Como una recomendación al Gobierno capitalino, la vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (Aldf), Rebeca Peralta León, lo exhortó para que, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, se refuerce la inspección y vigilancia en las cárceles de la Ciudad de México para evitar hechos violentos como los registrados en el penal de Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, que costó la vida de 49 internos.
Al parecer, le dijo que “ponga sus barbas a remojar”, pues Peralta León expresó su preocupación debido a que en los últimos seis años se han registrado enfrentamientos en las prisiones de la ciudad donde los reos utilizaron armas punzocortantes a las cuales no deberían tener acceso y que causó la muerte de 40 personas.
La diputada del PRD señaló que, de acuerdo con la recomendación de la Cdhdf, de los 40 fallecimientos de internos, 17 se registraron en el Reclusorio Preventivo Norte, 7 en el Oriente, 7 en el Sur, 5 en la Varonil de Santa Martha Acatitla y 4 en la Penitenciaria del Distrito Federal.
Acotó que hay evidencias de que se utilizaron instrumentos punzo cortantes como navajas, puntas hechizas y objetos metálicos con punta para causar la muerte de los 40 internos, de los cuales 17 fueron por riña entre dos internos, 17 por riña colectiva y en 6 casos se desconocen las circunstancias en las que ocurrieron.
Señaló que los custodios y personal de seguridad necesitan extremar los protocolos de vigilancia y revisar celda por celda para retirar los materiales que pueden ser usados por los reos para la elaboración de armas clandestinas como navajas y puntas hechizas, entre otras.
“Se debe evitar a toda costa la repetición de hechos violentos como los registrados en el penal de Topo Chico, que enlutó a 49 familias mexicanas por el descuido de las autoridades penitenciarias”, insistió.
La legisladora Peralta León recordó que en diciembre pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Cdhdf) emitió la recomendación 18/2015, que ya fue aceptada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en la cual se pide fortalecer el sistema de cámaras de seguridad en cada centro de reclusión, así como diseñar e implementar capacitación permanente en materia de preservación del lugar de los hechos y cadena de custodia.
