México: Buscan retornar al derecho agrario del Desarrollo Estabilizador

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A principios de los 90s del siglo pasado, poco después que la administración del presidente Salinas de Gortari (1988/1994) reformara el Artículo 27 Constitucional para convertir a la tierra en objeto de mercado, pregunté a un norteamericano que, si en verdad, les interesaba comprar la tierra a los mexicanos.

La respuesta que me dio me aclaró totalmente esa situación que organismos políticos sociales daban como un hecho de que los gringos se adueñarían del territorio nacional. Me dijo: “No, a nosotros no nos interesa la tierra; queremos el usufructo de ella, pero no las tierras”.

En México, la tenencia de la tierra comprende varias denominaciones, pero prevalecen tres: Ejido, pequeña propiedad y bienes comunales. El primero de ellos es la mayoría (unos 103 millones de hectáreas de los casi 200 millones con que cuente el país) y, constitucionalmente, tuvo características muy específicas: inalienable, imprescriptible e inembargable.

Esto sólo en el discurso, porque la realidad era distinta. El ejido se vendía, se negociaba, se heredaba y se obsequiaba. “Para el campesino, el ejido es el equivalente a la casa que tiene un habitante de la ciudad”, me dijo un viejo agrarista, una vez que tocamos este tema.

Por ello, las reformas salinistas no fueron otra cosa que legislar sobre un hecho consumado en el medio rural mexicano. Con estas reformas, el ejidatario se convertía en auténtico dueño de la tierra y no sólo en usufructuario de ella, como lo declaraba la legislación agraria anterior.

Ahora, 25 años después, y al amparo de la próxima administración federal, que inicia el próximo 1 de diciembre, un gobierno que busca regresar a la etapa de la época del Desarrollo Estabilizador (1950/1980), de nueva cuenta, organizaciones político agrarias retoman esa visión de la propiedad agraria.

Esas organizaciones, agrupadas dentro del denominador común “Movimiento Campesino Plan de Ayala para el Siglo XXI”, presentarán el próximo jueves al Senado de la República una propuesta de nueva Ley Agraria para su análisis y difusión para una consulta popular a nivel nacional.

Tal propuesta es contraria a la similar, preparada por el senador Ricardo Monreal Ávila, legislador de extracción campesina y priista que llegó a gobernar el Estado de Zacatecas, en el norte centro de México, y que ahora milita en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los puntos más discutibles de la propuesta de Monreal Ávila para esas organizaciones político agrarias son “armonizar las disposiciones legales en materia agraria con las reformas estructurales en materia energética y de hidrocarburos, así como con los privatizadores regímenes de concesiones mineras, de aguas y de bienes nacionales”, según artículo de Carlos González García, abogado, integrante del Congreso Nacional Indígena, publicado hoy en el Diario La Jornada de la Ciudad de México.

El autor agrega que “la reforma salinista al artículo 27 constitucional tuvo como fines principales: (1) separar a los campesinos de la tierra y forzar su migración masiva a las ciudades y al extranjero; (2) facilitar el saqueo y el despojo de los territorios indígenas y campesinos por parte de los consorcios y empresas privadas; (3) convertir en mercancías susceptibles de apropiación recursos naturales; (4) dar cobijo a los procesos intensivos de explotación de la fuerza de trabajo agrícola y abaratar la mano de obra en el campo y las ciudades, y (5) desmantelar las antiguas culturas y autogobiernos indígenas y campesinos.

“La iniciativa de Monreal enuncia derechos de los pueblos originarios contenidos en diversos convenios y tratados internacionales. También flexibiliza favorablemente los procedimientos para el nombramiento de representantes agrarios en ejidos y comunidades pertenecientes a pueblos indígenas (artículos del 33 al 35 de la iniciativa). Abre la posibilidad de designar herederos en cotitularidad (artículo 108, fracción IV), hipótesis legal que permite preservar la transmisión comunitaria de las tierras en ejidos y comunidades formalmente parcelados. Sin embargo, su propósito central es reforzar los mecanismos para la privatización de las tierras ejidales y comunales y la destrucción de la propiedad social, así como la armonización del contexto legal agrario. Se trata, en los hechos, de una nueva reforma estructural neoliberal que convalida el poner la producción de hidrocarburos, de energía eléctrica y minera por encima de cualquier otra”.

Los integrantes del grupo contestatario insistieron hoy que la Ley Monreal tiene que desecharse para devolverles a los campesinos de México la tierra que siempre han poseído y hacer real el viejo adagio del santón agraristas mexicano: “La tierra es de quien la trabaja”.

José Jacobo Femat, dirigente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), expuso los puntos negativos de la Ley Monreal, mientras que Emilio López Gámez, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos José Dolores López Domínguez (Cioac Jdld), dio cuenta del poco apoyo gubernamental que tienen los hombres del campo, actualmente.

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