Insiste clase campesina en abolir reforma al artículo 27 Constitucional

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Ciudad de México, 22 de julio de 2019.- Militantes de las organizaciones campesinas Ugocp, Cnpa, Cioac Jdld, CCC, Unimoss, Cnpa MN, FpfvmsXX1, Unorca, Aferamich, Faocc, RED OSC, Ucin, Uprez, Cncl Limaxtum, Conmop y Consuc, que integran el Movimiento Campesino #ElCampoEsDeTodos se concentraron en el Hemiciclo a Juárez –Alameda Central- desde las 9 de la mañana para realizar una marcha a Palacio Nacional, y ahí, solicitar una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador y, al mismo tiempo, entregar una carta-documento en el cual hacen un llamado al jefe del Ejecutivo a un di{alogo franco, respetuoso, propositivo y viable.

En el contenido de la carta, que leyó a nombre de las organizaciones asistentes, el diputado por el Estado de México, Max Correa Hernández, se resaltó –e insistió- en abolir la reforma neoliberal al artículo 27 constitucional, a fin de lograr un nuevo texto.

Se busca, restituir derechos a pueblos y comunidades campesinas e indígenas y que se impongan obligaciones al Estado mexicano para construir un nuevo andamiaje institucional y un presupuesto para la inversión productiva en bienes públicos, de apoyo al campo.

Se insistió en un dialogo franco, respetuoso, propositivo y viable con López Obrador para que escuche sus propuestas y exponerle su diagnóstico, así como solicitarle la participación de los organismos campesinos en la formulación del programa sectorial agrario y agropecuario.

El exhorto va también para que se establezca una nueva relación entre el campo y gobierno federal, donde exista respeto y diálogo pues los campesinos contribuirán con su fuerza y su creatividad para ayudar a sacar al campo y al país del problema que vivimos, se resalta.

Entre otros factores más, se pide reorientar al Programa Especial Concurrente –PEC-, que durante los últimos años no ha ofrecido los resultados esperados, concentrado en algunos estados y productores, con resultados de ser cada vez más dependientes de importaciones de alimentos.

También demandan terminar con los recortes al Presupuesto destinado a la producción del campo pues el gasto rural presenta recortes y subejercicios inducidos y es prioritario aprovechar el potencial productivo de casi 2.5 millones de unidades de producción nacionales.

Igualmente, es necesario restituir, cuando menos, parte de los recursos que le han recortado al sector rural y que han afectado el inicio de operaciones de varios programas pues se manifiesta que las organizaciones campesinas e indígenas, contrario a lo que se ha dicho, se enmarcan en la Constitución Política y han sido factor del desarrollo social, político, económico y cultural para México.

Además de que estas agrupaciones de campesinos e indígenas, principalmente, han promovido un desarrollo alternativo pues han sido factor para la estabilidad y han soportado las diferentes crisis de las últimas décadas.

El texto subraya: “Señor Presidente, es necesario que ponga mucha atención a las instituciones agrarias que se crearon con la reforma al Artículo 27 Constitucional, como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, los Tribunales Agrarios, la Sedatu, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría de Protección del Ambiente y la Semarnat, que son instituciones que se corrompieron y coludieron su actuación para despojar a ejidos y comunidades de sus territorios, cometiendo prevaricato.

Sus funcionarios –agrega-, cuya mayoría son los mismos de gobiernos neoliberales, han pasado a defender intereses de desarrolladores inmobiliarios, mineras, industrias y demás intereses privados nacionales y extranjeros, atropellando derechos de campesinos ejidatarios y comuneros, para construir obras faraónicas, autopistas, aeropuertos, minas, monocultivos concesionados a particulares, desarrollos turísticos, etc. Lo que violenta derechos humanos fundamentales, muchos compañeros nuestros han sido perseguidos encarcelados y asesinados por oponerse a esta realidad”.

Destaca que al día de hoy, todo esto ha sido llevado a cabo sin el derecho a la consulta, previa, libre e informada como lo estipula el convenio 169 de la OIT, por lo que apelamos a su gobierno para que la legislación en materia de consulta a los pueblos, sea con “carácter vinculante”; así como la reforma al Artículo 2 constitucional para el reconocimiento de las comunidades indígenas y campesinas como sujetos de derecho público, y así, armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales.

Actualmente –continua- observamos que el discurso de “no tener trato con las organizaciones campesinas” se aplica cabalmente en la Sedatu, lo que agrava la ya de por sí difícil situación que se tenía con los gobiernos anteriores, sin entender a plenitud, la importancia de la organización campesina en el sector rural. Además del desmantelamiento de la institución, la disminución de presupuesto y las nulas funciones e instrumentos de desarrollo agrario, en las representaciones estatales de la Procuraduría Agraria y las visitadurías, en las oficinas estatales del Registro Agrario Nacional y Sedatu siguen operando los mismos funcionarios corruptos que han generado las condiciones para propiciar conflictos agrarios y despojos de tierras y recursos a los campesinos.

Manifiesta que los encargados designados por el nuevo gobierno no tienen nombramientos ni atribuciones legales para actuar. No hay ningún cambio favorable, y peor aún, los viejos funcionarios siguen en su “año de Hidalgo” antes de que los corran. Los conflictos agrarios derivados de la aplicación del Procede, sentencias del Tribunal Agrario de reconocimiento y titulación de bienes comunales, Resoluciones Presidenciales, obligaciones jurídicas ineludibles, expropiaciones y demás, se han postergado en su atención y solución.

Advierte que los actos de corrupción para calificar actas de asambleas de elección de representantes de los núcleos agrarios, asambleas de destino y asignación de parcelas, listas de sucesores, certificados agrarios, etc., siguen realizándose por los mismos corruptos, con el beneplácito de funcionarios de la Procuraduría Agraria, y con las puertas cerradas de la Sedatu a los campesinos y sus organizaciones.

El neoliberalismo disminuyó presupuesto e inversión pública dedicada al campo. Se dejó de invertir en bienes públicos como la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica; ya no se construyeron caminos rurales y puentes para facilitar la salida de los productos, se abandonaron bodegas y almacenes; la producción de semillas y fertilizantes se perdió; el crédito y el seguro agrícola desapareció, y se privatizó al igual que otros servicios que anteriormente otorgaba el Estado, a través de sus diversas instituciones; se eliminaron precios de garantía, se vendió y privatizo la infraestructura estratégica de almacenamiento de granos; el neoliberalismo justifico estas acciones argumentando la necesidad de disminuir el costoso mantenimiento de una burocracia que, no servía a los negocios privados de la nueva oligarquía, pero que en un inicio si nos servía a los campesinos, pero que se corrompió a lo largo de los años”, refiere la carta.

Luego de entregar la carta campesina a la representante de Amlo, los contingentes se dirigieron a la Secretaría de Gobernación, donde también se recibió el documento.

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