Ciudad de México, 28 de junio de 2019.- Aunque cada fin de junio miles de mexicanas y mexicanos se organizan en diferentes estados del país para marchar en apoyo a la libre expresión de la identidad sexual, y en la Ciudad de México la Marcha del Orgullo Gay de este año se verificará mañana, la vida cotidiana de esta creciente comunidad aún enfrenta discriminación y asesinatos por odio.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Cidh), el simple hecho de que en América Latina se identifique a una persona como miembro de la comunidad Lgbt+ la pone en peligro de sufrir agresiones, ya sean físicas, psicológicas, económicas o por discriminación, que pueden llegar a destruir su integridad y hasta su vida.
Si bien el país ha ido avanzando de manera fragmentada, cada entidad federativa cuenta con legislaciones y normativas diferentes respecto a los derechos Lgbt+, también es cierto que el hecho de que se cuenten con los marcos normativos no garantiza una verdadera seguridad para las personas con una identidad de género o preferencia sexual diferente.
En Michoacán, por ejemplo, aunque ya existe una ley contra la discriminación, que tipifica los crímenes de odio contra la comunidad Lgbt+, con el reconocimiento al matrimonio igualitario y al género construido, las y los integrantes de esta comunidad local aún no se sienten seguros de ejercer estos derechos en completa libertad.
“Los jueces se niegan a realizar matrimonios igualitarios y los mandan a Morelia (capital de esta entidad federativa), lo mismo pasa con la rectificación de las actas y los crímenes de odio. Aún prevalece la discriminación en los espacios públicos, en la familia y la escuela”, dijo Daniel Marín, presidente de la organización “Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos”.
El activista explicó que aunque la ley para que se considere como agravante en el delito de homicidio la orientación sexual y la identidad y expresión de género y que ya va a cumplir 6 años, cuando su organización, en un ejercicio de transparencia, le pidió a la Fiscalía que brindara datos de 2013 a 2019 respecto de la cantidad de delitos registrados bajo ese rubro, no había ninguno. “No lo toman en cuenta”, dijo Marín.
Añadió que una de las labores de los activistas en es generar lazos con instituciones oficiales como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y con el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y así poder apoyar a una comunidad creciente que aún desconfía de los procesos de acceso a la justicia.
De acuerdo con Marín, el bajo interés en ejercer los derechos sucede, sobre todo, porque se desconocen desde un marco de los derechos humanos y los estados con mayor resistencia se encuentran en la zona centro-norte del país, como son: Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí.
Es una situación compleja, concluye Marín, pues México sigue calificando como segundo lugar en Latinoamérica en crímenes de odio; sin embargo, los activistas continúan trabajando un caso a la vez en busca de un mundo genuinamente igualitario e inclusivo.
