Durante su participación en la sesión del Consejo para el Desarrollo Urbano (Conduse), aseguro que Entre 2010 y 2015, al menos, 400 mil personas fueron expulsadas de la ciudad de México por falta de un lugar digno para vivir, lo que los ha orillado a refugiarse en las periferias del valle de México y luego regresar a la capital del país a sus centros de trabajo, trayecto en el que pierden hasta tres horas diarias de sus vidas con la consiguiente afectación en su calidad de vida y la de sus familias.
Así lo puso de manifiesto el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Raúl Flores, al participar en la sesión del Consejo para el Desarrollo Urbano (Conduse).
Calificó como inhumano que haya niños y familias enteras que nacieron en la Ciudad de México, pero por necesidad tienen que estar viviendo en condiciones terribles y en presencia de feminicidios diarios en municipios como Ecatepec, Estado de México, entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, en la que se contabilizan, al menos, 840 asesinatos de mujeres por cuestiones de género en lo que va de su mandato
“La ciudad de México no puede seguir expulsando cada año a miles de personas que nacieron aquí, que crecieron aquí y que se desarrollan aquí. La ciudad necesita reinsertar a sus habitantes originales y redensificar varias zonas. El bando 2 de Andrés Manuel López Obrador dotó a la ciudad de suficiente vivienda media con acabados de lujo”, dijo.
Por ello, indicó, “debemos ordenar el debate de lo que significa vivienda de interés social y popular, pues no toda la Ciudad de México es la colonia Nápoles, la Del Valle, Polanco o la Roma”. Llamó a acabar con discusiones estériles e interminables en el tema de la vivienda de interés social.
Demandó que a los abusadores y violadores de la norma se les deberá aplicar una especie de “extinción de dominio” para evitar el enriquecimiento ilícito al burlar las normas que indican la construcción de vivienda popular para edificar departamentos de lujo a precios exorbitantes.
Mejor, dijo, hay que entrarle de lleno al debate ordenado sobre las necesidades de desarrollo territorial sustentable de la ciudad, sin estigmas ni clasismos, en el que no cabe satanizar al sector de la construcción pues, recordó, es uno de los pilares de la economía, no sólo de la Ciudad de México, sino de todo el país.
Por ello, dijo que los habitantes de la capital del país de menores ingresos económicos no pueden esperar hasta que se haga justicia plena en el caso de la ilegal aplicación de la norma 26 para poder acceder a adquirir vivienda popular y de interés social.
En presencia del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda capitalino, Felipe Gutiérrez, reiteró que para impedir abusos de la norma 26 la propuesta es aplicarle un “tatuaje jurídico” a los proyectos en venta, “con una anotación marginal en el folio real para que el predio salga con la característica propia para construir vivienda popular y no se pueda transferir la propiedad o elevar su precio a través de intermediarios”.
Expuso que en descargo de las políticas de desarrollo urbano que sigue el gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a nivel federal tampoco está generando políticas públicas que ataquen problemas como el abastecimiento hídrico de la zona metropolitana, que está a un paso de colapsarse ante la falta de integración de visiones globales que beneficien a sus habitantes, pero que no se llevan a cabo por motivos electorales y el miedo de los partidos a perder votos que reciben de parte de grupos corporativos.
