Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020.- Se dejaron pasar más de 7 años de pugnas entre ejidatarios-propietarios del Ejido de Cedros, Municipio de Mazapil, Estado de Zacatecas, con directivos de la minera canadiense Newmont–Goldcorp Peñasquito –la segunda mina de plata más grande de México—, en la que intervinieron la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y dependencias del gobierno federal.
Hubo varias disputas legales, movilizaciones sociales e inclusive, enfrentamientos directos entre empresarios de la mina y el senador zacatecano de Morena, José Narro Céspedes, pero al fin se logró terminar con el conflicto.
Antes de llegar a este acuerdo, el problema, por momentos, tomó escenarios espinosos que obligó, en cierta manera a la empresa, suspender pagos a empleados y trabajadores sindicalizados, contratistas, proveedores y comunidades. ¿La razón?, porque desde marzo de 2019, les bloquearon ilegalmente la operación de la mina, impidiendo la salida y entrada terrestre con consecuencias graves.
Por medio de un comunicado, que hicieron público en varios medios informativos nacionales y locales, los ejecutivos de Peñasquito también se quejaron de que, en una reunión, el representante de los inconformes Felipe Pinedo, asesor del senador Narro, “exigieron un pago de 442 millones de dólares por la presunta afectación a un cuerpo de agua en dicha comunidad”.
Inclusive, la minera acusó: “nuestra empresa no está dispuesta a ceder a esta tentativa de extorsión de parte de estos individuos. Hemos denunciado penalmente a los líderes del bloqueo”.
Agrega el documento: “El senador Narro ha difamado a nuestra empresa en repetidas ocasiones con fuertes y evidentes mentiras sobre nuestras operaciones” y, remata: “Este bloqueo afecta a la fuente de ingresos de más de 20 mil personas. Más del 80% de los trabajadores son zacatecanos y más de 500 son de las comunidades más cercanas”.
Por último, menciona: “…pedimos a las autoridades mexicanas y zacatecanas ayudar a destrabar esta situación que afecta gravemente a tantas personas por la avaricia de unos muy pocos”.
Respuesta de Narro
En respuesta, por medio de conferencias de prensa y comunicados, hace un año, el legislador morenista convocó a la Minera Peñasquito y al Frente de Comunidades Afectadas por la empresa, junto con transportistas a instalar en forma urgente la mesa de negociación para que se cumpla con los compromisos firmados entre ambas partes.
Narro es dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Cnpa) y expuso en ese entonces: “Esperamos que la minera asuma su responsabilidad y resuelva cumpliendo los compromisos que hizo con las comunidades y los convenios con los transportistas. Nosotros no vamos a participar en las mesas de negociación, pero estaremos atentos y exigimos respeto y trato digno para el pueblo de Mazapil, Zacatecas”. Afirmó: “También, le pedimos al gobierno federal que no caiga en la tentación de una salida falsa autoritaria”.
En otra información Narro destacó que, de acuerdo a los integrantes de la asamblea general de ejidatarios de la comunidad de Cedros, desde hace 7 años, la minera Peñasquito agotó el manantial de la comunidad y que los ejidatarios cuentan con un dictamen de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el cual dice textualmente que “uno de los factores contribuyentes en la disminución del flujo del manantial son las actividades mineras”.
Asimismo, en mayo de 2019, afuera del inmueble que alberga la Fiscalía General de la República (FGR), en la ciudad de México, Narro Céspedes se presentó para exigir por escrito a la minera estadounidense y canadiense, NewMont- Gold Corp presentar las pruebas en su contra por extorsión.
Estando presente este reportero en las diferentes convocatorias a la prensa que hizo el legislador, en una ocasión exigió, igualmente, a la empresa trasnacional a presentar la denuncia y las pruebas contra su persona por la supuesta extorción que, únicamente ha ventilado la minera, a través de desplegados y “periodicazos”, publicados en diarios de circulación nacional y local.
Narro, quien estuvo acompañador por Felipe Pinedo, señaló, en una improvisada conferencia de prensa a las puertas de la FGR, que la minera los acusa que “les estamos pidiendo 442 millones de dólares, pero nadie está pidiendo esa cantidad, ni los ejidatarios ni por las comunidades afectadas por la minera, ni tampoco por parte de los transportistas.
“Si no nos acusan de extorsión, entonces ellos nos están encubriendo de un delito federal. Hay dos demandas que vamos a presentar –continuó-; ésta, aquí en la FGR, de tipo penal, y una civil en el Estado de Zacatecas por el tema de daño moral”.
Así las cosas, apenas, en junio pasado, se llevó a cabo el citado acuerdo, y en un comunicado, la Secretaría de Gobernación destacó que logró poner fin al conflicto minero y subrayó que este acuerdo es, sin duda, un ejemplo no solo nacional, sino mundial de cómo se puede avanzar en un tema como lo es la minería.
Procurador agrario aconseja modificar Ley Minera
Para el procurador agrario, Luis Hernández Palacios Mirón, la Ley Minera, publicada en junio de 1992 y reformada en agosto de 2014 con el Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Hidrocarburos, debe modificarse para que responda a la realidad del campo mexicano y garantice, tanto los derechos agrarios como los beneficios por la actividad minera en territorios de núcleos agrarios y comunidades indígenas.
Hoy -manifiesta por medio de un blog oficial insertado en el portal de la Procuraduría Agraria-, la legislación en materia minera es muy frágil y débil porque no garantiza la consulta indígena para que los pueblos originarios y los núcleos agrarios que son dueños de la propiedad social logren convenios y contratos con el pago justo y equitativo por la ocupación superficial de sus territorios donde se llevan a cabo actividades de exploración, explotación y extracción de hidrocarburos.
Luego de destacar el acuerdo citado alcanzado entre propietarios del Ejido de Cedros con directivos de la minera Newmont–Goldcorp Peñasquito, en la que intervinieron la Secretaría de Gobernación, la PA, y dependencias del gobierno federal, afirmó que la solución del conflicto permitió obtener beneficios muy significativos para el núcleo, al definir el precio de pago de la renta por la ocupación superficial en tierras propiedad del ejido, así como otra serie de concesiones sociales que dejaron satisfechas a ambas partes.
“Esta resolución –subrayó Hernández Palacios-, representa un muy buen ejemplo de que es posible arribar a convenios que permitan asegurar la producción minera que es necesaria para el país; la conservación del suelo, así como garantizar el pago justo y adecuado a los dueños de la tierra por el uso y afectaciones que tenga su territorio y la seguridad jurídica para quienes tienen las concesiones mineras”, detalló.
Recalcó que el gobierno federal ha considerado reorientar el Fondo Minero, que se dirigía a los estados y a los municipios, para que estos recursos que aportan las mineras lleguen a los dueños de la tierra a través de obra social, productiva, de conservación y mitigación ambiental en sus territorios.
