Ciudad de México, 2 de junio de 2020.- Los pronósticos para los pueblos indígenas son sombríos y las voces indígenas se alzan en son de alarma. Tlachinollan, la muy reconocida organización de defensa de los derechos humanos de la Montaña de Guerrero, anunció que muchos de los apoyos del gobierno todavía no llegan, y los pueblos indígenas están muy preocupados por cómo se va a asegurar que no se rompan las cadenas alimenticias, fundamentalmente de granos, para evitar llegar a una franca hambruna que ya está en puerta.
De acuerdo con Oxfam México, que es parte de una fundación internacional, los programas prioritarios de atención a la pobreza de 2019 alcanzaban para atender al 60% de los pobres en el país, pero las personas no pudieron acceder a ellos debido a las altas restricciones; de hecho, sólo 37% de la población pobre acabó siendo beneficiaria de estos programas. Además, en el 2020 sólo se ha invertido el 1.19% del PIB en aquellos programas prioritarios de asistencia social llamados “de bienestar”, aunque este porcentaje se reduce al 0.49% del Presupuesto total de Egresos de la Federación.
“En este momento las redes indígenas señalan una discriminación presupuestal para los pueblos originarios, por ejemplo, el Instituto Nacional para Pueblos Indígenas sufrió un recorte presupuestal entre 2015 y 2020 de alrededor del 70%. La crisis económica consecuencia del Covid-19 les va a pegar durísimo y se calcula que el porcentaje de pobres en México podrá aumentar hasta el 62% de la población nacional, cuando hoy es de 49%. Además de la casi segura reducción de las remesas que llegan de Estados Unidos por el aumento exponencial de desempleo en ese país, la baja de los precios del petróleo y la oscilante, pero presente depreciación del peso frente al Dólar”.
Heridos por una gran desigualdad, los grupos indígenas mexicanos y los afromexicanos son los más vulnerables frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus, de acuerdo con algunas encuestas que miden la relación entre pobreza y pertenencia étnica de los últimos años. De entre la población que se autodescribe como indígena, la población hablante de lengua indígena, la población afrodescendiente a nivel nacional y la población afrodescendiente de 100 municipios del país en los que hay, por lo menos, 10% de afromexicanos, los hablantes de alguna lengua indígena y los afredescendientes de esos 100 municipios son los que ocupan la escala más baja en términos de educación, pobreza, salud, servicios en la vivienda, entre otros, reveló Olivia Gall, investigadora del Ceiich-Unam.
Detrás de esta desigualdad están años de discriminación étnica y de racismo en nuestro país, lo cual pareciera paradójico ya que México se fundó bajo la idea del mestizaje como un hecho deseable en la búsqueda de la identidad nacional. Así, hemos vivido con la convicción idealizada de que México no es ni racista ni xenófobo, porque nos formamos sobre la base de una supuesta integración racial y étnica, pero esto es falso ya que nuestro paradigma identitario tiene una base racializada.
El mestizaje mexicano ha sido concebido como la conformación de “dos sangres y dos culturas”, sólo dos: los indígenas míticos precolombinos y los españoles, pero borra a los afromexicanos (liberados de la esclavitud en 1822), mientras que a los indígenas se les pidió por décadas convertirse en mestizos –concebidos como “la raza mexicana” por excelencia- para tener los mismos derechos que los otros ciudadanos. Eso fue lo que realmente pasó, afirmó Olivia Gall doctora en historia política.
El racismo es una forma histórica y socialmente implantada de creer, pensar, sentir y actuar (sin el actuar no es racismo) construida en torno a una característica específica de la diferencia humana llamada ‘racial’, que puede ser definida de muchas formas. Además, es uno de los más poderosos sistemas de ejercicio del poder y de creación de desigualdades desde lo local a lo global.
En el acceso a la salud este racismo/clasismo ha causado estragos en distintos ámbitos, “desde el rechazo que sufren las personas pertenecientes a pueblos indígenas cuando acuden a los servicios de salud oficiales, hasta las desventajas que tienen con respecto a otras poblaciones en términos de su acceso a los sistemas de salud, a la esperanza de vida, al hecho de que existan enfermedades residuales entre ellas y que en otros sectores de la población ya no existen”.
Violencia de género y políticas públicas
La pandemia de Covid-19 ha traído consecuencias en todos los ámbitos de la vida social. En los meses de confinamiento se han incrementado los tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, en particular, las que se ejercen en el ámbito doméstico. Esta situación da cuenta de la continuidad de un proceso que era evidente antes de la pandemia, cuando ya había evidencias del aumento cuantitativo de casos de violencia de género y feminicida, así como importantes modificaciones cualitativas en cuanto a la saña y crueldad con que esas violencias se han volcado contra mujeres de todas las edades, con especificidades que responden a los contextos socioeconómicos y étnicos en los que tienen lugar.
La violencia de género tiene como marco otras violencias estructurales, que van desde la pobreza hasta el racismo. Así, para comprender a cabalidad la violencia de género contra las mujeres y la violencia feminicida dentro del marco de las violencias estructurales, tendríamos que pensar que todas ellas se han convertido en violencia interdependientes y, por lo tanto, necesitamos políticas públicas focalizadas y transversales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género y la violencia feminicida, reveló la doctora Patricia Castañeda, investigadora del Ceiich-Unam.
La transversalización de la perspectiva de género incide también en las otras violencias estructurales, esto implica una reingeniería institucional, económica y presupuestal. “No podemos suponer que: arreglando los problemas estructurales, los problemas de las mujeres se solucionarán porque esta violencia está ligada siempre al contexto en el que suceden. Esto implica trabajar constantemente en las violencias particulares y en todo el andamiaje de la desigualdad social que le da sustento”.
La violencia contra las mujeres es interdependiente de otras dolencias, pero requiere el ejercicio global e integral de los Derechos Humanos para poder ser prevenidas, atendidas, sancionadas y erradicadas, concluyó la conferencia “Discriminaciones y violencias en tiempos de Covid-19”, la cual se puede consultar aquí:
