Jorge Herrera Valenzuela
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Ciudad de México, 11 de septiembre de 2024.- Nada justificará la renuncia, como ministro de la Scjn, del queretano Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como tampoco aceptar el nombramiento que le otorgó la presidenta electa. En ambos casos, opinan los juristas, se violó la Constitución Política.
Sin tener antecedentes en el medio jurídico oficial, el no ser autor de un libro sobre Derecho, aunque su tesis profesional la editó, fue incluido en una terna que el presidente Felipe Calderón, envió al Senado de la República, para ocupar la vacante del ministro Genaro David Góngora Pimentel, en diciembre de 2008.
Los senadores determinaron designarlo y tomó posesión el 2 de enero de 2009, al iniciarse, en ese año, los trabajos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue aprobada la propuesta para que terminara su período el 30 de noviembre de 2024. Presidía el Alto Tribunal el ministro Luis María Aguilar Morales, quien el 2 de enero de 2019 le cedió el cargo al susodicho queretano.
No existe prueba alguna y mucho menos afirmaría que el ministro llegó a la Corte con ideas contrarias a cumplir la misión tan noble e importante: impartir justicia, defender los derechos de la ciudadanía, evitar violaciones a los preceptos constitucionales.
Nadie imaginó que el ingreso del suplente de Góngora Pimentel se transformaría al paso de los años, luego de asumir la presidencia del Máximo Tribunal de la Justicia. En 2019, se quitaría la piel de oveja. Sin quererlo o no, las ministras y los ministros no descubrieron que tenían al enemigo en casa, porque, paso a paso, Zaldívar Lelo de Larrea demostró sumisión hacia el presidente de la República.
Fue público que el presidente de la Suprema Corte era llamado frecuentemente a las oficinas de Palacio Nacional. “Tiene derecho de picaporte”, se decía en torno a las veces que por su cuenta el queretano acudía, sin ser llamado. Eso, que no fue una versión ni una mentira, lo corroboró el tabasqueño al decir que tenía un trato condescendiente con el ministro, lo que ya no ocurría con la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.
Resistió la tentación
El presidente de la República en su encono contra los funcionarios judiciales, sin presentar una sola prueba ni hacer denuncias penales, no deja de calificarlos de corruptos, nepotistas y servidores de intereses a particulares.
Fracasó en imponer a una ministra como presidenta Suprema Corte e intentar prolongar dos años la presidencia del ministro Zaldívar Lelo de Larrea, a lo que renunció. La propuesta presidencial, para ampliar el mandato en la Corte hasta noviembre de 2024, fue aprobada en abril de 2022, sin respetar el ordenamiento administrativo y el reglamentario que señalaban la terminación del presidente, Zaldívar Lelo de Larrea, estaba señalada para el último día de noviembre de 2022.
Surgieron protestas de las organizaciones de abogados. Hubo severas críticas en el medio político, así como en el ambiente judicial. Los cuatro años eran improrrogables, salvo que el Pleno aprobará la reelección, al término del cuatrienio.
Se acabó la resistencia del ministro. En el Senado se conoció la sorpresiva renuncia que presentó al presidente de la República y enviada para la aprobación de los legisladores. Dicha renuncia tuvo vigencia a partir del 15 de noviembre de 2023, a un año de cumplirse los 15 años de servicio.
Renuncia violatoria
Ese nuevo paso que dio el hoy integrado al gabinete de la primera presidenta de México estuvo fuera de la normatividad. Tres fechas marcaron la violación. En marzo de 2021 fue presentada la iniciativa presidencial, en el siguiente abril estaba aprobada y hasta la fecha ese decreto no está derogado, subsiste la propuesta de los dos años más para ocupar la presidencia de la Scjn.
Por principio se comentó, en esos días, que la iniciativa de reforma “comprometía la independencia del Poder Judicial y era una influencia indebida, sentaba un precedente para futuras extensiones de mandato y se perdía la confianza en la imparcialidad y la justicia podría disminuir”.
En Palacio Nacional se afirmó que la medida “era necesaria para apoyar la transformación del sistema judicial, alineándose con los objetivos de la administración actual de mejorar la justicia en México”.
Se redactó la disposición presidencial para igualar a seis años la presidencia de la Suprema Corte con la Presidencia de la República, sin aportar la fundamentación jurídica ni el razonamiento para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Tanto en las oficinas presidenciales, como el propio ministro Zaldívar Lelo de Larrea, debieron estar conscientes de que se violaban principios constitucionales, pues solo por causa grave se puede renunciar y aquí no era aplicable, simplemente no existía motivo grave.
Más tardó en ser aprobada, inconstitucionalmente, esa renuncia que el beneficiado se integrara al equipo de la presidenta electa, con la misión de continuar el proyecto de la Reforma Judicial, mismo que se aprobó hoy, miércoles 11 de septiembre.
(La sesión de ayer martes 10 fue suspendida en el recinto senatorial, por la llegada de grupos opositores a las tribunas altas. El ambiente se trastocó con violencia. Hubo necesidad de salir hacia la vieja sede, en el edificio de Xicoténcatl). El pasado agosto en uno de sus anuncios, Claudia Sheinbaum Pardo nombró al “ministro en retiro” como coordinador de Política y Gobierno, dependiente en forma directa de la Presidencia de la República, con oficinas en Palacio Nacional.
Eso implica otra violación, pues el ministro renunció a su encargo y sabe muy bien que, jurídica y legalmente, está imposibilitado tanto para aceptar un cargo público federal, como el no litigar durante dos años a partir del 15 de noviembre de 2023.
