Ciudad de México, 4 de septiembre de 2018.- Durante décadas, Estados Unidos fue el enemigo público número 1 de México. Todo lo malo que sucedía en el país se le achacaba a los norteamericanos, aunque los errores los cometieran funcionarios de los gobiernos federal y locales de México.
Ahora ya no. El nuevo enemigo para los mexicanos, al menos en materia de campo y medio ambiente, es Canadá, el país de la Hoja de Maple, que controla gran parte de los proyectos y desarrollo mineros en México.
De hecho, ya ha habido muchas denuncias en contra las empresas canadienses que operan en México, tanto por los desastres medioambientales que dejan como por el incumplimiento de las promesas que hacen a los dueños de la tierra que, en general, son ejidatarios y comuneros, a quienes han despojado de sus parcelas, a veces, en forma impune.
Por ello, organizaciones campesinas, agrupadas dentro del movimiento político social “Plan de Ayala Siglo 21”, que conjunta a varios organismos de corte contestatario, acordaron apoyar una concentración de indígenas rarámuries (agrupación étnica predominante en el norteño Estado de Chihuahua), a realizarse en las afueras del Congreso local, el próximo 17 de este mes, para protestar por la serie de devastaciones que está haciendo la industria minera canadiense en la entidad.
Esta iniciativa, lanzada por José Durán Vera, coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), posteriormente, se trasladará hasta Ottawa, la capital canadiense, para que su voz se escuche más fuerte allá en el país del norte continental.
Será una de las muchas estrategias a la que acudirán los dirigentes indígenas y campesinos en la nueva historia del campo mexicano, que comenzará a escribirse con el arribo del presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir del próximo 1 de diciembre.
Emilio López Gámez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez (Cioac Jdld), expuso con claridad meridiana, la esperanza de los hombres del campo en la nueva administración pública federal que viene.
Sintetizó que el porvenir de los agraristas e indígenas está en la conformación de una nueva estructura que ponga fin a la globalización, dominada por los mercados, para entronizar el aspecto social y reivindicativo de estas poblaciones que siempre ha enfrentado el menosprecio y el engaño por los distintos gobiernos mexicanos.
Por lo que hace a materia de explotación minera, la Cámara Minera de México (Camimex), registra tres tipos de explotación minera: la formal, la irregular y la ilegal. La mayor parte de los problemas se dan en las dos últimas formas de explotación.
Camimex: Acceso a la tierra
Respecto al acceso a la tierra, esto señala la Camimex: “Es necesario que el Estado de Derecho garantice el acceso a la tierra para el desarrollo de proyectos mineros, cuando las empresas han cumplido con permisos, normas, reglamentos y normatividad, porque la minería requiere elevados montos de inversión y largos periodos de maduración. Por lo tanto, la Camimex seguirá promoviendo, con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), que se respeten las gestiones en los temas de acceso a la tierra como acuerdos y contratos que celebren las empresas mineras con asambleas ejidales.
Con respecto a la consulta previa a comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo de proyectos mineros, la Camimex promoverá que las entidades federativas incluyan en su legislación aplicable información clara y precisa sobre la definición y delimitación de los pueblos y comunidades indígenas para que exista certeza jurídica para esos territorios y también para los proyectos mineros, de infraestructura e hidrocarburos.
Asimismo, apoyará la expedición de una Ley General en materia de Consulta Indígena que defina cuál será la autoridad encargada de ejecutar la consulta y que la consulta se realice previo al inicio de actividades dentro del territorio y no previo al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones; además, que el resultado de la consulta no tenga carácter vinculante.
