Jorge Herrera Valenzuela*
Ciudad de México, 18 de octubre de 2019.- El pasado jueves 10 de este décimo mes de 2019, me quedé de una pieza, anonadado, al leer el texto que apareció encuadrado, en rojo, con letra mayúscula pequeña, en la primera plana del diario Reforma. He aquí el mensaje íntegro:
“Riesgo demostrable”: La divulgación de esta información representa un riesgo real en razón de que podría ser utilizada por miembro de la delincuencia organizada para consumar delitos de espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la Patria, genocidio en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional.
“Asimismo actos tendientes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada; actos contra la seguridad de la aviación; actos que atenten contra del personal diplomático; todo acto tendiente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva; actos tendientes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia contrainteligencia y actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
En la misma información leí: “La Secretaría de la Defensa Nacional clasificó como información reservada, durante cinco años, todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (Aisl)”.
El comentario es muy simple y breve, porque me pone a meditar sobre una grave situación en que estamos ubicados. El hecho de que revele la Secretaría de la Defensa Nacional (institución encargada y responsabilizada del resguardo de nuestra soberanía, de la paz y estabilidad nacionales) que los mexicanos somos rehenes de la delincuencia organizada, es preocupante.
Las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, aunadas a la Sedena y a Marina, por muy coordinadas que lleguen a estar para trabajar en la misión imposible, devolver la seguridad a la ciudadanía, no podrán entregar cuentas positivas, en virtud del mandato presidencial a militares, marinos y policías, en el sentido de que tienen que combatir sin apartarse del actual mandamiento presidencial: No operar represivamente.
Nuevamente corrió la sangre en territorio michoacano. Trece policías cayeron al ser emboscados por narcotraficantes, que se dijo pertenecen al Cartel Jalisco Nueva Generación. El gobernador Silvano Aureoles Conejo culpó al presidente municipal de Aguililla, “porque no ha querido firmar” el pacto de seguridad y el gobierno federal se deslinda porque son asuntos del gobierno local. Los que no se deslindan son los familiares de las 13 víctimas y de los 9 heridos que sobreviven al ataque. ¡Ah!, pero a los fallecidos ya se le rindieron honores y los lesionados son atendidos en un hospital de la entidad.
El tema es bastante delicado, desde el punto que cada quien lo quiera ver, los comentarios y los asegunes son de estricta responsabilidad personal. Por algo se ha guardado discreción y silencio en los mismos medios informativos, después de la publicación mencionada.
* Jorge Herrera Valenzuela (jherrerav@live.com.mx) es un reportero pensionado. Se desempeñó como jefe de Información del diario capitalino La Prensa, maestro en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y coordinador general de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), entre otras actividades más.
