Ciudad de México, 3 de marzo de 2023.- Los propietarios de 91.5 hectáreas, que les fueron expropiadas para la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (Aifa), presentaron una denuncia penal en la Fiscalía General de la República (FGR) por desacato contra Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial (Sedatu), y dos de sus principales funcionarias: la directora general de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Dulce María Rodríguez, y la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, Ednna Elena Vega Rangel.
Funcionarios de la Sedatu incumplieron, no solo el ordenamiento del juez quinto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, sino también del Tribunal Décimo del Primer Circuito en Materia Administrativa, que ratificó la sentencia del juez de amparo.
De acuerdo con el amparo 1537/2019, las resoluciones que declaran como terreno nacional los predios dentro del polígono denominado Xaltocan, del municipio de Nextlapan, Estado de México, resultan ilegales, al haberse incluido dentro de éstas las fracciones B y E de Xaltocan, propiedad del quejoso que presentó la querella.
“Lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada”, detalla la resolución. Deberán ser citados a comparecer Meyer Falcón, Dulce María Rodríguez y Vega Rangel.
Según un comunicado de prensa del Despacho Jurídico que encabeza Teófilo Benítez Granados, la denuncia fue presentada por desacato a una orden de un juez federal para devolver los predios que fueron enajenados o indemnizar a sus propietarios.
“El juzgado en materia Administrativa y el Tribunal Colegiado en materia Administrativa han determinado en sentencia firme, inamovible, que se concede el amparo para el efecto que se devuelvan predios en Santa Lucía, en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, esto ya es inamovible, el juzgado ha estado requiriendo el cumplimiento a la sentencia, pero no quieren dar curso a una resolución, lo que implica un delito”, expuso el asesor jurídico Antonio López.
Por su parte, Rafael Ayala Pasten, miembro del equipo de abogados, señaló que las personas afectadas poseen esas tierras legalmente, desde la década de los 70, lo cual acreditaron con documentación legal.
“Pero la autoridad se ha negado a restituirlo o a indemnizarlos, no obstante, de que se encuentran dentro del Aeropuerto Felipe Ángeles, la autoridad judicial determinó que si bien no puede restituirse a la familia, puede otorgarse una indemnización, lo cual hasta la fecha no se ha hecho, a pesar de los diferentes requerimientos por parte de la autoridad federal y aquí está presentada la denuncia”, indicó Ayala Pasten.
En su oportunidad, el penalista Benítez Granados sostuvo que debe existir sensibilidad y coherencia del gobierno de México, para cumplir con las resoluciones que establece el Poder Judicial de la Federación, pero al no acatar dicha determinación existe la alternativa de denunciar penalmente el desacato.
