La prestación de los servicios médico-asistenciales por parte del Estado a la población en nuestro país se realiza mediante diversos organismos gubernamentales lo que genera dispersión de recursos de todo tipo.

Las instituciones más importante de este sector son el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), que protege a los trabajadores de las empresas; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), que da atención a los burócratas, y el Seguro Popular, que protege a la población no derechohabiente de los anteriores, a los que se suman otros más que atienden a grupos específicos, como el DIF que se encarga de la salud infantil, y ciertos grupos de trabajadores tienen su propio sistema de salud.

Además, cada entidad federativa cuenta con sus similares, pero a nivel estatal y, desde luego, existen los servicios médicos privados a los que concurren funcionarios de nivel medio para arriba; legisladores de todos los partidos políticos, empresarios y población con ingresos económicos altos.

Esta atomización de los servicios médicos y de servicios sociales creó una inmensa burocracia que, en muchos casos, dispersaba los recursos financieros y materiales pues cada una tenía sus propias prioridades y programas específicos.

La modernización de la estructura gubernamental busca que esos servicios atomizados se alineen bajo un nuevo programa general, hecho que ha provocado diversas expresiones de inconformidad entre los trabajadores del sector salud.

A este hecho se suma la liberación de los medicamentos y servicios que ahora ofrecen otros actores, como Farmacia Similares y una amplia lista de negocios farmacéuticos menos publicitados que otorgan esos servicios a costos populares, tanto en el renglón de medicamentos como de estudios y análisis.

Los funcionarios del sector oficial niegan que todas estas modalidades tengan un fin privatizador de la medicina social, tal como los sostienen algunos grupos, en especial de trabajadores de este sector, quienes creen que la reestructuración sectorial sería el paso previo para su privatización.

Por lo que, ante la insistencia de médicos, enfermeras y trabajadores del Imss de que se pretenden privatizar esos servicios de salud, Mikel Arriola, titular de esta institución, aseveró, una vez más, que “es una mentira que alguien pretenda…ni del Ejecutivo ni del legislativo, privatizar la salud”.

Con relación a un cuestionamiento directo en el sentido de que ¿Usted está de acuerdo en que universalización no es privatización? Respondió: “Bueno, es que ya más claro que el director (general) del Issste y el secretario de Salud (SSA) no pudo haber sido. Nosotros suscribimos esas dos declaraciones y también las podemos ilustrar con datos y con números”.

Agregó: “Nosotros, como ya lo hemos dicho, vamos a construir mucha más infraestructura de aquí al 2018. Estamos invirtiendo 20 mil millones de pesos para 12 hospitales. Ayer revisé la lista. 40 unidades médicas familiares y es una mentira que alguien pretenda…ni del Ejecutivo ni del legislativo, privatizar la salud”.

Destacó que “La salud es un servicio público determinado por ley y yo no concibo un México sin que el Estado sea el prestador de los servicios de salud”.

Sin embargo, el Movimiento Nacional de Trabajadores del Imss ha dicho que en México la seguridad social sólo ha servido para restaurar la fuerza de trabajo, para mantener la productividad.

En su opinión, gobierno y patrones pretenden modificar la Ley Federal del Trabajo y la del Seguro Social para legalizar lo ilegal, con modificaciones que favorecen en todo a los patrones y en contra de los trabajadores.

Aseguran que en lugar de rescatar al Imss, eje central de la salud en México, se insiste en promover por todos los medios el Seguro Popular, con la posibilidad de desaparecer, más adelante, las cuotas obrero patronales, contraponiéndose con lo declarado en su momento por el mismo Daniel Karam (exdirector general del Imss) de elevar éstas como solución a la anunciada quiebra del instituto citado.

Menciona en nota publicada este gremio que lo que se esconde son las carencias en infraestructura y servicios del Seguro Popular, por lo que al hacer uso de las instalaciones del Issste, SSA e Imss, provoca en estas instituciones sobrecargas de trabajo, largos tiempos de espera y carencias de medicinas.

El siguiente paso es fusionar el Sector Salud y ya se tiene para ello tarifas acordadas entre las diversas instituciones públicas del país y cualquier paciente, derechohabiente o no, podrá acudir a la unidad médica que prefiera y esto ya ocurre en emergencias obstétricas, padecimientos de alta especialidad en Imss-Oportunidades (una programa gubernamental de apoyo a no derechohabientes), por ejemplo, el expediente electrónico con el que se podrá entrecruzar los servicios médicos entre las diversas instituciones, según diversos medios informativos.

También destacaron en 2013, que el ex secretario de Conflictos de la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (Sntss), Felipe Meza, quien forma parte del ala disidente de empleados, dijo que en septiembre –de ese año- entraría a la Cámara de Diputados la iniciativa del gobierno federal para la universalización en la cobertura de salud, la cual representa una situación grave para los trabajadores de este sector en el país, pues las autoridades no solamente pretenden integrar en uno solo al Imss, Issste y Secretaría de Salud, sino, además, desaparecer el Seguro Popular como tal para despedir a los empleados que están por contrato y concesionar los servicios a través de outsourcing.

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