Ciudad de México, 2 de febrero de 2022.- En marzo de 2021, senadoras y senadores de Morena dieron a conocer una iniciativa que enlistaron en la Gaceta Parlamentaria para reformar la Constitución Política para que los pueblos indígenas, afromexicanos y las comunidades locales tengan prioridad en el acceso y uso sustentable de los servicios provistos por el ambiente en el territorio del que sean originarios. Inclusive, se precisó en el documento que el Estado debe establecer los mecanismos para una distribución equitativa de los beneficios que provee el ambiente.
La reforma constitucional establece que corresponde al Estado la protección del derecho a un medio ambiente sano y que las acciones que deriven en la pérdida de biodiversidad o que alteren la integridad de los procesos ecosistémicos generarán responsabilidad para quien las provoque.
Sin embargo, la realidad es otra (con otros datos) pues usuarios de Change.org, han recabado alrededor de 50 mil firmas de ciudadanas de México para exigir a los gobiernos federal y de Chiapas frenar el aniquilamiento de la Selva Lacandona.
Hasta el momento, le han motilado 500 millones de árboles y desaparecido 32 millones de toneladas de biomasa (materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de energía).
La ciudadana Inés Marisela López Betanzos (por medio de Change.org) –con el apoyo de casi 50 mil firmas- urgió detener la extinción total de la Selva Lacandona que ya agoniza y demandó una evaluación actual para tomar medidas eficientes, pues urge una inmediata protección, reforestación y la resolución a la tala inmoderada e ilegal que se está llevando a cabo en el lugar a costa de todo el Estado que ha sido ya suficientemente saqueado por los gobiernos corruptos.
En las últimas décadas se ha perdido 72.2% del terreno que ocupaba la Selva Lacandona (pasó de 1.8 millones de hectáreas a sólo 500 mil hectáreas, actualmente) y entre los años 2000 y 2012, cerca de 6 por ciento (142 mil hectáreas) de las pérdidas en cobertura arbórea ocurridas en México, pertenecían a este bosque.
La denunciante lanzó la petición de detener la extinción de la Selva Lacandona, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, quienes, al parecer, han ignorado el problema de vida y ambiental que acecha a esta importante zona verde chiapaneca.
Recordó que es sorprendente el cambio climático que se percibe radicalmente en no solo en todo el Estado de Chiapas (sur), ya que la Selva Lacandona es un pequeño pulmón que está pronto a desaparecer.
Tragedia ambiental, contabilizada por Greenpeace
En otra información, durante los primeros 12 años del siglo XXI, México ha perdido cerca de 2.4 millones de hectáreas ocupadas por árboles. Seis por ciento de esta pérdida ha sido dentro de la Selva Lacandona, lo que significa que desaparecieron 500 millones de árboles y 32 millones de toneladas de biomasa.
El tamaño de la tragedia ambiental está contabilizada por Greenpeace: cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas en el país. A pesar de los trabajos de organizaciones como Natura y las leyes emitidas por las autoridades federales y locales, pareciera que la muerte lenta de la selva no se detendrá en pronto.
Por su parte, el Gobierno de la 4T, en información oficial de principios de 2021, aseguró que a través de una Comisión Interinstitucional -conformada por las Secretarías de Gobernación, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (Inpi), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Procuraduría Agraria, Registro Nacional Agrario y Fideicomiso de Fondo Nacional de Fomento Ejidal-, “brindan atención a las comunidades indígenas lacandona, tzeltal y chol que ahí habitan en la región de la Selva Lacandona”.
En tanto, por medio de un boletín oficial, que publicó el 9 de diciembre de 2021 la Semarnat divulgó la creación de una estrategia nacional en la que participan las secretarías de Seguridad Pública, Defensa Nacional y Marina, así como la Guardia Nacional, para reforzar el combate a la tala ilegal y que inició en Campeche para seguir en Chiapas, Jalisco, Chihuahua, Guerrero y Estado de México, que, en 2022 los trabajos se extenderán a Quintana Roo, Michoacán, Baja California, Yucatán, Tlaxcala y Ciudad de México.
