(Codics).- La Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Cnpa MN), que encabeza Francisco Jiménez Pablo se pronunció en contra de lo acordado en la sesión pasado 29 de marzo del Congreso Local del Estado de Puebla, relativo a la “enmienda” a la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución estatal, que abre la posibilidad de privatizar el servicio de agua, y exigió su derogación.
Asimismo, se pronunció en contra de la iniciativa de Ley Federal que se discute en la Cámara de Diputados federal, que promueve privatizar el suministro de agua.
Jiménez Pablo sostuvo que la «enmienda” no es más que una «cortina de humo» para mentir al pueblo poblano y evitar que las organizaciones indígenas y campesinas se sigan movilizando y las comunidades y la población en general demanda la derogación de las reformas realizadas en 2013 y 6 de enero de 2017 que privatizan el recurso citado en el Estado de Puebla.
Por eso, se exigió al Congreso Local que sesione de manera extraordinaria y derogue la Ley Estatal del Agua, aprobada en 2013, con lo cual se ha privatizado el agua en los 25 municipios de la zona metropolitana cobrando cotas excesivas por el servicio.
Por tanto, es indispensable el respeto total y cabal al derecho humano al agua, «basta de argucias legaloides para privatizar el agua».
La Cnpa MN urgió detener la criminalización y judicialización de la lucha social emprendida por organizaciones indígenas, campesinas, sociales, sindicales, populares, académicos e investigadores contra la privatización del agua y en defensa de la tierra y el territorio.
La iniciativa de enmienda a la fracción sexta del artículo 12 de la Constitución de Puebla es una simulación y no garantiza que el agua no se privatice.
En tanto que la fracción VI, antes de la enmienda señalaba que «el Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.
Al referirse la fracción sexta a las bases y modalidades de acceso, se abría la posibilidad de privatizar los servicios del agua, la redacción de la norma constitucional dio lugar a las protestas de las organizaciones indígenas, campesinas, populares y la sociedad civil.
La iniciativa enviada el 29 de marzo de 2017 por la Junta de Gobierno y Coordinación Política modifica la fracción VI fue aprobada para quedar de la siguiente forma:
“Las leyes se ocuparán de (…) proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento al agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
La nueva redacción es “gatopardista” (cambiar todo para que nada cambie), como se desprende de la lectura del artículo 4º, Fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que «toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines».
Como claramente se puede apreciar, la iniciativa de reforma no suprime las modalidades de acceso y, aunque elimina el término, al hacer la remisión al texto constitucional, queda abierta la posibilidad de privatizar el servicio de agua, en tanto que el artículo 4º, fracción VI, contempla modalidades de acceso.
