Ciudad de México, 29 de mayo de 2019.- Gran marcha-movilización en la Ciudad de México de 4 mil comuneros, ejidatarios y pobladores de Mazapil, Zacatecas, encabezados por el senador José Narro Céspedes, contra la mina más grande de oro de América, propiedad de la empresa de capital norteamericano-canadiense NewMont-GoldCorp, Mian Peñasquito, la cual, en lugar de traer bienestar y desarrollo a la región, sólo ha causado contaminación de los mantos freáticos, mucha pobreza, marginación y desempleo.
Narro, quien esmdirigente nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Cnpa), demandó al gobierno federal revisar la Ley Minera porque no se puede estar por encima de la vida ni tampoco de la cuestión ecológica ni de la necesidad de cuidar el agua, que es la vida, igual que la tierra, enfatizó.
Entrevistado durante el transcurso de la caminata de El Ángel de la Independencia hacia la sede de la Secretaria de Gobernación, Narro Céspedes insistió en que se tiene que poner un alto a las empresas mineras extranjeras para que no se siga viendo a México nada más como un lugar de saqueo y de riqueza fácil.
En el caso de Peñasquito, denunció que muchas de las certificaciones que le han dado a esta empresa carecen totalmente de sustento y que se dieron, en su momento, por cuestiones de producción.
Aseguró que hoy, Peñasquito no tiene ni siquiera el permiso de cambio de uso de suelo con lo que no es posible que estén trabajando por lo que la autoridad debe revisar sus actividades de inmediato, indicó.
“La mejor forma de explicarse esto es la corrupción de los gobiernos anteriores, por eso hoy se pide que las mineras cumplan con la ley, con los permisos que deben de tener, con las comunidades, con las regiones donde están asentadas y con un desarrollo sustentable que sigan respetando el agua, la tierra, los recursos naturales”, reiteró.
La mina Peñasquito está en Mazapil, que es pleno semidesierto, y de por sí los recursos naturales son escasos y hay que cuidarlos, porque eso es lo que le da vida a la tierra.
“Peñasquito es de las minas más rentables de México y el mundo, por cada peso que invierten ganan siete, es una minera que en 10 años ha sacado más oro que en los 300 años de La Colonia, no nada más en México, sino en todo América Latina, entonces es una minera depredadora que se ha dedicado al saqueo, la riqueza y el poco cuidado del medio ambiente”, sostuvo Narro Céspedes.
Al referirse a la denuncia que presentó en la Fiscalía General de la República (FGR), comentó que todavía está en curso, que no se ha atendido, por lo que está esperando que la dependencia tome cartas en el asunto y cite a las personas que están involucradas.
Expresó que debe haber énfasis en quienes lo acusaron de extorsión, porque no deben ser sólo denuncias de papel, que lo único que buscan es una actitud propagandística, pero que no tiene ningún sustento.
Consideró que esta actitud lo hace la minera para evadir su verdadera responsabilidad, de resolver el problema del empleo, de cumplir los compromisos que han firmado con las comunidades y con los diferentes grupos sociales de la región.
Aseguró que la lucha de los comuneros y población de Mazapil no es contra los trabajadores de la #Mina #Peñasquito, sino en contra de la empresa que ha devastado y contaminado a las comunidades.
Nosotros hemos convocado a la #Minera para resolver el conflicto y ellos se han negado. Nuestra lucha es por una minería sustentable que respete al medio ambiente, la vida, las comunidades y los derechos de los trabajadores, insistió. Dijo que impulsará una auditoría ecológica que mida los daños causados a la región y que revise las condiciones de la explotación.
Esta mina, Peñasquito, dijo, afecta la tierra y el agua de cerca de 30 comunidades de Mazapil, más de 50 mil hectáreas del semidesierto de Zacatecas, mientras que firmó un Acuerdo de Ocupación Temporal con 4 de ellas: Cedros, Cerro Gordo, El Vergel y Matamoros “ocupan la tierra y ocupan el agua de estos ejidos”.
“Los contaminantes han hecho la tierra como plastilina, que no sirve para la agricultura, la ganadería o para la actividad forestal”, apuntó. La Secretaría de Gobernación debe llamar a la empresa para que cumpla con los ejidatarios y dé vida a la región, no muerte, como ha estado ocurriendo, subrayó.
