Jorge Herrera Valenzuela
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Ciudad de México, 2 de septiembre de 2022.- Al iniciarse la desaparición de las Procuradurías Generales de Justicia y convertirlas en Fiscalías, la ciudadanía no se percató de que esa modificación violaba principios constitucionales, aprobados en el Congreso Constituyente de Querétaro. Se eliminó el derecho ciudadano de ser procesado hasta que el Ministerio Público aportase las pruebas jurídicas de los hechos y se consignaban ante el juez correspondiente.
La autoridad era la que debía demostrar, durante el proceso respectivo, la culpabilidad del individuo. No era la época de llenar las cárceles, meter a la gente y después de dos o tres años, mínimo, admitir que el indiciado era inocente. Le abrían la reja y salía dañado física, moral y económicamente.
Ninguna autoridad se hacía responsable del atropello cometido contra un inocente. De ahí que, en cierta forma, me acordé de los días revolucionarios del Siglo XX, cuando la orden villista era dar muerte a quien consideraban enemigo y después se “veriguaba” si era o no ajeno a los hechos que le imputaban.
La información oficial es que las prisiones mexicanas están sobrepobladas, pero no se busca la solución. Las cárceles no tienen planes o programas de readaptación social, son universidades del rencor, de la venganza, de las rencillas, del odio a la sociedad.
¿Cuál es la problemática por el cambio de denominación de la dependencia?
En mi etapa de reportero redactor de la “fuente policíaca”, la Procuraduría cumplía esa función, procurar y administrar justicia. Diariamente, reunía las actas iniciadas en las agencias del Ministerio Público. Cuando había presunto responsable del o los delitos estaba detenido, se procedía, en termino de horas, a tomarle una segunda declaración y era remitido ante el juez penal en turno.
Cuando no ocurría lo antes señalado, se procedía a integrar el expediente y se enviaba a los 16 agentes del Ministerio Público en el Sector Central. Se “perfeccionaba el expediente” y la Oficina de Consignaciones lo enviaba al juzgado en turno.
Ese “perfeccionamiento del expediente” consistía en reunir todos los elementos jurídicos para fundamentar los cargos. Incluía ese trámite procesal la comparecencia del presunto responsable. El siguiente paso era que el juez correspondiente giraba la orden de presentación o de aprehensión, misma que ejecutaban agentes de la entonces Policía Judicial.
¿Qué está operando en la actualidad? La Fiscalía, nueva denominación, implícitamente, nos indica que ya no hay procuración ni administración de justicia. El fiscal general acusa, con o sin fundamento jurídico, no toma declaración al acusado, no da margen a la presunción de inocencia.
Sea in fraganti o no, el presunto autor de uno o más delitos se va a prisión. Corresponde al detenido, hoy le llaman asegurado, demostrar su inocencia, para lo cual tiene un máximo de 144 horas. De lo contrario se le dicta la “prisión preventiva oficiosa” y se determina que permanezca dos o tres meses tras las rejas.
Hay quienes ocupan la celda penitenciaria por años. Resultan inocentes, les abren la reja, lo despachan y nadie es responsable de que un inocente sea dañado moral y físicamente.
Críticas dentro y fuera
Los funcionarios del gobierno federal, encabezados por el tabasqueño que no paga renta por vivir en Palacio Nacional, están empecinados en que la “prisión preventiva oficiosa” es una protección para los mexicanos. “Las corcholatas”: Adán Augusto, el hermano y amigo de ya sabemos quién, así como la de los letreros en bardas “Es Claudia”, reiteran su apoyo incondicional a la ocurrencia presidencial. Don Adán Augusto es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez de Tabasco y cursó un año ciencia política en la Universidad Panthéon Assas, en Paris. La doctora Claudia no estudió Derecho.
Las voces y comentarios escritos de abogadas y abogados exponiendo los motivos jurídicos por los cuales se viola la Constitución Política y los Derechos Humanos se quedan en el silencio. Consulten con los juristas Sergio García Ramírez, Diego Valadés Ríos, José Elías Romero Apis, Jesús Zamora Pierce, Francisco Berlín Valenzuela, Héctor Basulto Barocio, Ignacio R. Morales Lechuga y Jesús Anlén López, entre otros.
En el programa televisivo “La Mañanera” la respuesta a las críticas fundamentadas es en los términos hartamente repetidos: “los conservadores y los neoliberales” son quienes se oponen a la política de la llamada cuarta transformación. Los senadores y los diputados morenistas, los gobernadores del mismo color, aplauden que perdure, procesalmente, una medida que mantiene en prisión por años a cientos de personas, incluyendo a los casos de los presos políticos.
El colega Sergio Sarmiento el lunes pasado en su columna “Jaque Mate” citó el caso de Ana Georgina Domínguez Macías, presa en Coatzacoalcos, Veracruz, desde hace 13 años por enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. A la fecha, solamente la exoneraron del primer delito, no así del otro. Leí que la detuvieron en su domicilio, militares encapuchados. Detuvieron a su esposo, destruyeron su mobiliario y abusaron de ella, sexualmente.
Eventos como ese y muchos más están denunciados en organismos internacionales, lo que no preocupa, pero sí molesta en Palacio Nacional, en lugar de atender los llamados como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se oponen a que sigan encarcelando a inocentes y no respetar la presunción de la inocencia. El tabasqueño demuestra que tiene suficiente poder para seguir presumiendo que en su gobierno, “nada de que la Ley es la Ley”.
La Suprema Corte decidirá
En los próximos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está en su 198 aniversario, deberá de discutir y, en su caso, aprobar el proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar Morales, expresidente del Alto Tribunal. Se requieren 8 votos a favor de restringir la aplicación de la “prisión preventiva oficiosa”, o sea, no presionar a los jueces y magistrados para en todos los procesos la dicten.
Los integrantes del pleno, presidido por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, son él y diez más. El hoy contratacado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa propuso al Senado y éste aprobó los nombramientos de Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán.
En el sexenio del mexiquense radicado en España, el Senado aprobó como ministra a Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Laynez Potisek. Los cuatro que recibieron el visto bueno de los senadores, en este sexenio, son Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Fajart, Loretta Ortiz Ahif y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Loretta es la “benjamín”, asumió el puesto en diciembre 12 de 2021.
Cuatro juristas mujeres y siete abogados, también juristas, decidirán si se aprueba que la medida de prisión preventiva oficiosa es inconstitucional. La Presidencia de la República demanda se aplique cuando se trate de:
1.- Delitos que atenten contra la seguridad pública
2.- Contra la tranquilidad de los ciudadanos
3.-Los delitos relacionados con el crimen organizado
La Consejería Jurídica de la Presidencia argumenta: “No dejar en manos de los impartidores de justicia la decisión de imponer o no la medida cautelar, ya que elevaría los riesgos que enfrentan a diario los jueces y magistrados, exponiéndolos a la corrupción”. No se requiere ser abogado para entender que esos conceptos son violatorios a la función de los impartidores de justicia, a quienes quiere (la Consejería presidencial) imponer una política antijurídica.
En mi concepto, es cierto que la procuración, la administración y la impartición de justicia en México, siempre ha sido manejada políticamente y de acuerdo con cada uno de los titulares del Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, estamos, en este 2022, frente a un típico caso de abuso del poder que tiene el presidente de México, de su constante violación a la Constitución Política, a leyes y reglamentos,
Eso apoya la impunidad y se refleja en supuestas averiguaciones, investigaciones o procesos, en los que se favorece a la persona al otorgarle libertad sin haberle sentenciado, a los presos que tardan años para que el Ministerio Público fundamente jurídicamente los cargos o simplemente para cobrar cuentas políticas a los adversarios. También cuando la Fiscalía General de la República lo blanco lo convierte en negro o lo negro lo blanquea.
¿Nombres de personas? Emilio Lozoya Austin, Rosario Robles Berlanga, Jesús Murillo Karam, inculpados y con procesos a los que se le dan largas, largas y más largas. Beneficiados, Pío López Obrador, Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Zepeda. Presos con o sin razón, los panistas de una delegación política y otros denunciados en el caso de los sobornos para aprobar una reforma constitucional.
