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Wednesday, September 28, 2022

Quiere Morena a Dhyana tras las rejas

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A pesar de que la Contraloría General del gobierno capitalino separó de su cargo a Dhyana Quintanar como titular de la Autoridad del Espacio Público (AEP), el diputado de Morena José Alfonso Suárez del Real y Aguilera presentó una denuncia ante el fiscal para la investigación de delitos cometidos por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a quien o quienes resulten responsables por el ejercicio ilegal del servicio público, actos de corrupción, fraude y alteración de información y documentación por parte de funcionarios de la AEP del Distrito Federal.

La separación de su cargo a Quintanar Solares fue para facilitar las indagatorias que ya inició la Contraloría General de la CDMX sobre el contenido de las grabaciones telefónicas hechas públicas donde fue exhibida presuntamente haciendo acuerdos para negocios con contratistas.

En entrevista, Suárez del Real y Aguilera detalló que esta conversación revela cómo la funcionaria capitalina se compromete a firmar un Adendum con fechas anteriores para que la asociación “VerdMX”, exija un pago al “Grupo Invex”, por las afectaciones a una escultura urbana ubicada en la avenida Chapultepec.

Asimismo, acepta ampliar de manera ilegal una autorización para que una organización civil pueda cobrar una indemnización por las obras del Corredor Cultural Chapultepec.

El morenista expuso que las grabaciones telefónicas exhiben cómo la titular del organismo intercede a favor de una empresa de publicidad para que gane el contrato de “parabuses” del Metrobús de la Avenida Reforma.

“Es importante señalar que Quintana Solares reconoce que es su voz la que aparece en las multicitadas grabaciones, por lo que es de suma importancia que estos actos sean investigados y castigados de manera inmediata. De ahí, la denuncia que hoy estamos presentando”, manifestó.

Suárez del Real y Aguilera hizo un llamado al gobierno capitalino, para que actúe al respecto y no sea omiso ante posibles actos de fraude, corrupción y el presunto uso indebido de funciones o facultades, previsto en el Código Penal Federal, acciones que suponen una violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

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