El Gobierno de la Ciudad de México convierte los asentamientos irregulares en sus clientes, ya que se permite la ocupación ilegal del suelo de conservación a cambio de favores político–económicos.
En el caso de nuestro suelo de conservación se ve afectado por la pobreza, clientelismo político, deforestación y malas prácticas de riego que afectan negativamente a la productividad del suelo.
Las personas necesitadas se ven obligadas a adquirir suelo para vivir a un precio accesible, ocupando las zonas rurales de manera irregular, acusó la diputada local del PAN y presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua en la Asamblea Legislativa del DF (Aldf), Wendy González.
Al recordar la celebración por el Día Mundial de la Desertificación, pidió coordinación local y delegacional para asumir compromisos que reviertan la desertización del suelo de conservación en la ciudad.
“Vivimos un acelerado proceso de desertificación de la zona chinampera y de montaña, debido a la invasión del suelo de conservación ante la pasiva contemplación de los delegados (políticos) y Secretaría de Medio Ambiente capitralina (Sedema); esto nos podría dejar sin agua y sin una calidad aceptable del aire”, advirtió.
Agregó que la falta de una “eficiente” política pública de desarrollo rural sustentable genera que los productores agrícolas hagan un uso indiscriminado de agroquímicos, lo cual también está degradando la tierra tanto en la zona chinampera como en las partes altas, tan importantes para la recarga de acuíferos.
Explicó que la desertización es la degradación de la tierra por la actividad humana. Hizo referencia a la vulnerabilidad que sufren los ecosistemas, ya sea por la sobreexplotación o el uso inadecuado de la tierra.
Ante la falta de rentabilidad de las actividades rurales, los campesinos también se ven en la necesidad de vender la tierra, aun cuando muchos de ellos saben que esto no está permitido”, comentó la diputada panista.
Concluyó que las autoridades permiten esta ocupación irregular, convirtiendo a los asentamientos irregulares en sus clientes, ya que se les permite la ocupación ilegal del suelo de conservación a cambio de favores político–económicos.
