Washington, D. C., 19 de mayo de 2021.- El agua cubre más del 70 por ciento de la superficie del planeta. ¿Qué reglamentos se aplican a los mares y océanos del mundo?
Es aquí donde aparece la “libertad de los mares”, un principio fundamental de la ley internacional. Es importante porque ello afecta todo, desde el comercio y los viajes hasta la seguridad nacional.
Durante miles de años hemos dependido del océano para el sustento, el comercio, la exploración y el descubrimiento. Un sistema internacional de leyes marítimas surgió de la necesidad de equilibrar los diversos intereses en esas áreas, incluyendo la seguridad, el comercio y los recursos.
¿Es que no se trata al agua de la misma manera en todo lugar?
No, no es así. Un bien definido conjunto de leyes internacionales permite contar con marco para todos los reclamos y actividades en el mar, y los reglamentos varían según la localidad.
Históricamente, los países realizan toda clase de reclamos respecto a las aguas a lo largo de sus costas y sobre cuán lejos en el océano tienen plena soberanía; en otras palabras, dónde pueden ejercer su jurisdicción y tener control en las aguas oceánicas tanto como lo tienen en tierra.
Tras mucho debate surgió el reglamento que los países con costa pueden tener control soberano solamente en una franja estrecha de agua cercana a su costa, denominada “mar territorial”. Más allá, la “alta mar” fue declarada libre para todos y que no pertenece a nadie.
Durante mucho tiempo los mares territoriales abarcaban tanta distancia como la que un Estado podía ejercer controlar desde tierra. Eso se vinculaba a la distancia de un disparo de cañón desde la costa, y se consideraba como una distancia aproximada de tres millas náuticas (5.6 kilómetros). Con la negociación en 1982 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el espacio permitido para el reclamo de mar territorial fue extendido a 12 millas náuticas (22 kilómetros).
Entonces ¿qué son las “aguas internacionales”?
Un estado controla las aguas territoriales hasta un límite de 12 millas náuticas (22 kilómetros) desde la costa, pero puede penalizar las infracciones a sus leyes aduanales, fiscales, de inmigración y sanitarias que ocurran en su territorio o en aguas territoriales en su “zona contigua” de hasta 24 millas náuticas (44 kilómetros). Los estados tienen control de todos los recursos en la zona económica exclusiva, que se extiende hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde la costa. (Depto. de Estado/S. Gemeny Wilkinson)
En realidad, no hay una definición de “aguas internacionales” en la ley internacional. Hasta cierto punto, dependiendo de la ubicación, todas aguas oceánicas son internacionales. Por ejemplo, en el mar territorial de un país los barcos gozan del derecho del “paso inocente”. Sin embargo, algunas veces el término de “aguas internacionales” es utilizado como una abreviatura informal para referirse a las aguas más allá del mar territorial de cualquier Estado.
En estas aguas, todos los Estados disfrutan de las “libertades de alta mar” (como las libertades de navegación y sobrevuelo) y otros usos legítimos del mar. En general, esto significa que los navíos de cualquier país -incluso los que despliegan una bandera de un país sin litorales- tienen derecho a ejercer esas libertades sin interferencia de ningún otro Estado. Este sistema de derecho internacional consuetudinario se refleja en la Convención sobre el Derecho del Mar.
La Convención también proporciona otra importante zona marítima: Hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) desde su costa un país puede reclamar una “zona económica exclusiva”, o ZEE. En esa zona el país tiene derechos específicos y jurisdicción para propósitos limitados, incluida la gestión de las pesquerías y la producción de energía del agua y eólica. Con respeto al uso tradicional del océano, Estados Unidos considera que la Convención refleja la ley internacional consuetudinaria y es vinculante para todos los países.
¿Qué sucede cuando las aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de dos países se sobreponen una con otra? Los dos países tienen que acordar fronteras marítimas que delimiten la zona en reclamo.
¿Qué pasa en las aguas internacionales? ¡Mucho!
Alrededor de 90,000 embarcaciones comerciales transportan bienes entre países. Asimismo, todos los países pueden tender tubería y cables submarinos en aguas internacionales. Las pesquerías en zonas económicas exclusivas y en alta mar también son importantes.
Pero incluso en el mar territorial todas las embarcaciones (incluyendo navíos militares) tienen derecho al paso inocente, esto es, que pueden transitar abiertamente las aguas territoriales en tanto que no participen en actividades específicas que puedan perjudicar la paz, el buen orden y la seguridad en un Estado costero. Algunas ocasiones los países hacen reclamos marítimos excesivos que tratan de restringir ilegalmente el acceso a los mares o a su uso.
Cuando eso ocurre, el Departamento de Estado de Estados Unidos con frecuencia presenta una protesta al gobierno por hacer reclamos fuera de la ley y trabaja con el país para que realice sus reclamos de acuerdo a la Convención. Además, el Departamento de Defensa puede realizar una “operación de libertad de navegación” para asegurar el principio internacional de libertad en los mares. Por ejemplo, esto podría significar el envío de un navío a través de las aguas de las que un país ha hecho un reclamo excesivo, con el fin de restringir la capacidad del navío para ejercer sus derechos de navegación y sus libertades.
Estados Unidos protesta contra los reclamos marítimos excesivos y realiza operaciones para verificar la libertad de navegación basadas en principios, sin que importe el estado costero, incluyendo para protestar reclamos excesivos hechos por aliados y socios.
En el año 2017, Estados Unidos realizó operativos para verificar la libertad de navegación frente a las costas de casi dos docenas de países, entre ellos Camboya, China, India, Indonesia, Malasia, Maldivas, Filipinas, Sri Lanka y Vietnam.
Está bien, ¿pero qué pasa con los piratas?
La piratería en las aguas internacionales puede provocar graves daños a las personas y al comercio internacional. Los ataques piratas pueden evitar la entrega de ayuda humanitaria, elevar los costos de la comercialización de bienes y poner en peligro a la tripulación de los barcos.
Como señala la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, todos los estados tienen la obligación de cooperar para acabar con la piratería. Cualquier país puede arrestar piratas en alta mar y someterlos a juicio. Este principio de larga data en la ley internacional es un raro ejemplo en que los estados pueden gozar de “jurisdicción universal”.
