La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (México) cumple hoy 100 años de vigencia. Es ya centenaria. Actuante es un mundo que no es el que existía cuando nació, impregnada por un espíritu socializante y ajena por completo a la globalización que ahora campea en el mundo.
Sólo superada en edad por su similar del vecino del norte: Estados Unidos de América (USA), la cual fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y luego ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de «Nosotros el Pueblo» (We the People). La mexicana es la más antigua de América Latina.
Esta Carta Magna data de 1917. Su acta de nacimiento está radicada en la Ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre. Contiene 136 artículos en nueve títulos y 19 artículos transitorios. Su texto original tiene 22 mil palabras, a las que se agregan ahora 3,200 por las modificaciones que ha sufrido, para sumar 25 mil 200 palabras que se pueden leer de corrido en un tiempo estimado de entre 90 a 110 minutos.
Su homóloga de Estados Unidos contiene sólo 8 mil palabras, incluyendo 27 enmiendas. Ambas muy por debajo de la Constitución de la India que suma
95 mil palabras. Es la Carta Magna más densa de las que hay en el mundo.
En estos 100 años, la Constitución mexicana ha sufrido 600 cambios (constitucionalistas refieren sólo 567) entre reformas y adiciones. Sólo 27, de sus 136 artículos originales se mantienen sin reforma alguna. Las dos transiciones democráticas que ha sufrido el país, una en 1960; la otra, en 1990, son las épocas que más han incidido en esos cambios. Tan sólo los dos últimos presidentes: Felipe Calderón (2006/2012) y el actual Enrique Peña Nieto han enviado 36 decretos y 4, respectivamente, al Congreso de la Unión para modificar el texto original de la Carta Magna.
Como todas las Cartas Magnas del mundo, es un compendio de ideales que busca armonizar a la sociedad para un elevado estado de convivencia, por lo que para llevarlos a la práctica requiere de leyes secundarias llamadas reglamentarias que indican la forma en que deben aplicarse los principios generales en cada sociedad.
La gran diferencia en lo que respecta al mundo occidental es la filosofía que da a origen a las Constituciones. Son dos vertientes: la anglosajona y la latina. La primera se fundamenta en aspectos más pragmáticos, como sería el caso de la de Estados Unidos, donde la ley está por encima de todos, incluso del presidente, lo que posibilita que pueda ser llevado a juicio cuando no la cumple, como ha pasado con alguno de ellos, cuyo ejemplo más cercano fue Richard Nixon.
La otra vertiente, que prevalece en los países latinoamericanos, es la que tiene como base el Derecho Romano que no es más que una continuación de la visión judeo-cristiana en la que, por mandato divino, el rey (creador de las leyes) estaría capacitado para violarlas. Es decir, la ley se aplica a los súbditos, pero el creador (a semejanza del bíblico Dios que creó al mundo, pero se adjudica el derecho de decidir quién es bueno y quién malo, quién debe ir al cielo y quién al infierno) puede violentarla porque fue su hacedor.
Por eso genera (al igual que todos los gobiernos de tipo teocrático) el surgimiento de caudillos, patriarcas y líderes sempiternos, dueños de horca y haciendas, muchas veces.
En el caso de México, aunque su Constitución podría actualizarse por los ciudadanos; sin embargo, durante los 100 años de existencia es el presidente de la República quien, por lo general, envía las reformas pertinentes y sólo en ciertas ocasiones, el legislativo lo haces, pero las que surgen de la sociedad, normalmente, acaban en la congeladora legislativa.
De hecho, casi nadie conoce la Constitución Política. Muy pocos, a excepción de los abogados, la han leído. No les interesa. Ni siquiera para defenderse, porque, además, hay infinidad de leyes menores que sólo los especialistas podrían entender y darle su justa interpretación.
Son únicamente cuatro los artículos constitucionales que se manejan más entre la población. Curiosamente, los cuatro resultan polémicos en su aplicación. Son los siguientes: 3, 27, 123 y 127.
Artículo 3. Garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación, la cual tiene que ser laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad. Obliga a la Federación, a los Estados y a los Municipios, a impartir la educación primaria, secundaria y media superior. Para efectos prácticos se considera que la educación debe ser universal, laica y gratuita.
Por su incumplimiento en la realidad, a 100 años, aún existen en México 4 millones 749 mil 057 personas que no saben leer ni escribir, equivalente al 5.5 por ciento de los 120 millones de habitantes que tiene el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 4 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. La educación básica consta de preescolar (1 ó 2 años), primaria (6 años) y secundaria (3 años).
Por lo que hace a la laicidad, tampoco se cumple y menos en la educación básica pues, dada la religiosidad del pueblo mexicano, desde siempre han existido escuelas en manos de iglesia, en especial católicas, porque, en sus inicios tuvo cierta influencia socialista por lo que los padres de familia preferían las escuelas de monjitas, como le llamaban a esos centros educativos antes que las oficiales, a las que identificaban como “comunistas”. En cuanto a la educación media y superior, la mayoría está en manos privadas y muchas regidas por grupos confesionales, a grado tal que en las últimas décadas los cuadros dirigentes y gubernamentales son egresados de esas instituciones y casi todos con postgrados de universidad extranjeras, en especial de Estados Unidos y Europa.
Referente a la gratuidad, también es un mito. Los miles de maestros de educación básica saben a la perfección que las cuotas que piden a los padres de familia es una constante en todo el país, lo que, en muchos casos, origina conflictos entre las autoridades escolares y las sociedades de padres de familia. Esto, a pesar que el rubro educativo es que más recursos obtiene cada año en el presupuesto federal, a lo que se suma una cantidad indeterminada de organizaciones sociales, la mayoría, Asociaciones Civiles (AC) o Instituciones de Asistencia Privada (IAP), creadas por empresas con capacidad de deducción de impuestos. Hasta las empresas de futbol participan en aportaciones a la educación, vía los goles, y algunos estados incluyen gravámenes a las empresas en apoyo a la educación, como el Estado de México que grava la actividad empresarial con un 2 por ciento para ese fin.
Para atender el rubro educativo en el aspecto básico, se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Snte), gremio considerado el más grande de América Latina, al agrupar en su seno 1.5 millones de trabajadores y que en 1970 registró una importante escisión para formar la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (Cnte), convertida ahora en brazo contestatario político y en ariete de partidos políticos de izquierda con fuerte presencia en Oaxaca, Chiapas y Guerrero y ramificaciones en Michoacán, Jalisco, Nayarit, Hidalgo y Valle de México; en mínima expresiones se registran células en las demás entidades federativas.
Artículo 27. Pertenecen a la nación las tierras, aguas y recursos naturales comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, ya sea debajo o encima de la tierra. Regula el manejo de las tierras y recursos de la Nación.
Desde su creación, este artículo ha generado una serie de controversias sociales. México tiene un sistema jurídico de tenencia de la tierra sui géneris. Hay ejidos y comunidades que son las más abundantes al abarcar más de 120 millones de hectáreas, de los 200 millones con que cuenta el país; unos 70 millones corresponden a la pequeña propiedad, y el resto tiene designaciones tan poco usuales como nacionaleros y mexicaneros.
Esta especial división de la tenencia de la tierra generó fuertes conflictos entre ejidatarios y comuneros, agrupados dentro de la Confederación Nacional Campesina (CNC, brazo político campesino del PRI) y la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios (Cnpp, ahora Cnpr, también del PRI, creada expresamente para defender las pequeñas propiedades de las invasiones que eran constantes por parte de los campesinos que demandaban tierras).
La demanda de tierras, surgidas del grito zapatista: Tierra y libertad ocasionó guerras intestinas en casi todo el territorio nacional, por lo que los gobernantes priistas se dedicaron a repartir tierras por todos lados, a grado tal que se llegó a tener ejidos que terminaban en áreas marinas y otros que se internaban en la vecina Guatemala. Ya no se diga de estas propiedades que eran puramente desiertos, ríos, lagos y los sitios más incomprensible para labrar la tierra, objeto básicos de ese reparto. Todavía, a 100 años de distancia, existen conflictos en algunas regiones del país, en especial en Hidalgo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz.
Todo esta enramada de conflictos político agrarios dio origen a una serie de dependencias federales para solucionar los problemas y hacerlas productivas. Se crearon, entre otras la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, ahora Sedatu), de Agricultura (actual Sagarpa), el banco rural (Banjidal, que los malosos llamaban Bandidal), la aseguradora agropecuaria (Anagsa) y otras que, al conjuntarse, dieron origen a las llamadas “8 hermanas” y que siempre se vieron envueltas en una amplia serie de corruptelas en su atención a los campesinos.
Para defender a los campesinos de los atropellos de las instituciones, se crearon organizaciones político agrarias. Surgieron las citadas CNC, Cnpp y la especializada en el sector pecuario: Confederación Nacional Ganadera (CNG, ahora rebautizada como Cnog).
Como todas fueron de corte político, pronto sus líderes entraron en conflicto, sobre todo la CNC, muchos de los cuales la abandonaron para crear sus propias organizaciones, aunque muchas fueron sólo membretes. En tiempos de dominio priista, se contaron más de un centenar organizaciones de ese tipo. Más tarde, se dividieron entre oficialistas y de oposición, creadas para contrarrestar las políticas oficialistas y ligadas a los partidos de izquierda, aunque sólo en la intención, porque en el fondo todas dependen de los subsidios gubernamentales.
Para dar una cimentación político agraria oficial a las reformas del 27 constitucional, el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988/1994) creó el Congreso Agrario Permanente (CAP), organismo que aglutina en su seno a las organizaciones oficiales y las opositoras más importantes. Un líder de esta cúpula político agrario (de quien no puedo decir su nombre por no tener su autorización para difundirlo) me dijo una vez: “Compañero, aquí en el CAP nunca vamos a estar de acuerdo en nada, sólo cuando vamos a cobrar nuestros apoyos”. Eran, en especial, los tiempos cuando Manuel Camacho Solís era regente de la Ciudad de México y soñaba con ser el candidato del PRI a la Presidencia de la República como sucesor de Salinas de Gortari, por lo que repartió dinero a manos llenas a los integrantes del CAP.
Un hecho trascendente fue la reforma al 27 lo que quitó al ejido sus principios de inembargable, inalienable e imprescriptible y lo puso libre a las fuerzas del mercado para que se rentara, vendiera o utilizara de la mejor forma posible.
La sucesión no se dio como la quería Camacho Solís. La historia de ese pasaje mexicano está escrito con la entrada en operación del Tlcan, levantamiento de los zapatistas en Chiapas, muerte del cardenal de Guadalajara, Jal., Jesús Posadas Ocampo; muerte del candidato priista en Tijuana, B.C., Luis Donaldo Colosio, y muerte de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI. Trágico final del sexenio salinista.
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. Este artículo comprende todo lo referente a lo laboral.
Al igual que el 27, el 123 ha sido altamente cuestionable en la práctica. Para darle viabilidad, el sistema creó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que agrupaba a todos los obreros. Más adelante hizo lo propio con los trabajadores al servicio del Estado, mediante la creación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estados (Fstse). Como los orígenes de la CTM eran de ideas socializantes, pero con acción de respaldo al PRI, no tardaron en aparecer los gremios opositores, aunque con presencia mínima y casi coyuntural en el país.
La leyenda de los cinco lobitos
México requería un sindicalismo fuerte para sentar las bases de la política laboral. “El presidente Lázaro Cárdenas (1934/1940) llamó a los gremios dispersos existentes a formar un Frente Único. El primer paso fue la creación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “que contó con la asistencia de delegados de las más importantes centrales y sindicatos nacionales se dieron a la tarea de forjar la unidad de las masas trabajadoras estableciendo un Pacto de Solidaridad, donde se fijaron las bases para la formación del Comité Nacional de Defensa Proletaria”, según información de la página electrónica Buenas Tareas.
Agrega que “las actividades unitarias de la clase obrera tuvieron éxito en febrero de 1936 realizándose el Congreso Unificador donde se acordó constituir la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sobre la base principalmente, de las organizaciones pertenecientes al Comité Nacional de Defensa Proletaria. A la nueva confederación ingresaron: los sindicatos de Ferrocarrileros, Mineros, Electricistas, de Artes Gráficas”, etc.
“La creación de la CTM representó una importante victoria para las clases trabajadoras. En el curso de sus primeros años destacaron tres grandes tendencias políticas que se disputaron el control de la nueva Confederación: Lombardo (Vicente Lombardo Toledano) y su grupo de “marxistas legales”; los reformistas con claros rasgos anticomunistas dirigidos por Fidel Velázquez y los miembros del Partido Comunista y simpatizantes donde destacaron Miguel A. Velasco y Valentín Campa. Ya en 1941 Vicente Lombardo Toledano era la cabeza de la nueva central”.
En esta situación prevaleciente en el mundo laboral mexicano surge la Leyenda de los Cinco Lobitos. El texto citado indica que “la Leyenda de los ‘Cinco Lobitos’ tiene su origen en la abierta inconformidad de un grupo sobresaliente de dirigentes de la Crom (Confederación Regional Obrera Mexicana) que, en su momento, rechazaron con toda energía de la que eran capaces, la enésima reelección del secretario general de la Federación de Sindicatos Obreros del D.F., adherida a la central obrera dirigida por Luis N. Morones, quien, en agitada asamblea, dio cuenta a la nutrida asistencia de la actitud de rebeldía asumida por los dirigentes que así renunciaban a seguir perteneciendo a las filas de la Crom.
Como la inesperada noticia despertó entre los asistentes, vigorosos sentimientos de simpatía y de apoyo a los insumisos dirigentes, éstos con toda dignidad, se separaron de sus asientos y se dispusieron a salir entre una lluvia de aplausos y gritos de apoyo diciendo: ¡No! ¡No!, ¡Que se queden!. Entonces el secretario general de la Crom, alzando la voz dijo a la asamblea (dijo): ¡Déjenlos que se vayan, compañeros!, ¡Sólo es la “pelusa” que se va!, ¡Son 5 “miserables lombrices”, que al marcharse dejarán crecer con mayor libertad el frondoso árbol de nuestra gloriosa Crom!.
Así las cosas, la respuesta genial y visionaria provino de una voz anónima perdida entre la multitud obrera ahí reunida. ¡No!, compañero Morones, no son cinco lombrices; por el contrario, son “Cinco Lobitos” que ¡al crecer le comerán a usted el mandado!. Ellos son: Fidel Velázquez Sánchez, Alfonso Sánchez Madariaga, Jesús Yurén Aguilar, Fernando Amilpa Rivera y Rafael Quintero.
El tiempo le dio la razón a esa voz anónima. Fidel Velázquez se entronizó en la CTM y, durante muchos años fue una especie de “fiel de la balanza” en cuanto a la sucesión presidencial. La CTM fue el brazo político-electoral del PRI y Fidel Velázquez uno de los pilares del sistema hasta su muerte el 21 de junio de 1997.
Dejó una gran escuela de líderes obreros, todos sujetos a su propia visión y estrategia política de apoyo al PRI. Tal vez, el mejor discípulo lo fue, curiosamente, Francisco Hernández Juárez, dirigente de los telefonistas del país, de orientación socialista desde sus inicios en el gremio cuando en 1976, junto con Luis Rojas, dirigían un periódico gremial, llamado El Alacrán, contrario al entonces líder de los telefonistas, Salustio Salgado (“Charrustio”, le decían. Charro era un sobrenombre despectivo con el que llamaban a los líderes que se eternizaban en su puesto) hasta lograr su caída. Hernández Juárez acordó con Rojas que un trienio estaría él como líder y el siguiente sería Rojas, pero incumplió y, al final lo desterró. Rojas terminó trabajando en la Refinería de Minatitlán, Veracruz, y Hernández Juárez se adhirió a Fidel Velázquez para fortalecerse en su liderazgo al frente los telefonistas el cual mantiene hasta la fecha, esto es, más de 30 años.
El otro frente creado por el sistema político para la defensa de los trabajadores fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse), que agrupa a los burócratas del país y en donde, al igual, se han creado verdaderos cacicazgos, como el magisterial al mando de Carlos Jonguitud Barrios y, después, Elba Esther Gordillo, actualmente en prisión, tras su caída en desgracia política, y Carlos Romero Deschamps, líder de los petroleros y siempre cuestionado por su ostentosa riqueza expuesta socialmente y el desvío de recursos gremiales en apoyo del candidato priista a la Presidencia de la República en el 2,000, Francisco Labastida Ochoa, que perdió y dio paso a la alternancia política.
Estos dos bloques gremiales se ampararon bajo el 123 constitucional en sus respectivo Apartados A y B, pero había otro grupo importante de trabajadores que laboraban en las universidades públicas y, por no ser ni obrero ni burócratas, no cabían en ninguno de los dos apartados constitucionales citados, por lo que algunos propusieron crear un nuevo apartado que sería el C. La moción no fructificó y, al final, quedaron incluidos en el B, aunque con lineamientos muy especiales.
La Caída del Muro de Berlín y consecuentemente entronización de la globalización trajo nuevos retos a la política laboral, más allá del sistema gremial existente, como fueron la radicalización de los sindicatos blancos, la desaparición, en la práctica, de los Contratos Colectivos de Trabajo para convertirse en contratos renovables cada mes y sujetos a la decisión de los patrones, el surgimiento de los vendedores ambulantes y el de outsourcing, sistema que utilizan empresas multinacionales, mediante las modalidades de ventas pirámides, en especial, que marginan de toda regularidad a los trabajadores, quienes son contratados al margen de los lineamientos del 123 Constitucional.
Artículo 130. Establece las normas y reglamentaciones de las iglesias y demás agrupaciones religiosas.
México es un país eminentemente católico. A últimas fechas ganan terreno otras religiones, en especial las llamadas cristianas, cuyos orígenes formales se tiene en el ya lejano Instituto de Verano, institución académica que utilizó el estado sureño de Chiapas para iniciar el adoctrinamiento de los grupos indígenas en su conversión a las nuevas teorías teológicas evangelizantes y que ocasionó graves batallas cruentas entre familias y poblados que, algunas veces, terminaron en masacres.
Desde el periodo de la Reforma del Siglo XIX, México decidió por la separación en su vida social y política entre iglesia y Estado; sin embargo, esto nunca funcionó en la realidad. El único periodo que quiso hacerse valer, en la segunda década del Siglo XX, dio origen a La Cristiada, movimiento revolucionario que generó alto número de católicos muertos por practicar o expresar su fe y que, al paso de la historia, el Papa Juan Pablo II llevó a los altares a más de una docena de esos mártires de la iglesia en México.
Una vez pasada esta tormenta, el Estado comprendió que era mejor hacer un lado a la Constitución y, en la práctica, coexistir con la Iglesia Católica. Aunque persistía la política de separación entre Iglesia y Estado, en la vida diaria esto no funcionaba. Altos dirigentes, políticos y funcionarios, incluyendo presidentes, en privado asistían a servicios religiosos, aunque en público lo negaran.
Fue muy conocido por la población que Doña Cuquita, madre del presidente José López Portillo (1976/1982) tenía en la Residencia Oficial de Los Pinos (Casa presidencial) una capilla a donde iban a celebrar misa sacerdotes católicos, en ciertos días de conmemoración religiosa. También en las visitas que Juan Pablo II hizo a México, como Pastor religioso, se le dio un trato de Jefe de Estado, a veces a escondidas; otras, en forma abierta.
Tal fue el modus operandi hasta que el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988/1994) decidió normalizar las relaciones entre El Vaticano y México. Ahora, el delegado de El Vaticano pasó a ser embajador vaticano y México designa a su homólogo en Roma.
El PES llega al Legislativo
Producto de este nuevo estado de cosa es la aparición del Partido Encuentro Social (PES), organismo de indiscutible carácter religioso cristiano y con fuerte ascendencia en el noroeste nacional donde inició sus trabajos que lo llevaron a participar en el vida legislativa actual.
Bajo el título de “Las leyes evangélicas del Partido Encuentro Social”, el estudioso José Manuel Ruiz Ramírez publicó en la Revista Nexos (una de las más importantes de México) el siguiente artículo sobre este particular, el pasado 26 de octubre de 2016.
Las leyes evangélicas del Partido Encuentro Social
“¿Qué pasaría si las instituciones religiosas intervienen en temas sociales con el apoyo de los poderes del Estado mexicano? Ésta fue la pregunta que el diputado y líder del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Erick Flores Cervantes, formuló desde la tribuna del Congreso de la Unión al iniciar su periodo como legislador. Desde aquel momento, Flores respondió que ello no significaría que se violente el “mal entendido laicismo de nuestra cultura política”; al contrario, afirmó que la participación de las instituciones religiosas ayudaría a resolver los problemas sociales del país. Así fue como el Partido Encuentro Social inició su participación en el Congreso con el carácter de partido nacional. Como una agrupación que considera un error haber sacado a dios de la vida pública, pero que –a pesar de la fe cristiana de sus dirigentes– trabajará por los intereses de la sociedad mexicana. Al menos, así se presentó.
Formalmente, Encuentro Social establece como obligaciones del partido la defensa de los principios históricos constitucionalmente establecidos como el Estado laico; sin embargo, aboga por la venida de dios a la vida pública. ¿Es posible reconciliar estas dos cuestiones? La respuesta a esta pregunta involucra, utilizando las palabras de Julieta Lemaitre Ripoll, un fraude a la discusión democrática. Para explicar este engaño es necesario partir de lo que implica el pensamiento laico.
Para Michelangelo Bovero, la laicidad significa la libertad frente a los dogmas. En otras palabras, es el derecho a “pensar de manera diferente” frente a lo que se cree irrefutable. En el caso del Partido Encuentro Social, su trabajo legislativo contraviene este principio fundamental del Estado mexicano al tratar de imponer un orden moral objetivo basado en dogmas.
El objetivo del PES, como lo expresan sus legisladores en las exposiciones de motivos de sus iniciativas, es proteger a la familia y desarrollar acciones para recuperar los valores en la sociedad. La forma en que las y los diputados de Encuentro Social desarrollan sus argumentos utiliza el lenguaje de los derechos humanos, pero la interpretación que hacen de los mismos no obedece a las técnicas que le son propias. Como señala Lemaitre Ripoll, las normas de derechos humanos dependen de documentos, de momentos históricos específicos y de contextos políticos concretos. Sin embargo, quienes conjuran a dios en el debate público han aprendido a defender posiciones religiosas en términos de derechos humanos recurriendo al derecho natural que no depende de la historia ni toma en consideración los contextos políticos. Por ejemplo, la separación del Estado y las iglesias es un principio histórico –así reconocido en el artículo 130 de la Constitución Federal–, pero los fieles cristianos honran el llamado a santificar al Estado a través de su participación como forma de materializar el orden moral objetivo de su fe, argumentando estar actuando con base en su libertad religiosa”.
Ruiz Ramírez indica en el artículo citado que “La tensión entre el Estado laico y la defensa de un orden moral dogmático puede identificarse en las iniciativas del PES. La iniciativa de reforma al artículo 4° de la Constitución Federal –suscrita por la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, quien promueve marchas contra el matrimonio igualitario en Jalisco–, propone lo siguiente: i) el derecho humano a ser definido por su naturaleza y no por la cultura; ii) el reconocimiento del matrimonio como una institución fundamental de carácter social definida original, etimológica y naturalmente como la unión entre un hombre y una mujer para salvaguardar la perpetuidad de la especie humana; iii) el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas, de conciencia y de religión; iv) prohibir, con base en la laicidad del Estado, que la educación obligatoria desvirtúe la idea de matrimonio propuesta, y v) la obligación de proteger la vida desde la fecundación hasta el término de su ciclo natural. En la exposición de motivos de esta iniciativa, que además cuenta con el respaldo de integrantes de todos los partidos políticos y del Frente Nacional por la Familia, puede identificarse el uso de argumentos de derechos humanos para justificar cada una de las propuestas, como por ejemplo el interés superior del niño o el derecho a la vida. Sin embargo, en el propio texto se reconoce que el marco de derechos que plantean es producto de la “sindéresis que el hombre mismo hace de su realidad y de su naturaleza. El Derecho Natural, entendido como las normas derivadas de la racionalización de la realidad misma […] se convierte en la única brújula válida, comprobable y objetiva que nos puede llevar a ese Estado de Derecho”.
Esta iniciativa de reforma plantea que sólo existe un conjunto de normas objetivas que de alguna forma le son reveladas al hombre, que no pueden ser cuestionadas y que no permiten que la actividad humana se aparte de ellas si se quiere preservar el Estado de Derecho. Es decir, establecen un dogma conforme al cual debe configurarse todo el Estado. Además de esta iniciativa que atenta contra el matrimonio igualitario, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y a la muerte digna, el PES ha presentado otras propuestas para completar su modelo dogmático”.
Concluye que “Finalmente, el PES presentó una iniciativa para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que las asociaciones religiosas –en especial las iglesias evangélicas, de acuerdo con el texto de la iniciativa– puedan poseer y administrar concesiones de radio y televisión. De esta forma, las iniciativas del PES tienen la finalidad de ajustar el marco normativo para establecer un orden moral único conforme a sus creencias, limitar la libertad de las personas para cuestionar ese orden moral, contar con medios para difundir sus ideas y controlar a las instituciones del Estado que tienen como finalidad la protección de los derechos de todas las personas.
¿Qué pasaría si las instituciones religiosas intervienen en temas sociales con el apoyo de los poderes del Estado mexicano? En el trabajo legislativo del Partido Encuentro Social se advierte la amenaza que encierra esa pregunta. El peligro de que la fe tome forma de normas y de políticas públicas radica en que sus dogmas no admiten cuestionamientos. La libertad frente a las creencias de los demás no tiene sentido en un Estado en el que un ente superior es quien dicta las normas. Quienes ostentan una verdad revelada –que no admite cuestionamientos– rechazan el principio fundamental de la democracia: las mayorías deben ser escuchadas y las minorías protegidas para garantizar la libertad de todos los individuos de ser quienes decidan ser y no quienes les impongan ser”.
La Constitución frente a la Aldea Global
El Siglo XXI plantea nuevos retos a todo el mundo; en consecuencias, a México, en sus artículos básicos, como el 1 y el 2. La revolución de la axiología lleva a que México enfrente realidades, altamente cuestionables, en esta sociedad a los que debe dar respuesta.
Casos como la equidad de género, discriminación, homosexualidad, matrimonio entre personas del mismo género y la adopción de niños, diversos usos de la mariguana, eutanasia, bebés de probeta y muchos temas más esperan tener respuesta aceptada socialmente en la centenaria Constitución mexicana.
La actual Constitución Política está convertida en un “Frankenstein”: Cocyp
(Codics).- El presidente nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, José Jacobo Femat, anunció una movilización para el próximo 5 de febrero en protesta por el “Frankenstein” en que se ha convertido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en menos de 25 años, desde que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari comenzó una serie de reformas a la Carta Magna así como para que se saque, del Tlcan, el apartado agropecuario.
Asimismo, aseguró que dicha marcha que se llevará a cabo del Hemiciclo a Juárez hacia el Ángel de la Independencia, con la participación de más de 3 mil personas y llamó a los tres poderes del Estado a retomar el Pacto Social que generó la Constitución de 1917.
En conferencia de prensa, opinó que el reciente Acuerdo Agrario que pretende imponer el presidente Enrique Peña Nieto, con el aval de algunas organizaciones campesinas, será infructuoso toda vez que no recoge la voz de todos los pequeños y medianos productores.
Indicó: los Pactos por la Economía Familiar, las estrategias para impulsar el mercado interno o los Acuerdos Agrarios se hacen a través de las cúpulas empresariales y de acuerdo a los intereses de unos cuantos, de tal suerte que la sociedad no está representada en ellos y los resultados no serán positivos.
Femat, incluso, aseguró, que los efectos negativos emanados de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de México, sólo los padecen los grandes agroexportadores pues el pequeño y mediano productor no posicionar sus productos en la Unión Americana.
A hacer ser un análisis de todos los cambios que ha registrado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 a la fecha, lamentó que en menos de tres décadas ésta ya lleva más de mil parches y, a su vez, vulnerar los derechos humanos de millones de ciudadanos mientras que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que data de 1787 a la fecha, no ha tenido ninguna modificación.
Detalló que, basados en estudios universitarios, la Constitución ha sido reformada en más de 686 ocasiones y sólo 22 de sus 132 artículos no han sido tocados desde 1917.
Además, tan sólo el artículo 73 relacionado con las facultades del Congreso de la Unión ha tenido 77 cambios, y los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución no se han salvado de modificaciones mismas que han ocasionado la entrega de la propiedad social a particulares en pleno siglo XXI.
Por ello, comentó con una crisis económica política y social que padece el país, se hace urgente renovar el Pacto Social de 1917 o de lo contrario, advirtió, la nación registrará una mayor anarquía.
