A más de siete meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, los inquilinos que rentaban departamentos en los edificios afectados son los grandes olvidados por las autoridades que se han concentrado en apoyar a los dueños, informó Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam).

Durante la charla “Sismos y reconstrucciones, entre 1985 y 2017, una nueva forma de cooperación social”, el especialista reflexionó sobre las diferencias entre los procesos de recuperación que vivió la Ciudad de México tras el movimiento telúrico y estimó que, aunque luego del sismo de 1985 este grupo logró el reconocimiento de sus derechos luego de salir a la calle y protestar, hoy son invisibles.

“Hoy en día los inquilinos se han vuelto invisibles, pues la gente dice ya verán, todo está concentrado en los propietarios. Debemos estar conscientes de que, si hay alguien que no tiene derechos, son los inquilinos y creo que no es tarde para resolverlo, creo que las campañas políticas deberían estar hablando de esto, y mi temor, porque lo estoy viendo, es que eso se está esfumando”, comentó el especialista en derecho urbanístico.

Parte del problema es que este sector no está organizado, sus necesidades no son consideradas una demanda política, ni tienen a alguien público hablando por ellos o a algún sector.

Curiosamente, detalló ante personas reunidas en la Casa de las Humanidades, el sector de los condóminos, que curiosamente en el 85 fue invisibilizado, al ser opacados por la espectacular movilización popular de los inquilinos pobres del centro de la ciudad, mientras que hoy en día protagonizan una experiencia en la que el gobierno les ofrece como propietarios una opción de reconstrucción que consiste en permitirles construir más de lo que tenían para que con la venta del espacio adicional financien al menos una parte de la reconstrucción de sus edificios.

“El asunto tiene muchos retos, el primero es la organización vecinal. Cualquiera que haya vivido en un condominio sabe lo difícil que es ponerse de acuerdo con todos”, estimó.

Igualmente, recordó que luego del sismo de 1985 los dueños de condominios y comités vecinales lograron impedir la construcción de edificios de gran altura, una lucha que se ha perdido ante la propuesta actual del gobierno de otorgar permisos para reconstruir edificios más altos.

Ahora, la ley dice que los condóminos podrán construir todavía más, y aunque no sean demasiados edificios, sí es necesario revisar cómo reaccionarán las organizaciones vecinales ante esta realidad.

Lo más importante de los dos grandes movimientos telúricos, añadió, es ver el universo social que afecta a cada uno de ellos y cómo se construyen actores políticos a partir de la experiencia, dando como resultado reconstrucciones distintas.

En el 85 el daño se concentró en el centro de la capital del país, afectando a una vieja institución que era la vecindad y aunque existían en la Guerrero y Tepito organizaciones minoritarias de vecinos que habían tenido una larga lucha por defender los alquileres de renta congelada, cuando se dio el sismo y surge el rumor de que a los damnificados les ofrecerían vivienda en la periferia, este pequeño grupo de organizaciones encabezó una lucha por la reconstrucción en el centro, con el lema “queremos cambiar de casa, pero no de barrio”.

Contrario a lo que se piensa, agregó, no todo estuvo mal en la reconstrucción realizada en 1985, pues año y medio después había 44 mil viviendas nuevas en esas vecindades, donde la gente tenía, por primera vez una vivienda mucho mejor.

“Ustedes las ven todavía ahí, si se dan una vuelta por la colonia Doctores, por casi todas las colonias centrales, ven esas pequeñas unidades habitacionales de 10 o 15 casas, arquitectónicamente bastante modestas, pero que fueron el acceso de más de 200 mil personas a una vivienda digna”, puntualizó el sociólogo.

“Ahí pasó algo muy interesante, ya quisiéramos en esta ocasión, estando un año y medio después del sismo que hay 40 mil viviendas nuevas como parte de la reconstrucción. Va a ser distinto, es interesante, pero no creo que lleguemos a esos niveles y eso hay que reconocérselo a aquella generación”.

Además, enfatizó que la figura del damnificado no es homogénea, pues en el 85 aparecieron tres grupos: Quienes vivían en una vecindad y luego tuvieron un crédito subsidiado con el que 44 mil familias pasaron de ser inquilinos a propietarios. Las unidades habitacionales, que lucharon porque se reconstruyeran los edificios en el mismo lugar. Y los habitantes de sitios que fueron expropiados o que no alcanzaron apoyo gubernamental, pues tuvieron que reconstruir sus hogares a un precio muy alto.

En esta ocasión, lo que en 1985 hizo la política hoy lo hace la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que clasifica a los grupos afectados en cinco categorías: Personas afectadas en suelo de conservación y en áreas rurales, vivienda popular, vecindades a las que apoyará el Instituto de Vivienda del Distrito Federal; inquilinos a los que se les dio un apoyo para renta que pronto acabará y condóminos a quienes se otorgará más derechos de construcción.

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