México no debe salir de Pisa, pide organización educativa Mexicanos Primero

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Ciudad de México, 2 de mayo de 2021.- Ante las informaciones difundidas en distintos medios acerca de una posible retirada de México del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, las y los integrantes de colectivos identificados y comprometidos con la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y jóvenes en México, hacemos el siguiente posicionamiento:

1. La educación es un bien público y un derecho humano, cuya realización plena requiere de la corresponsabilidad de todas y todos. Los titulares de las obligaciones en México para el derecho a la educación son las autoridades federales y estatales, por lo que las y los ciudadanos debemos activar nuestra libre expresión y nuestro derecho a la participación, reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, para pedir cuentas, proponer y colaborar en la promoción y defensa de lo que corresponde al interés superior de la niñez.
2. El Artículo Tercero establece un mandato muy puntual, pues exige que la educación “…será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad…”. Sin una medición constante y confiable, no hay manera de saber si el mandato se va cumpliendo en el tiempo.
3. Las evaluaciones son un elemento de diagnóstico que favorece el ajuste de las intervenciones educativas. Así como en el derecho a la salud el diagnóstico de la condición de cada niña, niño y joven es requisito para la intervención sólida y oportuna a su favor, en el derecho a la educación la evaluación permite corregir ausencias y omisiones en la acción educativa, focalizar poblaciones, rediseñar prácticas, reasignar presupuestos y, en general, tener elementos para superar la inequidad y la exclusión; si se emplean debidamente, son un elemento crucial de la consolidación y de la restitución de derechos de infancia y juventud en su proceso educativo, entendido como el despliegue libre de todas sus potencialidades.
4. México participa en el programa Pisa desde sus inicios, en el año 2000. A lo largo de sus diversas ediciones, los resultados de Pisa han permitido identificar algunas limitaciones estructurales de nuestro sistema escolar, así como propiciar prácticas efectivas, implementadas por autoridades y por los docentes mismos de educación básica y media superior. Gracias a los análisis nacionales y contextuales de los resultados de Pisa, se ha podido focalizar acciones para los estados y subsistemas con mayores carencias y para superar elementos de inequidad y de exclusión. Los cuestionarios de contexto que incluye PISA permiten tener no una simple “medición” de respuestas correctas, sino conectar el desempeño de los estudiantes con la escolaridad de sus familias, su estado socioemocional, las opiniones de sus directivos y maestros sobre la escuela y sus procesos, todo lo cual favorece ajustes y acciones adicionales para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás.
5. El prolongado cierre de los planteles, afectando por más de un año las formas de aprender y las oportunidades de cerrar brechas educativas, desestructuró todo el sector. La restitución efectiva del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes en México en los esfuerzos pos-pandemia exige que tengamos un diagnóstico sólido, con una variedad de instrumentos desde lo que capta cada docente en el aula hasta lo que podamos identificar en pruebas comparativas con otros países. En Latinoamérica, todas las naciones salvo cinco han participado o lo harán en Pisa, lo que permite la colaboración y el aprendizaje entre países con contextos similares.
6. Los resultados de Pisa han servido, gracias al análisis desarrollado por las autoridades mexicanas, los expertos nacionales y docentes experimentados, para avanzar: se favoreció un marco curricular común y facilitar el tránsito entre distintos tipos de bachillerato; a la ampliación de horas dedicadas a matemáticas en el plan de estudios; a poner acento en la lectura de comprensión como una meta dentro de los primeros años de primaria. Incluso, algunos ejemplos de uso productivo de esta evaluación se encuentran en el diseño y ejecución de programas de la actual administración pública federal, como “Educación Dual” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con su acento en las habilidades concretas reconocidas para la trayectoria educativa.
7. La evaluación no sirve si no se usa, y no se usa si se pierde la continuidad de los esfuerzos; llama la atención que, del dinero público de nuestro país, en 2020 ya se hizo la inversión y las correspondientes transferencias internacionales para aportar al diseño de los instrumentos, las muestras y los reportes, pero lo que esté en vilo ahora es la seguridad de que el operativo de campo mexicano se realizará en tiempo y forma. Emplazamos, por ello, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Mejora de la Educación (Mejoredu) para que aclaren con precisión que México estará listo a participar en el operativo de Pisa en el año 2022 y que hay un compromiso de plena transparencia para el fondeo, la ejecución y la difusión social de los resultados. La opacidad y falta de datos, en todos los casos, algo que favorece que permanezca la injusticia y la desigualdad, lo más conservador que pueda darse; en cambio, una visión progresista de la justicia educativa es una en la que niñas, niños y jóvenes ejercen su derecho a una educación que brinde aprendizajes relevantes y fortalezca su ciudadanía pasa por tener diagnósticos sólidos y conocidos públicamente.

Firman el manifiesto 20 organizaciones civiles, ligadas a la actividad educativa nacional.

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