Ciudad de México, 14 de febrero de 2022.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) y la Procuraduría Agraria (PA) continúan atentas a la resolución del Amparo en Revisión 134/2021, interpuesto por la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi en contra de la Ley Minera y que está programado para discutirse por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo 16 de febrero.
Para estas tres dependencias el caso es de suma relevancia, pues representa una oportunidad para que el máximo tribunal de justicia contribuya de manera efectiva a la protección y garantía de los derechos de todos los pueblos indígenas y de los núcleos agrarios en el país, al evidenciar una legislación discriminatoria que coloca las actividades mineras -y, con ello, los intereses de las empresas beneficiarias- como preferentes y por encima de cualquier otro uso del territorio. Es decir, una legislación que, de manera anticipada, ha decidido en nombre de las comunidades que la minería es mejor y de mayor valor que cualquier otra actividad que ellas realicen.
Ya el pasado 13 de enero, la Semarnat hizo un llamado para que el asunto sea resuelto conforme a los estándares de protección de derechos más altos y para que priorice la vida, el territorio y el ambiente y no los intereses de las empresas mineras. A este llamado se suman ahora el Inpi y la PA, que tienen entre sus atribuciones la protección y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, el primero, y la defensa de los sujetos agrarios, el segundo.
Existen en México, presuntamente, más de 32 mil ejidos y comunidades agrarias, que constituyen gran parte del territorio nacional y que albergan una vasta diversidad de ecosistemas y recursos naturales; además, son hogar de muchos mexicanos, incluyendo pueblos indígenas. De acuerdo con datos de la PA, unos 5 mil núcleos agrarios se encuentran afectados directamente por concesiones mineras, lo que representa más de 15 millones de hectáreas de propiedad social.
Es incuestionable que la minería es una actividad que no puede ejercerse sino en espacios territoriales, muchos de ellos propiedad de los núcleos agrarios y de las comunidades indígenas, por lo que no hay duda de que la legislación minera tiene relación directa con sus derechos. Tampoco existe duda de que sus tierras, territorios y recursos naturales se encuentran reconocidos y protegidos por el marco convencional y constitucional de derechos y que la preferencia establecida por la Ley Minera es contraria a la prevalencia que tiene el derecho de las personas al medio ambiente sano, y a la prioridad que tienen las comunidades y los ejidos para usar y aprovechar sus territorios para desarrollar sus vidas.
La Semarnat, el INPI y la PA confían en que los ministros de la Primera Sala de la Scjn reconocerán que el contenido de la Ley Minera, reclamado por Tecoltemi -en su calidad indígena y en su calidad de ejido- dentro del Amparo en Revisión 134/2021, es inconstitucional e inconvencional y que les afecta directamente.
El caso de la citada minal se refiere a dos concesiones otorgadas a Minera Gorrion, subsidiaria local de la canadiense Almaden Minerals, que ha provocado divisiones entre los aldeanos al tiempo que enfrenta a algunos contra la compañía, según informaciones periodísticas.
La demanda se presentó contra la Secretaría de Economía (SE), responsable de la minería, en nombre de algunos aldeanos, quienes dicen que la actividad de exploración en los depósitos de oro y plata ha contaminado las fuentes de agua locales.
Un portavoz de Minera Gorrion dijo en un correo electrónico que la compañía cumplió con las normas establecidas por los reguladores ambientales, que no encontraron irregularidades.
México es el mayor productor de plata del mundo y uno de los mayores productores de cobre y oro. El sector minero aporta aproximadamente el 4 por ciento del producto interno bruto de México.
En Ixtacamaxtitlán, Puebla, los datos oficiales muestran que aproximadamente una cuarta parte de los 25,000 habitantes son indígenas, pero activistas sostuvieron que se han otorgado concesiones mineras en aproximadamente el 90 por ciento de su territorio de 150,000 acres (aproximadamante, poco más de 4 kilómetros cuadrados).
El proyecto más controvertido en Ixtacamaxtitlán es el referente al pueblo indígena Santa María Zotoltepec, a 10 kilómetros de Tecoltemi, donde Minera Gorrion quiere extraer oro y plata.
