Presupuesto rural 2021: ¿para qué y para quién?

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Ciudad de México, 19 de octubre de 2020.- Convencidos de que el triunfo obtenido en 2018, a través de las urnas, representa una oportunidad de un cambio radical hacia un modelo alternativo de desarrollo económico y social, el gobierno de la Cuarta transformación (4T) tiene como uno de sus propósitos estratégicos alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, junto los campesinos, indígenas y afromexicanos. Este nuevo modelo busca erradicar la pobreza, injusticia e inequidad que ha dejado el neoliberalismo.

Es importante destacar y valorar el trabajo de los campesinos, indígenas y afromexicanos, ya que, de ellos proviene la gran mayoría de los alimentos que requiere el país, en estos momentos de emergencia, el campo no ha dejado ni dejará de trabajar en la producción, por lo que es indispensable, que el campesinado y la sociedad rural sigan siendo reconocidos como sujetos productivos e históricos.

Es por ello que los cambios en la orientación de la política pública hacia el campo a través de los programas prioritarios para atender a la sociedad rural, a los más pobres, los pequeños productores, indígenas y afromexicanos han provocado diversas movilizaciones campesinas, de sectores privados (privilegiados neoliberales), de ciertos diputados y senadores de todos los partidos políticos, principalmente por los cambios programáticos y “la disminución del presupuesto para el campo”. Hoy las principales “voces críticas” que se manifiestan, son básicamente los que durante el periodo neoliberal se vieron favorecidos por el presupuesto y por las políticas anticampesinas.

Si bien es cierto que en estos últimos años el presupuesto para Programa Especial Concurrente (PEC) y el de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) “ha disminuido”, estamos convencidos que los montos no son la clave. El asunto central, en la actual coyuntura, es el diseño de la política pública y de su eficiente operación. En este sentido sostenemos que durante años, el PEC fue un instrumento que sólo sirvió a los agricultores ricos y a las empresas agroalimentarias y dejó a la deriva a los pequeños productores, a los indígenas, los ejidos y las comunidades.

Es muy relevante observar las diferencias entre lo que se aprueba en la Cámara de Diputados y los ajustes que luego lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Shcp). Así, por ejemplo, en el año 2015, aunque aprobaron para el PEC 353 mil millones de pesos, sólo le autorizaron para ese año 335 mil millones de pesos. Es decir 18 mil millones de pesos menos al aprobado. Entonces, la característica del expresidente Enrique Peña Nieto era aprobar un PEC cuantioso, con mucho dinero, pero luego lo recortaban, al autorizar montos menores a los aprobados en la Cámara de Diputados.

Otro ejemplo es que en el año 2016 se aprobaron 351 mil millones de pesos para el PEC, pero luego la Shcp autorizó solo 336 mil millones de pesos, es decir, 15 mil millones de pesos menos. Aunque EPN no enfrentó una pandemia (Covid-19), ni crisis mundial, sí se llevaban a cabo ese tipo de recortes. En otras palabras, recortó más (al compararlo con el actual sexenio), como lo demuestran los informes de la Shcp de los últimos años. Esa forma de operar fue una verdadera burla a los productores, organizaciones campesinas y a la ciudadanía, al hacerles creer que el PEC quedaba muy alto, cuando en realidad estaba, por un lado, súper concentrado en el gran capital rural y, por otro, se engañaba sin reparo y con toda impunidad, al aprobar grandes montos, para luego recortarlos. Al respecto, podemos afirmar que los presupuestos para el PEC en el actual gobierno han sido más realistas.

Igualmente, llama la atención que el programa de “Desarrollo Rural” de Agricultura, que en 2019 tuvo un presupuesto de 5 mil millones de pesos, para el 2020 bajó drásticamente a 70 millones de pesos y para 2021 no tiene presupuesto, derivado quizá, de que dicho programa jamás operó, ni acompañó a los programas prioritarios de la 4T. Lo mismo del programa prioritario “Crédito Ganadero a la Palabra” que en su primer año (2019) le asignaron 4 mil millones de pesos, para el 2020 mil millones de pesos y para el 2021, aparece en cero pesos. Ambos programas son dos ejemplos claros y contundentes de que aún con presupuesto no funcionaron. Ahora queda preguntarse ¿si los responsables de estos programas transparentarán el uso de los recursos asignados?

Bajo la premisa de “primeros los ricos”, hoy, los grupos que durante años fueron privilegiados con el presupuesto, exigen a los legisladores “más recursos para el campo” y enfocan sus baterías en “disminuir el presupuesto al sector social”, ya que dentro de las políticas de bienestar, entendemos de que el gobierno debe ser garante de los derechos de las personas, independientemente de los beneficios e intereses económicos que se puedan pretender. La vida y los derechos no se negocian ni se mendigan y, por ello, desde nuestro punto de vista esta propuesta de presupuesto hace énfasis en los derechos sociales (alimentación, salud y bienestar, entre otros). ¿Para qué y para quién quieren ese descomunal aumento de presupuesto para el campo?

Consideramos que es momento de hacer un análisis y una reflexión sobre si la estructura actual del PEC es útil para la transformación que se plantea para el campo y para el país. Desde nuestro punto de vista se requiere un cambio radical, ya que la actual estructura es caduca y neoliberal. Para estos nuevos tiempos se requiere de un instrumento que sirva a la gente, donde estén en el centro los productores, los indígenas, y los afromexicanos y “por el bien de todos primero los pobres, bajo criterios de alimentación sana, diversa, inocua, etcétera. Este proceso es también parte “de mover al elefante reumático” …

Por ello, proponemos a los legisladores lo siguiente:

1. Que no reduzcan el presupuesto asignado a los programas prioritarios:

  • Precios de Garantía
  • Producción para el Bienestar
  • Sembrando Vida
  • Fertilizantes
  • Entre otros…

Es fundamental que estos programas prioritarios cuenten con presupuesto suficiente para su operación: a) asistencia técnica y capacitación, b) avanzar hacia una transición agroecológica, c) garantizar que los pequeños productores sean los verdaderos beneficiarios y d) mejores precios a sus cosechas, etcétera.

Si bien no luchamos por montos, es importante que se le asignen recursos a programas que permitan lograr el objetivo de autosuficiencia y soberanía alimentaria. Dichos recursos se pueden reasignar de otros programas no prioritarios y que, en estos casi dos años de gobierno, se ha comprobado que no funcionan, ni se alinean a la lógica de “primero los pobres”.

2. Para lograr que los productores indígenas sigan produciendo alimentos es indispensable que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) tenga un presupuesto suficiente y para ello es fundamental que se considere la asignación de recursos al Programa de Fortalecimiento Económico de los Pueblos Indígenas, al menos, los asignados en el presupuesto 2019 en términos reales.

3. Es necesario tener una nueva política de financiamiento y de crédito para el sector rural, por lo cual es indispensable estructurar un esquema de banca de desarrollo que esté en sintonía con la política impulsada por la 4T. Es fundamental que para este 2021, el PEC contenga el monto asignado en el presupuesto 2020 en términos reales. Ver nuestra propuesta amplia en https://www.movimientocampesinoplandeayalasigloxxl.org.mx/page/5/.

4. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es indispensable que refuerce la parte agraria. Es importante que se le asignen los montos establecidos en el presupuesto 2019, debido a que en la actualidad hay infinidad de asuntos agrarios sin resolverse y no cuenta con los recursos suficientes relativos a conflictos agrarios, obligaciones jurídicas, regularización y registro de actos jurídicos agrarios.

Los criterios comunitarios, sociales, económicos y políticos en torno a la cuestión agraria son fundamento de una cultura comunitaria milenaria en México, que trascendió al conjunto de la nación y justificaron la participación indígena y campesina en la lucha contra el régimen porfirista, por la libertad de los individuos, por la recuperación de la tierra arrebatada a las comunidades indígenas, por el reparto de los grandes latifundios entre las masas de peones que las cultivaban y por la democracia en el país, demandas que siguen siendo elementos sustantivos de identidad y unidad nacional, máxime que en el periodo neoliberal ocurrió una nueva ola de despojos de tierras ejidales y comunales para apoyar negocios privados como las mineras canadienses y sitios clave para el turismo internacional.

5. En el caso de Vivienda Rural es necesario que se implemente una política clara y contundente para atender las necesidades de la gente en el campo.

6. Consideramos que la estrategia de entrega directa de recursos a los pequeños productores es correcta, sin embargo, creemos imprescindible reforzar el desarrollo de capacidades de la población rural mediante el diseño, impulso y coordinación de estrategias de capacitación y educación no formal, participativas e innovadoras, que contribuyan al fomento del desarrollo de los campesinos e incida en el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria del país y garantice la calidad de vida de la población rural.

En este sentido el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (Inca Rural) debería ser el instrumento para fortalecer y acompañar el desarrollo de capacidades, en coordinación con los programas prioritarios: Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y Fertilizantes. En este sentido es fundamental que, al menos, se le asignen los recursos (33 millones de pesos) contemplados en el 2020, en términos reales.

A pesar de más de 30 años de políticas anticampesinas, los pequeños productores han demostrado que pueden producir los alimentos que requiere el país, que los cambios de políticas hacia el campo no solo deben seguir así, sino que es necesario profundizar y acelerar los cambios que requiere el sector rural. La transformación en el campo pasa por rescatarlo y, con ello, rescatar a México, pues del agro dependen la alimentación, el empleo, el ingreso, la seguridad interna y la gobernabilidad.

Además de que aporta aire puro, agua limpia, bosques frondosos, paisajes amables, diversidad de plantas y animales, fuente de cultura y raíz de identidad y no depende necesariamente de “aumentar el presupuesto o implementar nuevos programas”, sino de impulsar un nuevo modelo agroalimentario y nutricional frente al modelo agroindustrial y de revolución verde que tanto daño hizo al campo mexicano.

El movimiento campesino, indígena y afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI” está convencido que es posible alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria y que el proceso de transformación está en marcha, que esto nos obliga a buscar y diseñar soluciones de fondo con la participación de los campesinos, indígenas y afromexicanos.

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