(Fuerte abrazo a mi amigo y compadre Moisés)
Ciudad de México, 17 de mayo de 2021.- Apenas el pasado 4 de marzo de este año, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, presentó la estrategia del gobierno de la 4T para ofrecer protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral 2020-2021. ¿Qué ha pasado? Más asesinatos de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.
Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de Movimiento Ciudadano en Sonora, declaró: “Abel pagó por haber dicho una y otra vez en su campaña que tenía el valor de enfrentar al narco y que iba a poner orden en cuanto llegara a la alcaldía”. La reciente ejecución del candidato naranja para la presidencia municipal de Cajeme (Sonora), Abel Murrieta Gutiérrez, da muestra fehaciente que la narcopolítica controla las elecciones en México.
Movimiento Ciudadano responsabilizó de la muerte de Abel al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y al alcalde de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, y asegura: “Queda de manifiesto también que el crimen organizado gobierna Sonora”.
Integralia (empresa de consultoría en riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica), había reportado que la violencia política domina a nuestro país. Hasta abril, informó del asesinato de 26 aspirantes o candidatos a cargos de elección popular. Esto, a pesar de la implementación de la estrategia federal de protección a candidatos. Alertó la probabilidad de que el número de muertes por esta causa aumentara en mayo y junio, como ocurrió en el proceso electoral de 2017-2018.
En un reporte de Violencia política en México del mes de mayo, deduce que, entre septiembre de 2020 y abril de 2021, se contabilizaron 169 casos violentos que han dejado 210 víctimas, de las cuales 143 fueron mortales.
Observa que, si bien la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, ha dicho que ya se ha brindado protección a 117 candidatos, pues en marzo y abril la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos.
Asevera que “la violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad”.
Además, Integralia destaca que un alto porcentaje de estos sangrientos hechos se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales como el Ejército, Marina y Guardia Nacional.
No se logró efectividad en dicha protección; además, no se han anunciado (hasta ahora) medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales y de la Guardia Nacional que participan en estas tareas, ni siquiera para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos.
En el reporte de Integralia (entre marzo y abril de este año), se cuentan los asesinatos de 28 funcionarios municipales, 26 aspirantes a elección popular, 17eEx funcionarios, 14 funcionarios federales y estatales; 10 activistas, 5 ex candidatos, 4 periodistas, 4 líderes partidistas, 4 militantes de partidos políticos, 3 jueces, 3 presidentes municipales y 25 calificados en el genérico: otros.
Los estados que concentran el mayor número de asesinatos de actores políticos son: Oaxaca (19), Veracruz (17), Baja California (13), Guanajuato (12) y Jalisco (9). Un porcentaje de 84% de las víctimas de violencia política han sido hombres y una buena parte de estos incidentes, son llevados a cabo por grupos criminales que buscan coludirse o controlar a gobiernos locales para dominar mercados ilícitos.
Por lo tanto, Integralia considera que es probable que el número de desgracias por la violencia política que vive México aumente en mayo y junio, como ocurrió en el proceso electoral de 2017-2018.
