Vecinos de Santa Úrsula Xitla, en el centro sur de la Ciudad de México, y de varias colonias circunvecinas de la Delegación Tlalpan, acompañados por abogados jurídicos y especialistas en Derechos Humanos, acusaron al jefe de Gobierno capitalino (Gcdmx), Miguel Ángel Mancera y a funcionarios de la administración central de ir en contra de la conservación patrimonial y ambiental de la Ciudad de México.
Se quejaron de ser afectados por la construcción del Centro Comercial Patio Tlalpan, que se levanta –con un avance del 90 por ciento- en lo que fuera la Clínica San Rafael, construida en la segunda mitad de los años 40 por los Religiosos de San Juan de Dios, a un costado de la avenida Insurgentes, destinada a la atención de pacientes con enfermedades mentales. Esta clínica fue foco de grandes controversias, como el particular caso de Mario Cantú, quien fue encerrado ahí debido a un conflicto de intereses con su madre, que le mandó a unos enfermeros de esa institución para que lo anestesiaran y encerraran en contra de su voluntad.
Sobre esta clínica corrieron a lo largo de décadas infinidad de cuentos, mitos, anécdotas y otras informaciones más que la convirtieron en un lugar de leyenda, primero, y después, en histórico.
Ahora, los denunciantes lamentaron la falta de voluntad política y contubernio, tanto de la delegada local, Claudia Sheinbaum Pardo, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como de Mancera y sus colaboradores de las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente y Movilidad Urbana, al igual que la administración del Sistema del Agua (Sacmex) y Espacio Público.
Aseguraron que han violado acuerdos, inclusive internacionales, que los obligan a consultar a los pueblos originarios sobre la edificación de cualquier obra de grandes proporciones en su territorio y que, a la fecha, hay 20 colonias que van a ser afectadas en su movilidad, principalmente, entre otros servicios.
Demandaron un alto a la impunidad y corrupción, pues como ejemplo contundente señalaron que han permitido a un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari “atentar contra programas de conservación patrimonial y ambiental y permitir la destrucción del patrimonio histórico y cultural de la Delegación”.
Además de autorizar la imposición de una estructura comercial en un entorno residencial con poca capacidad hídrica y serias dificultades viales, sin tener todos los permisos debidamente autorizados, que mostraron con documentos que presentaron en conferencia de prensa.
A pesar e la impunidad que se respira en la capital de la república, dijeron confiar en el poder judicial, en lo particular en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Scjn), pues consideraron que poco hay por creerles a los funcionarios del Gcdmx y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf).
A pesar de que el camino ha sido largo, indicaron que seguirán en la lucha por defender los derechos fundamentales que tienen como ciudadanos, los que tiene la Ciudad de México y la nación.
La empresa en cuestión es el Grupo México Ratail Properties (MRP), de la que es presidente Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Salinas de Gortari, que construye un centro comercial con una superficie de 101,378.04 metros cuadrados y 1,580 cajones de estacionamiento en un sótano, en lo que fue la Antigua Clínica San Rafael, en Tlalpan.
La autorización la dio Felipe de Jesús Gutiérrez, de Seduvi, quien autorizó en principio un edificio de 7 niveles. Pero después vino una serie de irregularidades y autorizaciones ilegales, también, por parte de otras autoridades locales como la Semovi, Sedema, Sacmex y del Espacio Público, en contubernio con Sheinbaum.
Fue Felipe de Jesús el artífice de esta corrupción, pues se encargó de presionar a otras dependencias para que se aceleraran los trámites y autorizarán la construcción de la obra, sin haber insultado a los habitantes y violando las leyes que garantizan la protección de este espacio.
Esto, igual como procede en otras obras como lo son los conjuntos habitacionales, que a diestra y siniestra da el visto bueno para su construcción, mintiendo a los vecinos y a legisladores.
A las irregularidades de la citada obra en Tlalpan, se suma la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento territorial (Paot), a cargo de Miguel Ángel Cancino, quien en 2013 reconoció que la obra en cuestión traería serias complicaciones viales, por el impacto ambiental que generaría.
Reforzaron su preocupación cuando en 2015 solicitaron al Instituto de Ingeniería de la Unam un estudio de tráfico vehicular, el cual recomienda que la Secretaria de Movilidad emita una opinión técnica desfavorable al proyecto de la empresa del cuñado de Salinas de Gortari.
Además, el Instituto Nacional de Bellas Artes (Inba) no cuenta con solicitud alguna para la demolición de dicho inmueble histórico.
Sin embargo, en principio, la delegación Tlalpan otorgó una autorización de construcción Tipo C y Seduvi aprobó la segunda demolición parcial del predio, lo que sólo dejó la fachada del inmueble y dio paso a la destrucción de toda la capilla.
“Los pueblos originarios contamos con los documentos y títulos primordiales del Siglo XVI, a través del Códice de San Agustín de las Cuevas, fechado entre 1532 y 1537, donde se reconoce la historia de Tlalpan y se le nombra defensores de ese territorio”, expusieron los quejosos.
Más adelante, exigieron al gobierno de Mancera y a sus distintas dependencias “dejen de defender privilegios económicos de unos cuantos y protejan el patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestros pueblos”, por lo que demandaron la cancelación inmediata de la obra.
“Confiamos en los criterios de protección a los derechos humanos que están obligados a seguir todos los jueces y en este caso, la participación de un juez federal nos da confianza de que sea sensible ante este reclamo”, dijeron, tras haber puesto un juicio de amparo ante el juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.
