo.

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