FTI Consulting, Inc., la empresa global de consultoría dedicada a ayudar a organizaciones a proteger y mejorar su valor empresarial en un entorno legal, normativo y global, a través de su área de Cosultoría Forense y de Litigio que asiste a clientes que se enfrentan a litigios de alto riesgo, arbitrajes e investigaciones sobre cumplimiento legislativo y de normas regulatorias; analiza el día hoy el caso del ex gobernador neoleonés Rodrigo Medina por su presunta acusación del delito de ejercicio indebido de funciones, por la entrega de estímulos supuestamente irregulares a una armadora coreana y advierte tres elementos por lo que el juez rechazó vincular a proceso al ex gobernador por dos de los tres delitos de los que se le acusan.

Aunque la Fiscalía Anti-Corrupción de Nuevo León califica como éxito el que se haya vinculado a proceso al ex gobernador neoleonés Rodrigo Medina por sólo uno de los tres cargos que presentó contra éste, en realidad seria lo contrario. Las dos acusaciones que fueron desestimadas por el juez son precisamente aquéllas en torno a las cuales se generó una mayor expectativa en la ciudadanía, y por los cuales, de haberse acreditado la responsabilidad del ex gobernador, se hubiesen logrado penalizaciones más severas.

Al respecto, Sergio Díaz, senior managing director, mencionó: “Cabe señalar que tal resultado era previsible al observarse que el proceso de investigación e integración de pruebas estaba siendo presionado en tiempo y forma para satisfacer el deseo y expectativa de un amplio sector de la ciudadanía neolonesa de castigar las actividades de corrupción presuntamente cometidas por el ex gobernador y algunos de sus colaboradores y familiares. Para el éxito del caso se requiere la obtención de evidencia sólida e integración adecuada de las carpetas de investigación para mitigar al máximo posible el riesgo de que se “caigan”, como ha sucedido tantas veces en el pasado”.

Elementos decisivos

  1. Presión de tiempo y forma.- Una buena investigación de un caso de potencial corrupción no puede guiarse por presiones mediáticas ni tiempos políticos, por entendibles y justificables que éstos sean, pues ello va en detrimento de la calidad y pulcritud del trabajo investigativo y las consecuencias son muy serias: se integran los expedientes con información y elementos de prueba deficientes y/o insuficientes y los casos se “caen” en los juzgados, con el correspondiente impacto negativo en la sociedad, cuya frustración y desconfianza en la justicia aumenta, particularmente en un país como México.
    Lo sucedido en el caso neoleonés es un anticipo grave de lo que puede suceder en otros casos donde se han anunciado eventuales procesos de investigación sobre presumibles actos de corrupción de gobernadores, sus colaboradores y familiares.
  2. Por difícil y complejo que sea, los procesos de investigación e integración de evidencia deben apegarse a rigurosas metodologías para que se integren adecuadamente los expedientes y se conduzcan al alcance y ritmo adecuado, para que los casos no se “caigan”.
  3. El desarrollo de capacidades y habilidades suficientes para la obtención, preservación, procesamiento y presentación de los elementos de evidencia. Los errores en el manejo de la evidencia han generado sonoros fracasos en el sistema judicial mexicano que han fortalecida la percepción pública de incompetencia y de desconfianza en el mismo. Hoy, como nunca antes, el disponer de esas capacidades y habilidades será crucial para el éxito del sistema acusatorio mismo y para la causa de los individuos, empresas y autoridades que se vean involucrados en litigios, disputas y casos criminales.
  4. No hacer esto irá en contra del prestigio y credibilidad de las propias autoridades que promovieron esas investigaciones y, lo más grave, se generará una mayor desconfianza de los ciudadanos en el aparato judicial y en la observancia del Estado de derecho.

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