En México, desde la administración del expresidente Vicente Fox a la actualidad, se estima que hay 310 mil personas asesinadas -resultado de la violencia-, lo que equivaldría a la destrucción de una ciudad como Ensenada, Baja California. En cuanto a desplazados se calculan unos 300 mil y desparecidos 30 mil, reveló aseguró Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de Incide Social, organización civil que hace investigación para la incidencia en política social y prevención social de las violencias.
Dicha revelación fue hecha al hablar sobre la situación de violencia que vive actualmente México, a la que calificó de una de las más complejas de su historia, «por la cantidad de territorios involucrados, el daño que está produciendo y que genera grupos de víctimas muy lastimadas cuya atención resulta muy complicada. No se están haciendo políticas adecuadas de reinserción y de recuperación de las personas afectadas o involucradas en esta guerra».
Al término de la charla «La política social ante las nuevas realidades» que dictó en el Centro Tepoztlán Víctor Urquidi A.C., en entrevista para el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, que inició su trabajo como investigadora en el Banco de México, El Colegio de México y la Dirección General de Estadística, enfatizó que el «gran tema» es el pacto de impunidad entre crimen organizado, gobernantes y empresas.
«Hay empresas en las zonas mineras en el norte de Sinaloa, por ejemplo, que utilizan al crimen organizado para expulsar a las poblaciones de sus localidades para que pueden así aprovechar los minerales y los recursos naturales. Si no acabamos con el pacto de impunidad, no sé por dónde vamos a salir.
«Lo que a mí me preocupa mucho es el debilitamiento del Estado. Ha habido un ataque sostenido a las instituciones del Estado, a desaparecer al Estado y esto ha afectado sus capacidades, inclusive para proporcionar seguridad a la población. Tenemos un Estado debilitado para proteger y atender a la población, en cambio, es un Estado capturado por intereses privados. El Estado a nivel federal enfrenta serios problemas y a nivel local hay entidades que ya experimentan violencia crónica -que implica mantener por 10 años tasas de homicidio altas- en donde las posibilidades de que los gobiernos locales puedan hacer algo son muy limitadas. El caso de Tamaulipas es un ejemplo, y el problema es que ahora se está extendiendo la violencia a otros estados, como es Puebla», señaló la integrante del Seminario de Cultura Mexicana.
La investigadora agregó que, ante el crimen organizado, los municipios son los más vulnerables por su debilidad institucional y en materia de recursos, es por ello que son capturados por éste desde las elecciones, es decir, el crimen organizado apoya con recursos a ciertas fuerzas políticas para después imponer a los jefes de seguridad y a los responsables de las obras públicas con lo que controlan el territorio y se benefician de los recursos públicos que se bajan a los municipios.
Señaló a la población indígena, al ser desplazada de su territorio y despojada de sus recursos naturales, como uno de los grupos más afectados por la violencia en nuestro país. «Lo que está pasando con los tarahumaras es lamentable, también en la sierra de Guerrero o en Sinaloa. Hay poblados que terminan siendo tomados por el crimen organizado. En estados como Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila y ahora Veracruz, el crimen organizado incluso despoja de sus propiedades, ganado y maquinaria de trabajo a las personas. Es como si estuviéramos en una revolución o en una guerra, llegan los grupos armados que son además batallones completos, entrenados en los campos del crimen organizado y despojan a la gente», comentó la exconsejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y de la Oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México.
La política social
Durante su exposición, la especialista detalló que tradicionalmente los seis pilares de la política social en México se han referido a lo laboral, a la seguridad social, la salud, la alimentación, la educación, y la vivienda e infraestructura social. Que por varias décadas la política social ha estado subordinada a la política económica y que muchos de sus instrumentos se encuentran actualmente debilitados como ocurre con la protección laboral o incluso, han sido eliminados como los sistemas públicos de abasto y distribución de alimentos.
Como nuevos retos a enfrentar enumeró las consecuencias sociales y los nuevos derechos que emergen a partir de la caótica urbanización experimentada en las últimas décadas; así como las transformaciones en el mundo del trabajo, del consumo y en las estructuras y organización de las familias; el mencionado surgimiento de grupos de víctimas de la violencia conformados por madres, padres y hermanos que han perdido un miembro de la familia, los huérfanos, personas con discapacidad por armas de fuego, accidentes viales o adicciones, las personas desplazadas, las víctimas de trata y prostitución forzadas y de tortura, así como de secuestros y desaparición forzada.
Finalmente destacó la necesidad de realizar una reforma a la institucionalidad social que tenga en cuenta los nuevos retos y las transformaciones sociales, y la necesaria revisión y articulación de los programas y acciones sociales de los tres órdenes de gobierno a nivel del territorio.
La charla formó parte del Coloquio «La política social ante las nuevas realidades y el futuro de México», del Seminario Desarrollo para la Sustentabilidad, organizado por el Centro Tepoztlán Víctor L. Urquidi A.C. con el apoyo de El Colegio de México y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
