Ciudad de México, 28 de julio de 2021.- México vive una auténtica tragedia en materia de trata de personas, ilícitos que registran un fuerte aumento en los últimos cinco años y que se han disparado debido a la pandemia del Covid-19, revelan datos de Hispanics in Philanthropy, red transnacional de donantes comprometidos a fortalecer el liderazgo, la voz y la equidad de las comunidades latinas en todo el Continente Americano.
En su informe, segundo en su tipo presentado hoy, la organización expone que ese fenómeno se incrementó de 18 estados en 2017 a 25 en 2021 con presencia en 126 municipios/alcaldías del territorio nacional.
Indicó que esta problemática se ha complejizado aún más con la crisis sanitaria actual, devenida en crisis económica y social a diferentes escalas como la presencia del crimen organizado, redes cada vez más complejas, vínculos entre actores legales a ilegales, impunidad, falta de medidas contundentes por parte de los estados, violencia y consecuencias de las políticas migratorias que implementan los gobiernos, lo que van generando mayores condiciones para que la trata de personas aumente.
En tal sentido, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), integrantes de la red citada, manifestaron su desconfianza hacia las autoridades, federales, estatales y municipales, señalando el involucramiento de las mismas en el problema, representando impunidad y corrupción. Estos aspectos son destacados como grandes limitantes para avanzar en la adecuada reducción, atención y prevención del tema.
Para las OSC y colectivos, la transmisión de conocimiento es una de las formas más efectivas de contribuir a generar cambios en la sociedad y, particularmente, combatiendo la violencia de género mediante su desnaturalización.
A la vez, el gobierno ha mostrado una gran desconfianza hacia las OSC y el trabajo que desarrollan, generando desencuentros por el cambio de la visión sobre el papel de las organizaciones. Además, no parece haber un punto de encuentro para el tratamiento del problema. La diversidad de posturas, la poca atención en la agenda nacional y ausencia de políticas públicas genera un desconcierto para las OSC, limitando aún más su actuar, indica el informe citado.
Dicho informe, realizado en alianza con las OSC e investigadores sociales, llamado “Trata de personas en México, segunda mirada desde organizaciones de la sociedad civil”, tiene el objetivo de brindar información reciente sobre la situación de la trata de personas en México, la cual se incrementó, pese a la pandemia por Covid-19, e impulsar el diálogo para identificar oportunidades de acción desde el gobierno y sociedad civil para prevenir, atender y sancionar este delito.
Durante la celebración del Día Mundial Contra la Trata, las organizaciones mencionadas presentaron, de forma virtual, el trabajo de investigación enfocado en ahondar y entender el fenómeno de la trata de personas, convertido en un ejercicio respaldado por el rigor metodológico de investigadores que buscan entender un tema sumamente complejo y polémico.
La trata de personas presenta, actualmente en el país, un mosaico diverso de manifestaciones que van desde la explotación sexual hasta el secuestro para la venta de órganos y abarca a toda la población, sin distingo alguno de niños, adolescentes, hombres, mujeres e integrantes de la comunidad Lgbtttiq+.
Hallazgos por zonas
• Zona norte: Incremento de 4 a 6 estados con presencia de trata de personas en la región. Se sumó Sonora y Durango a los Estados de Baja California, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua en los que en 2017 ya se habían identificado situaciones de trata de personas.
Las poblaciones en mayor riesgo para la trata de personas en esta región son las personas migrantes internas, migrantes internacionales, población indígena (mujeres, hombres, niñez), personas pertenecientes a la comunidad Lgbtttiq+, niñas, adolescentes y adultas, niños, adolescentes y adultos y personas con discapacidad.
• Zona centro: Región conformada por Ciudad de México Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán e Hidalgo. Cuatro de estas entidades (Michoacán, Puebla, Ciudad de México y Estado de México) se consideran estados expulsores de migrantes desde mediados del siglo pasado. Tres de ellos (Puebla, Tlaxcala y Estado de México) han sido públicamente identificados como estados de origen y destino de víctimas de trata, y uno (Tlaxcala) como origen de núcleos familiares de tratantes principalmente para fines sexuales.
Se identificó la presencia de trata de personas en todos los estados de esta región, con la aparición de Hidalgo como estado de enganche, tránsito y destino. Las poblaciones en mayor riesgo para la trata de personas en esta región son jóvenes de 16 a 22 años, aunque también se habla de niñas de 10 años, mujeres y hombres indígenas, niñas, niños y adolescentes; migrantes hombres y mujeres estudiantes de telesecundaria rural o bachilleratos urbanos; adolescentes embarazadas o con hijos o hijas, personas jóvenes entre 16 y 19 años para extracción de órganos, migrantes internos, niños y niñas, mujeres y hombres adolescentes, profesionistas en edad laboral entre 20-35 años, población Lgbtttiq+, personas que no hablan español, madres que viajan con hijos e hijas pequeños.
• Zona Bajío: Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc) (2015 y 2019), esta región presentó cambios considerables en términos de seguridad. Se incrementó la violencia en los estados, siendo Querétaro, la entidad donde se registró una mayor alza en el número de delitos, seguida de Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y Nayarit. Por ende, la Región del Bajío es la que, en general, registró un incremento mayor con relación con las otras regiones.
Se identificó la presencia de trata de personas en todos los estados de esta región como zonas de enganche, tránsito y destino, con excepción de Colima, estado del cual no se obtuvo información por parte de las OSC. Este estado, junto con Nayarit, no habían sido incluidos en el 2017. Se identificaron cambios de 2017 a la fecha, a pesar de las prácticas más constantes de trata son la prostitución forzada, trabajo forzoso, actividades ilícitas para crimen organizado, extracción de órganos, sumando en esta ocasión la mendicidad forzada (la actividad de pedir dinero como caridad en la calle).
• Zona sur: Está comprendida por los Estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero. Presencia de trata de personas en toda la región, con excepción de Campeche, que no fue referido por las organizaciones. Incremento de zonas de riesgo y presencia de trata en los municipios de la región. Del 2017 a la fecha se detectó un incremento de 3 estados a 7 como zonas de riesgo debido a que en estas se han logrado identificar como zonas de enganche, tránsito y materialización de la trata (explotación).
Las prácticas más constantes son la explotación sexual, explotación laboral, trabajo forzoso, servidumbre forzada, prostitución forzada, mendicidad forzada, delincuencia organizada, actividades ilícitas para crimen organizado, trabajo forzoso niñas, niños y adolescentes. Las poblaciones en mayor riesgo para la trata de personas en esta región son las niñas indígenas entre los 10 y 16 años, población Lgbtttiq+, hombres adolescentes y adultos, mujeres adolescentes y adultas, niñas y niños, personas indígenas, migrantes internacionales.
En la conferencia estuvieron presentes Paola Feregrino, gender equity manager de Hispanics In Philanthropy, los investigadores Mónica Salazar, Zulema Escalante y Francisco Gómez Ontiveros y voceros de las cuatro regiones de México: Polaris Project (Zona Norte), Dignificando el Trabajo A.C. (Zona Bajío), Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C. (Zona Centro) y Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes A.C. (Zona Sur).
Aumentan asesinatos de niños y adolescentes, feminicidios, extorsión, robo con violencia, narcomenudeo y violencia familiar
De acuerdo a un análisis de los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a junio de 2021, delitos como robo con violencia de vehículos y secuestro tuvieron disminuciones respecto al mismo periodo de 2020, tanto en estos delitos como en las denuncias, asociadas a la contingencia sanitaria.
Sin embargo, a pesar de la contingencia, la situación de violencia e inseguridad continúa agravándose. Por ejemplo, del total de 17 mil 445 asesinatos en lo que va del primer semestre del año (-3% con respecto al primer semestre de 2020), se presenta un número alarmante de asesinatos de niños y adolescentes, muy cerca de los totales anuales registrados previamente, con 317 casos.
Los feminicidios también presentan una tendencia al alza desde que se tiene registro, sumando 79 víctimas solo durante junio de 2021, a pesar del grave problema de subregistro que presenta este delito.
Las cifras de violencia familiar presentan una tendencia al alza en, al menos, 27 entidades. En el periodo de enero a junio de 2021 se han registrado 129,020 casos de violencia familiar en el país, lo que significa un aumento del 24% respecto del mismo periodo del año pasado.
El narcomenudeo registra 42,394 casos, con un incremento promedio de 12% en 18 entidades federativas.
Causa en Común hace un llamado a que los gobiernos federal y locales emprendan urgentemente proyectos de fortalecimiento institucional para rescatar a los cuerpos de policías de la grave crisis institucional que padecen. Asimismo, es indispensable emprender una auténtica estrategia de seguridad que parta de la ineludible responsabilidad de enfrentar a las organizaciones criminales.
El informe de incidencia delictiva se puede consultar aquí.
