María Teresa Villanueva* | Andrea Saldarriaga**
Washington, D. C., 31 de enero de 2020.- La famosa frase “los derechos de las mujeres son derechos humanos” se pronunció por primera vez hace 25 años, cuando las naciones del mundo se reunieron en Beijing, China, para desarrollar compromisos concretos en pro del cierre de las brechas de género. Desde entonces, cientos de organizaciones locales e internacionales, incluyendo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han estado trabajando para avanzar los derechos de las mujeres y promover una participación económica igualitaria. Sin embargo, según el Informe anual sobre la brecha global de género del Foro Económico Mundial (WEF), no lograremos la paridad de género en, al menos, 100 años.
Con tan sólo diez años para cumplir las metas de la Agenda 2030, es importante preguntarnos qué están haciendo los países de América Latina y el Caribe (ALC) para cerrar sus brechas económicas de género, y cómo los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) pueden apoyarlos para lograrlo.
Participación económica igualitaria en la región
A pesar de los avances, el crecimiento de la participación laboral femenina y la reducción de las brechas salariales de género en ALC se han estancado, los empleos femeninos siguen concentrados en sectores de baja productividad, y el liderazgo de las mujeres en los más altos eslabones del sector privado es escaso. De hecho, la participación de las mujeres en la fuerza laboral permanece por debajo de la de los hombres (58.3% versus 82.3%) y ganan en promedio sólo el 87.2% del salario de los hombres. Estos no deberían ser hechos sorprendentes.
Varios gobiernos de ALC han estado trabajando discretamente, junto con el sector privado, para romper el estatus quo. Los líderes de la región han desarrollado planes de acción concretos para cerrar las brechas económicas de género a través de la construcción de Iniciativas de Paridad de Género (IPG) con el apoyo del Grupo BID y el WEF, las cuales se centran en tres objetivos principales:
• Aumentar la participación laboral de la mujer,
• Reducir de la brecha salarial de género,
• Reforzar el liderazgo de las mujeres, tanto en el sector público como en el privado.
Al mismo tiempo, en la última década se ha generado vasta evidencia sobre los beneficios de tener una fuerza laboral más diversa. Incrementar la igualdad en el acceso a los mercados laborales para los hombres y las mujeres podría aumentar el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en $28 mil millones para 2025. Esto significaría un aumento potencial del PIB del 26% en todo el mundo, mientras que, para América Latina, el potencial sería del 34%.
Impulsando el cambio, a través de la acción
Chile fue pionero al lanzar su IPG en 2016. Hoy, más de 170 empresas forman parte de esta y más de un tercio de ellas han creado planes de mejora a nivel de empresa para alcanzar la paridad de género. No es una coincidencia que los esfuerzos del país estén encaminados hacia la ampliación de los programas de cuidado infantil, la mejora de los marcos de políticas de cuidado infantil y la difusión de los mecanismos del Servicio Civil para el acceso de mujeres en cargos de alta dirección pública, entre otros logros.
Durante las reuniones del G20 de 2018, Argentina también lanzó una IPG, presentándola como una mejor práctica ante las economías más grandes del mundo. El país gaucho creó una certificación de paridad de género para empresas del sector privado con derecho a crédito fiscal y fue el primer país del mundo en recibir un préstamo basado en políticas (PBL) del BID enfocado exclusivamente en el cierre de brechas de género.
En Panamá, la IPG ha logrado aprobar leyes sobre brechas salariales de género y el incremento de la participación de las mujeres en juntas directivas de empresas estatales y de capital mixto. En dicho país, la IPG incluso se transformó en el Consejo Nacional para la Paridad de Género, por decreto presidencial, convirtiendo la IPG en parte del marco institucional. Estos esfuerzos permitieron a Panamá recibir el segundo préstamo basado en políticas (PBL) con enfoque de género financiado por el BID, con el objetivo de apoyar fiscalmente la implementación de acciones concretas para cerrar las brechas de género.
Además, en los últimos dos años, Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú anunciaron en las reuniones anuales del WEF en Davos que seguirían los pasos de sus pares regionales, e incluso inspiraron a Francia a tomar el mismo compromiso. En efecto, Colombia lanzó su plan de acción en noviembre de 2019 y República Dominicana y Costa Rica presentarán el suyo en el primer semestre de 2020.
Compromiso e innovación: la clave del éxito
Dichos planes de acción se crearon con el apoyo técnico de un equipo multisectorial del BID, el WEF y, más recientemente, con la colaboración de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Los mismos incluyen acciones tales como: analizar y recomendar el mejor esquema de licencia de paternidad para los países, trabajar en programas de liderazgo para mujeres en el sector público y privado, diseñar y promover un conjunto de herramientas específicas para que las empresas cierren sus brechas económicas de género, reformar o implementar leyes en igualdad de remuneración, mejorar los programas de cuidado infantil y trabajar para promover la inclusión de las mujeres en las carreras y trabajos Stem, por mencionar algunas.
Pero más allá de los planes de acción, la clave del éxito de estas iniciativas es mantener la voluntad política de los gobiernos y los líderes del sector privado para implementarlos. El mundo tiene los ojos puestos en ALC, donde los ciudadanos reclaman diálogos multisectoriales y soluciones innovadoras para sus necesidades. Parece que estos países han asumido el reto y el Grupo BID, el WEF y AFD están comprometidos en poner a su servicio su experiencia técnica e instrumentos financieros para que la región continúe siendo pionera en soluciones inclusivas para mejorar vidas.
*María Teresa Villanueva
María Teresa Villanueva es Especialista Principal de Género y Diversidad del BID. Cuenta con experiencia profesional en el desarrollo de alianzas público-privadas para promover la equidad de género a nivel regional, promoción de políticas públicas y programas para una participación más efectiva de la mujer en la fuerza laboral y en el liderazgo a nivel público y privado. Obtuvo una maestría en Gerencia para el Desarrollo de American University en la ciudad de Washington, D.C y un doble pregrado en Economía y Administración de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala.
**Andrea Saldarriaga
Andrea Saldarriaga Jiménez es la Coordinadora Regional de las Iniciativas de Paridad de Género del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un esfuerzo conjunto con el Foro Económico Mundial para abordar las brechas económicas de género en ALC a través de colaboraciones público-privadas. Antes de unirse al BID, trabajó para la campaña presidencial de Sergio Fajardo Valderrama en Colombia. Saldarriaga Jiménez también se desempeñó como Directora Asociada en el Centro de América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, donde lideró los programas de Colombia, Venezuela y Anticorrupción y Seguridad, así como las iniciativas del Futuro de América Latina y de Liderazgo de la Mujer. Su experiencia laboral también incluye tiempo en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, la Misión Permanente de Colombia ante la OEA, Airbus SAS y la Universidad de los Andes. Saldarriaga Jiménez frecuentemente ofrece comentarios en inglés y español sobre asuntos políticos y económicos críticos para PBS News Hour, El Financiero, NTN24, Caracol TV, Bloomberg Politics, Agence France Presse, Voice of America y el Associated Press. Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y dos títulos en Economía y Administración de Empresas de la Universidad de los Andes.
