Ciudad de México, 14 de febrero de 2022.- Víctor Rogelio Caballero Sierra, del Colectivo Aequus.-Promoción y Defensa de Derechos Humanos, dijo a este medio que, por medio de un documento, suscrito por activistas, defensores de derechos humanos, académicos, estudiantes y organizaciones campesinas y sindicales, entre otros, denuncian que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (Inpi) es un mecanismo que visibiliza la corrupción del neoindigenismo que detenta el actual gobierno.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán demanda la destitución de funcionarios públicos de este instituto por entorpecer la toma de decisiones en las comunidades nativas michoacanas y exige respeto al autogobierno comunitario.
Este organismo, que lo integran 68 Comunidades de los Pueblos Originarios Purhépechas de las Cuatro Regiones de Michoacán, alerta que el “elefante blanco” –INPI- “usurpa la representatividad de más de 150 mil indígenas michoacanos”.
Exige justicia y claridad del presupuesto que debe ser ejercido directamente por las comunidades indígenas a las que les corresponde.
Entre los firmantes están: Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-Unam, Colectivo CNI Totonacapan, La Voz del Anáhuac, Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y Seguridad Social, Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, Dr. Gilberto López y Rivas profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (Mamut), Colectiva Nuestra Alegre Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, Morelos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, Okupa ChiaPaz, Mexicanos Unidos, Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan, entre otros más.
Antes, en noviembre de 2021, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal, que agrupa a representantes de más de 20 comunidades mayas, en carta dirigida al presidente López Obrador, lo acusa, a él y a su gobierno de la 4T, de racistas y promotores de la violencia contra los indígenas por el decreto presidencial que blinda obras como de carácter nacional.
También, en enero de 2021, un pronunciamiento conjunto del CNI-CIG, Ezln y Fpdt-MPT, señala que López Obrador y la 4T han endurecido la guerra contra los pueblos indígenas de México. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, que forman parte del CNI-CIG, denunció que los cuerpos militares son violadores sistemáticos de los derechos humanos y se coluden fácilmente con el crimen organizado. “La guerra contra los pueblos para imponer los megaproyectos es tan clara que a los militares se les están asignando obras como el Tren Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, proyectos a los que nos oponemos rotundamente”.
Apunta que los megaproyectos son protegidos mediante la militarización del país entero y de la seguridad pública. Estas grandes obras son producto del despojo y la explotación provocado por el modelo extractivista del gobierno federal.
