La comunidad Bacum de la etnia de los yaquis, pueblo originario de Sonora, ha visto perturbado su modo de vida y convivencia con la obra de instalación del gasoducto sobre sus Centros Ceremoniales y poblaciones. Ni las autoridades federales ni locales han podido evitar que la empresa contratista, propiedad de Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, continúe su construcción.
Por lo cual, se solicitó la creación de una “Comisión que debe abrir espacios de diálogo con autoridades y empresas y buscar la reubicación del gasoducto por la parte norte de la zona yaqui y, además, negociar un porcentaje de utilidad a estas comunidades, que represente un beneficio real para la población”, puntualizaron Armando López Campa y Bruno Bichir, en conferencia de prensa.
También demandaron establecer una mesa de diálogo para la reubicación del gasoducto que se construye sin el consenso de las etnias yaquis en aquella entidad, a efecto de detener la degradación del medio ambiente, proteger el patrimonio cultural de México y favorecer la salud de la población.
Enfatizaron que sin políticas claras que regulen la normatividad de las actividades industriales y de servicios que degradan, devastan y alteran los ecosistemas naturales sonorenres, las substancias tóxicas vertidas al río Sonora han dañado la biodiversidad fluvial, deteriorando las tierras del cultivo y privado de agua potable a alrededor de 30 mil familias a lo largo del cauce y a una tercera parte de las familias de Hermosillo, que es suministrada por la presa El Molinillo.
López Campa, en tribuna, criticó la tibieza de las dependencias federales para detener las agresiones a los derechos humanos y el ecocidio de las tierras yaquis por parte de la empresa que encabeza Gil Díaz.
Recordó que el 6 de agosto de 2014, una falla en las tinajas de la mina Buenavista del Cobre provocó un derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido de sulfato de cobre en el citado Sonora, que contaminaron al arroyo Tinajas y los ríos Bacanuchi y Sonora, además de siete municipios donde viven más de 24 mil personas que se quedaron sin acceso al agua potable, agravados por el cierre de 322 pozos.
Aseguro que ante esta insuficiencia observada por los afectados por el derrame, pobladores emprendieron acciones legales tanto individuales como colectivas, con las que buscan el resarcimiento de los daños.
Dijo que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) determinó que derrame de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora podría representar el peor desastre medioambiental en México y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que en esos ríos se encontraron substancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y fierro, por encima de la norma ecológica y de salud humana, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó a la empresa minera limpiar el producto del derrame en el cauce de ambos ríos.
A dos años del derrame de ácido por parte de una minera del Grupo en el México en el río Sonora, los afectados acusan que los daños persisten y que las acciones de remediación han resultado insuficientes, por lo que promueven acciones colectivas para forzar a la empresa a reparar el medio ambiente e indemnizar a quienes han visto mermada su salud y actividades productivas.
