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Washington, D. C., 2 de abril de 2019.- “Nuestros centros educativos son como internados donde los estudiantes comen y viven gratuitamente”, dijo Shohrat Zakir, vicesecretario del Partido Comunista Chino de la Región Autónoma Uigur de Sinkiang en el oeste de China, a principios de este mes.

Sin embargo, mientras que muchos presupuestos de las escuelas de internos suelen incluir material escolar, libros de texto y material deportivo, un análisis hecho por la agencia France-Presse de los documentos presupuestarios oficiales reveló que los “internados” de China en Sinkiang compraban porras de la policía, picanas para el ganado, esposas y pulverizadores de pimienta.

“Las afirmaciones de China de que sus campamentos de Sinkiang son instalaciones de entrenamiento voluntario son pura mentira”, expresó la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra en un reciente tuit.

China está deteniendo arbitrariamente a más de un millón de uigures, kazajos y otros miembros de grupos minoritarios musulmanes “en condiciones horribles en los campos de concentración de Sinkiang”, dijo la embajadora Kelley Currie, representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas.

Esconder la verdad
Los campos son parte de una campaña en curso para suprimir las culturas de las minorías étnicas en el oeste de China, donde los prisioneros son torturados, se abusa de ellos y son obligados a renunciar a su religión y a memorizar los lemas del Partido Comunista Chino, según los sobrevivientes.

Los documentos internos reconocían la realidad dentro de los campamentos: El secretario del Partido Comunista Chino de Sinkiang, Chen Quanguo, declaró que los campos deben “enseñar como una escuela, ser administrados como militares y ser defendidos como una prisión”.

El reciente Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado señala que el presupuesto de seguridad para Sinkiang ha aumentado más del 300 por ciento en los últimos años y que el gobierno local ha anunciado más de 90,000 empleos relacionados con la seguridad.

La represión en curso ha destruido comunidades locales en Sinkiang, con personas que desaparecen por delitos tan menores como hablar su idioma étnico en la escuela o ayunar durante las fiestas religiosas musulmanas. Y una vez que desaparecen, las familias dejan de saber de ellos, sin tener idea de lo que les está pasando o si están vivos.

Como dijo el secretario Pompeo cuando presentó el Informe de Derechos Humanos de 2018, China es “un capítulo aparte en lo que respecta a violaciones de derechos humanos”.

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