Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal)

Ciudad de México, 10 de mayo de 2021.- De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para febrero de 2021 se reportó que existen 217 mil 969 personas privadas de libertad, de quienes el 5.62% son mujeres, es decir, 12 mil 253, de este total, se estima que, aproximadamente, 10 mil 500 son madres.

Asimismo, y acorde al informe Especial Sobre Mujeres en Reclusión de la Cndh, se identifica que solo 4 mil 189 viven en centros penitenciarios femeniles; el resto, 6 mil 311 se ubican en cárceles mixtas, lo cual las coloca en un riesgo constante de ser víctimas de violencia sexual, abuso de autoridad o trabajos forzados en favor de la población varonil.

Esta situación en los centros de reclusión propicia la transgresión de los derechos fundamentales de las mujeres madres y de sus hijas e hijos que permanecen con ellas debido a una serie de irregularidades en materia de instalaciones y servicios: alimentación, atención médica, personal técnico y de seguridad, actividades laborales, educativas y deportivas, condiciones de hacinamiento y sobrepoblación, falta de separación entre hombres y mujeres, maltrato y, particularmente, la falta de acceso en igualdad de condiciones a instalaciones y servicios.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales del Inegi de 2019, en México hay 255 mujeres privadas de libertad que viven con sus hijas e hijos dentro de los centros penitenciarios. Por cada una de ellas existe, al menos, 1.6 niños menores de seis años, es decir, al menos 415 niñas y niños hoy forman parte de la población penitenciaria, aunque se estima que para el 2021 la cifra es superior a los 500 menores. Ninguna de ellas puede continuar en el olvido y abandono.

Las mujeres que compurgan penas en centros penitenciarios mexicanos son víctimas de violencia sistemática en razón de su género. Ellas pertenecen a grupos vulnerados, identificados como un grupo interseccional pues atraviesan estigmas y violencias machistas. Además, durante el año 2020 y lo que va del 2021, esta situación fue agravada por la Covid-19: las mujeres han sido un grupo focalmente restringido en sus derechos de acceso a la salud y una vida libre de violencia.

El contexto sanitario que continuamos viviendo hoy en día se convirtió en el pretexto perfecto de las autoridades penitenciarias para privilegiar “la seguridad de los centros” y hacer a un lado su obligación de garantizar los derechos de las mujeres que se encontraban con hijos bajo su tutela. Muchas mujeres madres fueron separadas de sus hijos y obligadas a entregarlos a sus familiares en libertad o, en ausencia de estos, al DIF. Esto representó una grave violación de derechos humanos y un retroceso al reconocimiento de su derecho a la maternidad.

De acuerdo con el #MapaPenitenciarioCOVID19, al día de hoy, existe registro de 3 mil 903 personas privadas de libertad contagiadas, mientras que la Cndh reporta, a través de su comunicado de Prensa DGC/048/2021 del 24 de febrero de 2021, 3 mil 289 casos. Aunque esta diferencia de cifras es sustancial, lo relevante es que no existe información desagregada sobre el número de mujeres que padecen o padecieron dicha enfermedad, ¿qué podemos esperar entonces para las mujeres madres privadas de libertad que siempre han vivido mayor exclusión y estigma en prisión?.

Desde Asilegal instamos a las autoridades corresponsables de todos los niveles de gobierno a garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad, a no cerrar los ojos ante esta crisis. Urge que el Estado mexicano aplique las reglas Bangkok, pues en ellas está contemplado que “el régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las mujeres embarazadas, lactantes y mujeres con hijos, se habilitarán servicios o disposiciones para el cuidado del niño”.

Basta de ignorarlas e invisibilizarlas, es momento de actuar. No debemos olvidar que las mujeres privadas de libertad, madres con hijos dentro o fuera del centro penitenciario, sufren un estigma y olvido de sus círculos cercanos, recibiendo un doble castigo por no cumplir con los roles sociales establecidos para ellas. El Estado no puede continuar perpetuando y legitimando este abandono.

En el marco de la conmemoración del Día de las Madres, hacemos un llamado a la acción de las autoridades estatales, federales y penitenciarias para tomar cartas frente a la crisis que se está desarrollando con respecto a la pandemia global Covid-19 y el acrecentado riesgo al que se enfrentan madres e hijos. Del mismo modo, exhortamos a los órganos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos gubernamentales a visibilizar las condiciones de internamiento que las mujeres, específicamente de las mujeres que son madres.

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