Washington, D. C., 16 de septiembre de 2019.- La crisis de Venezuela, alimentada por la mala gestión y la corrupción del ex régimen de Maduro, ha sido devastadora para las mujeres venezolanas.
El régimen ha atacado a las mujeres que participan en el activismo político con amenazas y exclusión de los programas sociales, según un informe de derechos humanos de la ONU de 5 de julio. Las mujeres y las niñas detenidas por el régimen han sido sometidas a tortura y violencia sexual.
La grave situación de la salud en Venezuela, incluyendo la escasez de medicamentos y los cortes de electricidad, están llevando a miles de venezolanas embarazadas a viajar al extranjero para dar a luz. Según informes de prensa, 25,000 bebés venezolanos han nacido en Colombia desde 2015.
La migración es peligrosa y difícil, y pone a los niños no nacidos en riesgo de nacer prematuramente o con bajo peso al nacer. Pero para las mujeres embarazadas y sus hijos aún no nacidos que permanecen en Venezuela, las probabilidades de morir son aún mayores. Según las estadísticas publicadas por el gobierno venezolano y citadas por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la mortalidad materna en Venezuela aumentó en un 65 por ciento entre 2015 y 2016. En ese mismo período, la mortalidad infantil en los seis días posteriores al nacimiento aumentó en un 53 por ciento.
Una vez que sus bebés nacen, las madres venezolanas tienen dificultad para obtener atención médica, fórmula infantil y pañales. La escasez de toallas sanitarias hace que la menstruación sea particularmente difícil para las mujeres.
Las condiciones económicas y de seguridad de Venezuela también exponen a las mujeres y las niñas a la violencia sexual, la trata de personas y otras formas de explotación, tanto en su país como en otros. Los traficantes de personas explotan a las víctimas nacionales y extranjeras en Venezuela, así como a las víctimas venezolanas en el extranjero, según indica el informe 2019 del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas. Los refugiados venezolanos y otras personas desplazadas se ven forzadas a buscar atención a la salud, educación y otros servicios públicos mientras luchan por cuidar de sus familias.
En respuesta, Estados Unidos ha proporcionado más de 376 millones de dólares en fondos para la respuesta a la crisis regional venezolana, incluyendo casi 334 millones de dólares en ayuda humanitaria y 43 millones de dólares en asistencia económica y para el desarrollo desde el inicio del año fiscal 2017.
