Albazo: Partido Verde pretende privatizar recursos genéticos de México

Con una artimaña legislativa las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Estudios Legislativos Primera pretenden dictaminar en fast track la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad, impulsada por la senadora Ninfa Salinas. La comunidad científica, intelectual, organizaciones civiles y productivas nuevamente hacemos un llamado enérgico de atención para que se detenga esta intentona de privatizar los recursos genéticos del país aprobando la Iniciativa de Ley General de Biodiversidad

Esta iniciativa busca integrar en un solo ordenamiento lo previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), en el Título Segundo relativo a la Biodiversidad, que incluye: (a) las áreas naturales protegidas; (b) las zonas de restauración, y (c) flora y fauna silvestre; asimismo, busca aplicar los preceptos del Protocolo de Nagoya e integra también la Ley General de Vida Silvestre (Lgvs).

La versión presentada por la senadora tenía errores en la numeración de los artículos y en la sintaxis.

Diversas voces de organizaciones de la sociedad y académicas rechazamos esta iniciativa y la premura con la cual se quiere aprobar. En este texto se resumen algunas consideraciones por las que nos oponemos a esta Iniciativa, particularmente al Título Segundo, sobre diversidad genética:

1. La biodiversidad es estratégica para el desarrollo nacional, para la seguridad alimentaria y la salud de la sociedad, máxime en un país megadiverso como es México, que goza de los beneficios de la misma como un derecho humano básico, no sólo de las generaciones actuales, sino también de las futuras. La iniciativa omite derechos humanos de los ciudadanos enunciados en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contraviene acuerdos internacionales sobre la materia, como es el Convenio de Diversidad Biológica, y de derechos humanos; en específico, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT.
2. La materia de la iniciativa incide directamente en el patrimonio biocultural (genes, especies, ecosistemas, agroecosistemas y paisajes), en los territorios y tierras de los pueblos indígenas y comunidades equiparables que albergan en su seno la mayor biodiversidad de México. Además de que la iniciativa carece de mecanismos de difusión y debate de forma amplia, democrática, plural, en las diferentes lenguas de los pueblos y comunidades indígenas, ni otorga el tiempo pertinente para garantizar la participación efectiva de estas comunidades, como lo establecen varios tratados internacionales de los que México es signatario.
3. Los pueblos indígenas y comunidades equiparables han preservado, domesticado y usado la biodiversidad como un bien común, lo cual les permitió generar, hasta nuestros días, a través del uso de su memoria colectiva, un enorme patrimonio biocultural que implica fondos genéticos comunitarios de plantas y animales domesticados y semidomesticados, agroecosistemas (paisajes bioculturales), plantas medicinales, conocimientos (tradicionales), rituales y formas simbólicas de apropiación de los territorios. Podemos citar al maíz, tal vez como la planta más emblemática, pero, al menos, se podrían anotar 31 especies diferentes domesticadas a lo largo de casi 10 mil años. La iniciativa no sólo afectará gravemente el principio de libre determinación y los derechos constitucionales de los pueblos indígenas y comunidades equiparables en un Estado pluricultural, también lo hará con el patrimonio biocultural del país, hipotecando el futuro y la independencia nacional (más que la venta de Pemex), dejando en manos de transnacionales y particulares del país la riqueza que hasta nuestros días han conservado los pueblos indígenas y campesinos, quienes sin pedir nunca dinero alguno, se han interesado en el bien común, no el beneficio individual.
4. La iniciativa pasa por alto el Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana que establece claramente “el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”, al proponer un política pública destinada a regular el ordenamiento territorial, las actividades productivas y el uso de los recursos naturales en una amplia porción de los territorios donde habitan los pueblos indígenas, por no haber efectuado la más mínima consulta al respecto. La iniciativa violenta también los derechos establecidos en la fracción IV del mencionado Artículo 2º constitucional que establece la obligación a “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”, así como, la fracción V que define el derecho a “conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras” y la fracción VI que a la letra instituye su derecho “al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y… al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”.
5. La iniciativa es sólo una norma administrativa para la distribución de competencias concurrentes en las materias que señala y no así de reconocimiento de derechos a los ciudadanos, en especial, a los pueblos indígenas. Establece cómo el presidente decreta, las instituciones tutelan concurrentemente el acceso de la diversidad biológica (genes, especies y paisajes) y la iniciativa privada internacional y nacional controla el patrimonio biocultural, excluyendo a los pueblos indígenas y comunidades equiparables. En resumen, la iniciativa se vuelca a la explotación comercial de los recursos genéticos y sus conocimientos asociados; dejándolos sujetos a la biopiratería por parte de las empresas privadas interesadas en la bioprospección, sin contemplar mecanismos reales para evitar su apropiación por particulares y de conservación que impidan su erosión genética y cultural en un país megadiverso y pluricultural como lo es México.

Es importante destacar que México no sólo es el cuarto país en diversidad biológica en el mundo, sino que, además, es una de las naciones con mayor diversidad lingüística y que está comprobada la relación directa entre la diversidad lingüística y la diversidad biológica, excluir una de la otra, no sólo atenta contra los derechos humanos, también contra la conservación de la biodiversidad, por ello es llamada diversidad biocultural.

En México, más de 7 millones de personas hablan lenguas originarias, adicionalmente, casi todas ellas se encuentran en los territorios que albergan la mayor diversidad biológica del país, lo que ha aportado al país y a la humanidad no sólo conocimiento, también un conjunto de plantas domesticadas y servicios que no tienen precio.

El pueblo de México los eligió como legisladores para velar por los intereses colectivos, no de particulares. Exigimos que se suspenda este dictamen y se deseche definitivamente esta iniciativa por no tomar en cuenta las opiniones de la sociedad, pero particularmente de los diferentes pueblos indígenas y campesinos del país. Consideramos inaceptable que se pretenda legislar atropellando los derechos fundamentales de los pueblos de México para privatizar los bienes comunes, biológicos, genéticos y culturales.

Este escrito viene acompañado por una amplia serie de firmas individuales y de colectivos sociales y políticos.