La Reforma Laboral propuesta e impulsada desde las Cámaras de Diputados y Senadores tiene claroscuros que son potencialmente una bomba de tiempo para el sector laboral en todo el país.
Los dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México (Unasim), Carlos Pavón Campos, Ricardo Espinosa López y Javier Villa Gámez, explicaron que una muestra es la iniciativa presidencial para reformar el artículo 123 constitucional, aprobada ya por el pleno del Senado de la República y a discusión en la Cámara de Diputados, donde se considera la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para crear en su lugar los Tribunales Laborales, dependientes del Poder Judicial de la Federación y de los Estados.
“No hay viabilidad en la construcción de una infraestructura en el corto plazo para esa transición, dijeron. Es cierto que hay un tremendo rezago en las juntas, pero no hay recursos ni personal capacitado para crear, en menos de cinco años, estos tribunales laborales, además de no garantizar la celeridad en los miles de procesos aún por resolver”, consideró Pavón Campos, presidente de la Unasim y secretario general del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico “Frente”.
El también diputado por el Revolucionario Institucional (PRI), destacó que otra limitante que podría ser una tentación política, es que en el ámbito federal la función conciliadora estará en manos de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, un organismo descentralizado al que corresponderá, entre otras cosas, el registro de todos los sindicatos y los contratos colectivos.
“Este organismo estará a cargo de un funcionario, que decidirá el Senado, mediante una terna propuesta por el presidente de la República, y donde vemos un riesgo de sesgo”, señaló.
Detalló que la integración de la Junta de Gobierno de ese Centro solamente prevé la integración de titulares de dependencias federales y se excluye la participación de representantes obreros y patronales. “Esto nos parece contrario al espíritu que debe prevalecer en la conformación de los órganos laborales nacionales e internacionales”, dijo, a la vez que propuso una composición tripartita e igualitaria para la integración de dicha Junta de Gobierno.
Javier Villareal Gámez, vicepresidente de Trabajo y Conflictos de la Unasim, consideró que este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podría representar una limitante a la libertad sindical.
“La obligación de obtener la constancia de representatividad previo a la firma o emplazamiento a huelga por la firma de nuevos Contratos Colectivos de Trabajo, no estamos de acuerdo en que se haga una votación con voto secreto, porque esto implicaría un recuento previo; sin embargo, en caso de que insista en ello, para la consulta previa a los trabajadores, sólo deberá considerarse al sindicato interesado y no a otros sindicatos ajenos. Esto implicaría que si un sindicato emplaza a huelga solicitando la firma de un CCT, el patrón podría apoyar económicamente a otro sindicato “a modo” para que logre modificar la genuina voluntad de los Trabajadores”, dijo el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos de la CTM.
