Ciudad de México, 24 de enero de 2019.- En forma tajante y con voz fuerte, el líder agrario de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), Federico Ovalle Vaquera, retó al gobierno federal y a sus instituciones a iniciar los procesos de auditoría e investigación contra de aquellas organizaciones campesinas en las que tenga pruebas de actos de corrupción y exigió al presidente López Obrador dejar de calificar a todos los organismos rurales de “corruptos”.
“Lo emplazó a que en 15 días o a más tardar en un mes dé nombres de organizaciones y liderazgos involucrados en dichos ilícitos e incluso lo conminó a encaminar dicha auditoría a la Cioac pues esta agrupación no tiene temor de ser investigada”, enfatizó.
Con muestras de un rostro sumamente molesto, Ovalle dejó en claro de que, al no encontrar indicio alguno de corrupción al interior de la Cioac, el jefe del Ejecutivo o cualquier funcionario del gobierno federal (Sader, Sedatu, Financiera Rural, Hacienda, entre otras) “dejen de hacer señalamientos infundados, falsos y propagandísticos pues nosotros no estamos en esas “pendejadas”, como otras organizaciones”, refutó.
Todo esto lo dijo en el marco de la reunión nacional de dirigentes para celebrar el 56 aniversario de la fundación de la Cioac, en donde dejó en claro de que la auditoría y la demostración de quienes estén incurriendo en actos de corrupción es un reto. “Mi propuesta es respetuosa al presidente de la República para que dejen de hacerle al cuento de que todos somos iguales cuando la Cioac está a otro nivel”, subrayó.
Inclusive, recordó e insistió en que la Cioac se mantiene y se mantendrá independiente de gobiernos, partidos políticos y del dinero que se reparte, porque “no es una organización como muchas otras con líderes “balines, aplaudidoras, tapaderas del gobierno federal como las que se agrupan en el Movimiento Siglo XXI o las que durante años fueron filiales del PRI”, apuntó.
Anuncia movilizaciones campesinas
Por todo el panorama antes citado y debido a que la Cioac sí hará valer su derecho constitucional para ser escuchada, Ovalle anunció una primera movilización en todo el país, el 5 de febrero, con motivo del Día de la Constitución y será en las oficinas de los súper delegados designados por el actual gobierno federal, para reclamar un trato digno.
También para el 30 de enero, Cioac, junto con el Frente Auténtico del Campo, llevará a cabo una gran movilización en el Estado de Chiapas para exigir el esclarecimiento del asesinato del líder campesino Luis Hernández Cruz, registrado el 4 de mayo de 2017, con el aval del entonces gobernador estatal, Manuel Velasco Coello.
En reserva quedará designar la fecha de la movilización nacional para la toma de Sedatu y Fonhapo en demanda del pago de vivienda correspondiente al ejercicio presupuestal 2018 para el Estado de Morelos donde se adeudan 6 millones de pesos mismos que fueron desviados por funcionarios de estas dependencias en la pasada administración, tal como sucedió con los 56 millones de pesos que quedaron a deber en Veracruz para el mismo fin.
Ovalle Vaquera abordó los retos que existen para Amlo y su equipo, en el sentido de que sólo hay coincidencias con el presidente como es el caso del combate a la corrupción. De ahí, que también sea exigible conocer nombres y etapas de procedimientos judiciales, así como viabilidad de encarcelamiento en contra de los “huachicoleros de cuello blanco”, porque no se vale nada más decir que “todo el mundo es corrupto”.
En cuanto al ejercicio presupuestal 2019, tendiente al campo mexicano consideró que si de verdad se quería acabar con la corrupción se debió quitar el subsidio gubernamental a las empresas agroalimentarias nacionales e internacionales como Bachoco, Bimbo, Gruma, Monsanto, e incluso Televisa, TV Azteca y las mineras trasnacionales, que mucho daño le han hecho al país y a los mexicanos.
Más corrupción sin investigar a fondo
Otro foco de infección en corrupción, dijo, es el rubro de vivienda rural y urbana al grado de que existen 10 millones de casas habitación asignadas, pagadas y abandonadas que ya son “nido de ratas” junto con los institutos de vivienda que sí han permitido la corrupción, luego entonces urge una reingeniería en la materia y la reasignación de estos bienes inmuebles olvidados a quienes verdaderamente los necesitan.
Ovalle Vaquera, quien expuso abiertamente coincidencias y diferencias con el gobierno emanado de Morena, también de la decisión de apoyar desde el gobierno a los productores de manera directa y calificó de “mentira” el argumento de que actualmente el apoyo no llega al productor ya que, sostuvo, “la mayoría de los recursos que llegan al campo están bancarizados, se entregan cheques a representantes de grupo o se trabaja el esquema de especie para asuntos relacionados a la vivienda.
De tal suerte que decir lo contrario es “propaganda barata”, por ello, es momento de impulsar a los verdaderos productores del medio rural, pero lamentablemente vemos que este gobierno que se dice de izquierda, canceló programas sociales para convertirlos en subsidios para empresas como Nestlé cuando ello es “un error garrafal”.
Los programas sociales con los que dice contar la administración federal son a todas luces asistencialistas, véanse los destinados a jóvenes y adultos mayores, tienen una tendencia político electoral para el control de procesos, personas o grupos lo que demuestra que no existe ninguna visión de “izquierda”.
Lamentablemente, alertó, estos programas sociales son recursos en transferencia monetaria, “dinero regalado, no para invertir, no para producir y sí para generar aplausos, votos y malas mañas que es igual a una política clientelar”, cuando lo más sano hubiera sido garantizar una reforma fiscal capaz de provocar el crecimiento económico del país.
Aunado a lo anterior la otra divergencia es el hecho de que López Obrador olvidó la existencia de conflictos agrarios en el país, mismos que siguen generando tensión y muertos más ahora con la reforma energética donde el daño colateral es la depredación al medio ambiente y en el mismo orden de ideas está el abandono de los 5 millones de jornaleros agrícolas, ya que su programa asistencial en la materia, por parte de la Secretaría del Trabajo no alcanza para atender dicha problemática.
