Ciudad de México, 4 de octubre de 2021.- Estudiosos y políticos consideran que para lograr la adecuada aplicación de los recursos públicos y garantizar la conducta ética de los servidores públicos es evitar la impunidad, porque de nada nos sirve tener un marco jurídico perfecto si las leyes no se aplican a todos.
El 11 de diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó al Ejército salir de los cuarteles para combatir a los grupos del crimen organizado y el narcotráfico. Aquel año fueron enviados a dichas tareas 37,253 elementos, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Asimismo, en 2006, 2007 y 2008, se tienen registradas más bajas militares que, coinciden con el inicio de la llamada guerra contra el crimen organizado.
Pero, como si fuera un paradigma en este 2021, en 2007, en una entrevista que hice al fallecido general José Francisco Gallardo Rodríguez, encarcelado más de ocho años por órdenes del alto mando militar, al proponer la creación de un “ombudsman militar” y la reforma del Ejército, en 1993, dio cuenta de la grave deserción de 150 mil soldados en 5 años.
Consideró ex militar que en 2007 hubo una declaración de guerra unilateral que hizo el Poder Ejecutivo al tomar la decisión de involucrar a la milicia en esta lucha. Dejó entrever que el Ejército, como cualquier institución del Estado con una función perfectamente bien definida, si alguna vez se desvía de su actividad primordial o constitucional “es posible que se corrompa”. Como ejemplos, tocó los casos de los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite, Francisco Quiroz Hermosillo y Jesús Gutiérrez Rebollo, entre otros.
El ombusdman castrense criticó la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto de Calderón que se apoyó en la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn) en la administración del expresidente Ernesto Zedillo, la cual admite –cuando la autoridad civil lo solicite – el apoyo del Ejército para asuntos de orden policiaco interno. Detalló que la historia del artículo 129 fue que Zedillo invitó a Los Pinos a los magistrados de la Scjn a una plática, induciéndolos a que hicieran esta reforma.
l general Gallardo reprobó que el Ejército Mexicano persiguiera el delito y supliera las funciones del Ministerio Público y, ni siquiera, aplicar la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. “Esto ha llevado a un escándalo y crímenes que ahora está en tela de juicio la actuación del Ejército en la opinión pública (2007), tanto nacional como internacional, pero, principalmente a la vista de los organismos del mundo de derechos humanos”, señaló en ese entonces.
Además, consideró que el asunto de la seguridad pública, que no tiene ninguna conexión con la disciplina militar, lo quieren legalizar. Subrayó que nuestra Constitución es de carácter cívica y laica; es decir, impide que los militares deliberen política y participen en asuntos que son exclusivamente competencia de la autoridad civil. Sin embargo, hoy, por mandato presidencial esto que previno el general Gallardo, ya está vigente.
Por lo tanto, a modo de conclusión, el luchador social afirmó en ese tiempo que, este Cuerpo Especial Militar que combate la delincuencia organizada “va a traer consecuencias muy graves sobre violaciones a derechos humanos, sobre el trastrocamiento de orden institucional y jurídico del Estado y va a sacar al Ejército de sus cuarteles. A ver cuándo logran regresarlos. Es una situación muy grave en este punto”, advirtió hace 14 años.
Quienes se han formado en escuelas militares, sean miembros del cuerpo de oficiales o de la tropa, saben que, para mantener la disciplina, la estructura de mando del Ejército es: “Las órdenes se cumplen y no se discuten”.
La Constitución Política establece que el presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas armadas y “ejerce el mando con todas las funciones y atribuciones respectivas”.
Un ejemplo de que Andrés Manuel López Obrador no solo lo hace a la perfección en la milicia (con la liberación del hijo de un criminal en Culiacán), sino también en lo civil, en especial en su gabinete, con la orden que dio: “llueve, truene o relampaguee” se regresará a clases presenciales, o sea, deja ver que, como en el pasado, las órdenes presidenciales se cumplen y no se discuten.
Hoy, todo parece indicar que López Obrador sigue el mismo camino errado de Calderón para atacar al crimen organizado sin importar sus muchísimas facetas: narcotráfico, trata de personas, contrabando, migración ilegal, tráfico de armas, pederastia, piratería, entre otros.
