Ciudad de México, 12 de agosto de 2019.- Durante más de 40 años, la comunidad lacandona, etnia que habita en Chiapas, no ha tenido solución a sus problemas por la tenencia de la tierra por lo cual acudieron a la Ciudad de México, a la Procuraduría Agraria (PA), para solicitar asesoría y representación legal que permita resolver los conflictos agrarios y sociales que aún padecen.
El titular de esta institución federal, Luis Hernández Palacios Mirón, los recibió en forma directa y escuchó sus planteamientos para avanzar en la solución de la problemática que enfrenta el núcleo desde cuatro décadas.
En la audiencia, los integrantes de los Órganos de Representación de las comunidades Nueva Palestina, Lacanja Chansayab y Frontera Corozal de la Zona Lacandona, municipio de Ocosingo, Chiapas, encabezados por el presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Pepe Chambor Yuk, y del Consejo de Vigilancia, Marcelino Chambor Chanaj, dieron a conocer que, entre las principales peticiones de la comunidad, destaca la de definir los límites del polígono mayor de la Zona Lacandona.
Para el efecto, se acordó promover una próxima reunión de trabajo en Palenque, Chiapas, con la presencia del Gobierno del estado, las dependencias del gobierno federal y del Sector Agrario para que directamente en su territorio se establezcan los mecanismos, se compilen los expedientes, se identifique el estado procesal del asunto ante Tribunales y se obtenga el mejor diagnóstico para resolver el conflicto que se presenta.
Asimismo, se puso de manifiesto que “la Procuraduría Agraria tiene la obligación, por mandato de ley, de asesorar, representar y otorgar el servicio de asesoría jurídica a los sujetos agrarios, por lo que ningún servidor público puede dejar abandonados a quienes representamos, y en su caso, será sancionado”, destacó Hernández Palacios Mirón.
Los representantes de la comunidad lacandona, tras agradecer la apertura y disposición que en esta nueva etapa institucional que otorga la Procuraduría Agraria, se destacó que es para coadyuvar en la solución de las distintas controversias que se presentan en el medio rural y, de esta forma, preservar la paz social en el campo de México.
La PA -se destacó- como institución garante de la legalidad en el campo y defensora de los derechos de los núcleos, sujetos agrarios y pueblos originarios, brinda la asesoría jurídica que permita resolver problemas agrarios y sociales, como en esta ocasión, las que padece la Comunidad Lacandona desde hace más de cuatro décadas.
El procurador agrario ofreció la más amplia disposición y colaboración de la institución a su cargo, para escucharlos y atender los distintos planteamientos que permitan dar solución a la conflictividad que enfrentan y dejó en claro: “Tenemos la encomienda del presidente López Obrador de que mantengamos abiertos los oídos y el corazón para escucharlos y buscar que avancemos en modificar las condiciones en las que los núcleos agrarios y las comunidades indígenas han sido maltratadas en los últimos años”.
