Mazatlán, Sinaloa.- El artículo Décimo Tercero Transitorio de la nueva Ley de General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece un año para que el Congreso de la Unión adecúe “las disposiciones legales para establecer las sanciones a quienes autoricen, ordenen, edifiquen o realicen obras de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de riesgo, dijo, aquí, el subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) Enrique González Tuburcio.
Esto, por supuesto, deberá reproducirse en la legislación estatal”, indicó, al entregar los primeros siete de los 16 Perfiles de Resiliencia Urbana que conforman La Red de Ciudades Resilientes, correspondientes a los municipios de Allende, Nuevo León; Ciudad Juárez, Chihuahua; Durango, Durango; La Paz, Baja California Sur; Manzanillo, Colima; Mazatlán, Sinaloa, y Tijuana, Baja California.
“Es justo la transformación de nuestras ciudades, municipios y territorios en sitios seguros y adecuados para la vida, lo que nos convoca a este evento”, afirmó.
Refirió que, de acuerdo con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo, de los cuales cerca de 70% habitan en zonas urbanas, 9.5% en zonas semiurbanas y el resto (20.5%) en zonas rurales.
“Miren ustedes: cuando hablamos de proteger la vida y las posesiones de las personas, nos referimos a un complejo entramado de libertades, derechos y de acceso a servicios que constituyen la columna vertebral del bienestar cotidiano de los más de 80 millones de personas que habitan las ciudades y de todos de quienes viven en nuestro país”, expresó.
En un trabajo coordinado entre las Sedatu y Gobernación, en colaboración con ONU-Hábitat, ayudaron para que los gobiernos municipales que integran la Red elaboren un perfil de riesgo de cada ciudad.
“Quiero ser muy claro: los municipios, al ser los verdaderos dueños del territorio, son cruciales en materia de resiliencia. Si no fortalecemos la gestión municipal en materia de riesgo, seguiremos dándonos tiros en los pies”, sostuvo González Tiburcio.
Para ello, la Sedatu elaboró la Guía de Resiliencia Urbana en colaboración con la Secretaría de Gobernación y ONU-Habitat y que en enero pasado entregó al presidente Peña Nieto. Con ésta, las primeras 16 ciudades resilientes trabajan en la obtención de su perfil de resiliencia que garantice la seguridad de sus poblaciones.
El contexto internacional obliga a que las ciudades estén cada vez mejor preparadas para atender los riesgos y responder eficazmente a los desastres naturales y las coyunturas económicas.
Dijo que la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano no sólo contempla la resiliencia como un principio transversal a toda acción y planeación de ordenamiento territorial, sino que establece sanciones a particulares o servidores públicos que construyan en zonas de riesgo.
Explicó que por parte de la Sedatu se emitirán dos Normas Oficiales Mexicanas que contemplan la resiliencia: una, sobre la custodia y aprovechamiento de las zonas de valor ambiental no urbanizables, incluyendo las primeras dunas de las playas, vados de ríos, lagos y vasos reguladores de agua, para la resiliencia urbana, y la segunda, para la prevención y atención de contingencias en los Centros de Población para el Fortalecimiento de la Resiliencia.
Además, la Ley establece que la resiliencia deberá ser un componente de todos los programas de ordenamiento y se considera como un tema de interés metropolitano.
“Quisiera decirlo, si me permiten la metáfora entre zonas beisboleras ─yo soy de Veracruz─: la resiliencia es una recta de 95 millas por hora que la Ley nos lanza a todas las autoridades, y hay que dar de hit por el bien de todos”. Hay que ver en la resiliencia la posibilidad y el deber de pensar los asentamientos humanos y las ciudades desde otra óptica, agregó.
“No sólo es la capacidad de resarcir el daño que pueda ocasionarnos un desastre, sino diseñar nuestras vidas, nuestras calles, nuestras políticas públicas, el crecimiento urbano, la política de vivienda de manera sostenible”.
Destacó la importancia que tienen los Institutos Municipales de Planeación en la consolidación de la Estrategia de Ordenamiento Territorial y Resiliencia que desde el Gobierno de la República se impulsa para mejorar las reacciones ante desastres naturales que pudieran ocurrir en las ciudades.
“Estos institutos son nuestras cajas de resonancia porque su duración no es de cada tres años, sino que traspasan la temporalidad y se convierten en testigos y vigilantes de las acciones que se realizan en la materia para beneficio de los mexicanos, sobre todo, de la población más vulnerable, en casos de desastres”, dijo.
