Ciudad de México, 7 de marzo de 2019.- Campesinos de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) denunciaron el contubernio de directivos de la empresa Fermaca con el director de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo Ignacio García Alcocer.
Por lo anterior, hoy toman las oficinas de esta compañía en la Ciudad de México para exigir el pago de sus tierras en la zona donde se construye un gasoducto, propiedad de los particulares, la cual se ostenta como una de las más importantes del sector energético mexicano.
También, los ejidatarios demandaron cese a la represión en su contra tras las denuncias del despojo que pretende hacer la empresa bajo el cobijo del funcionario de la CRE.
“Es el caso de Santiago García Castellanos, primo hermano de la cónyuge de dicho funcionario, quien tiene el cargo de director general de la empresa Santa Fe Natural Gas, la cual es filial de la empresa citada y, en este sentido, hay un evidente conflicto de interés. Este funcionario, es quien lo protege y respalda para utilizar a la policía y atemorizar a los campesinos”, aseguraron los manifestantes.
Los afectados, mantienen desde hace 25 días un plantón en la zona del conflicto (en el Estado de Durango, entidad del norte de México) por la construcción del gasoducto para exigir a Fermaca el pago justo de sus tierras, ya que el proceso de negociación para el paso por los ejidos fue irregular y en favor de la empresa.
Luis Tovar, dirigente de la Coduc y quien encabeza la toma de las oficinas centrales de la empresa, demandó la instalación de una mesa de diálogo para resolver el conflicto y advirtió que, de no ser atendidos, los obligarán a cerrar la circulación sobre el Periférico.
El líder campesino dijo que la empresa no fue acompañada por ninguna autoridad en la negociación con los ejidatarios de las comunidades “12 de Diciembre”, “La Lagunilla”, “El Cerrito Colorado”, todas del municipio de Cuencamé; el ejido “18 de marzo” del municipio de Simón Bolívar y el ejido “El Naranjo” del municipio de Santa Clara, así como 4 pequeñas propiedades del ejido “10 de Abril”, en Durango por lo que el pago de la tierra fue el que la empresa fijó.
“El precio que pagaron por la tierra es muy bajo, por lo que exigimos a la empresa una liquidación de la superficie afectada con un avalúo distinto al el que pretende pagar, así como el reconocimiento de la superficie que no está en los presuntos contratos, los cuales no dejaron en los ejidos”, denunció.
Luis Tovar advirtió sobre el clima de hostilidad que viven los campesinos afectados y dijo que en dos ocasiones han retenido de manera ilegal a varios de ellos, por lo que reclaman que la Fiscalía del estado los deje de estar amedrentando y violentando sus derechos y exigió la instalación de una mesa de diálogo en donde participe el gobierno del Estado, los campesinos afectados, la organización campesina y personal de la empresa, pero con facultades para concluir el conflicto.
