Ciudad de México, 29 de abril de 2019.- La transparencia sindical y rendición de cuentas no son nuevas en el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente”, a pesar de que se presentan como uno de los principales puntos de la reforma laboral reconoció su dirigente sindical, Carlos Pavón Campos.
Durante la asamblea nacional de Informe de labores, que realizó el Comité Ejecutivo Nacional del Frente ante sus agremiados, del jueves 25 al domingo 28 de abril de este mes.
“Se habla mucho de una rendición de cuentas completa y detallada en torno a la administración del patrimonio sindical, pero eso lo vinimos haciendo desde nuestra creación como FRENTE. Todos los funcionarios del Frente informamos detalladamente sobre nuestras acciones, así que no es nuevo para nosotros”, explicó.
En todo caso, abundó, que se preocupen aquellos dirigentes que hasta la fecha nunca han dado cuentas claras sobre el patrimonio de sus agremiados, como es el caso de Napoleón Gómez Urrutia.
“Sería bueno que, aprovechando que la Ley Federal del Trabajo se encuentra en la Cámara Alta y siendo él mismo senador de la república, pues que diga qué pasó con los 55 millones de dólares del fideicomiso minero, un auténtico patrimonio del que nunca gozaron sus verdaderos dueños: los trabajadores, pero siempre que se le pregunta sobre el asunto, dice que es un caso cerrado”, detalló Pavón Campos.
Otro de los puntos importantes en la LFT que se discutirá en el Senado de la República es la “capacitación en el trabajo para el uso de los medios y equipos de seguridad y protección para el trabajo”, dijo.
“Nosotros hemos realizado nueve foros sobre seguridad en donde nuestra principal meta es llegar a cero accidentes, pero, sobre todo, donde capacitamos y concientizamos a nuestros compañeros para el uso de sus equipos de seguridad; también realizamos, por lo menos, 20 talleres de seguridad anuales, en nuestras diferentes secciones e involucramos a la familia de nuestras y nuestros compañeros en materia de seguridad”, enfatizó Pavón Campos.
Pavón Campos aplaudió que en la LFT se castigue con la cancelación del registro cuando algún líder utilice la huelga como un arma de extorsión en contra de las empresas.
