Ciudad de México, 27 de enero de 2021.- Ante un escenario de incertidumbre total y con una de las transiciones más caóticas en la historia de la democracia más longeva del mundo, ha surgido la duda de qué le deparará al derecho fundamental de la libertad religiosa en la nueva administración demócrata, presidida por Joe Biden, y cuáles serán sus principales desafíos y oportunidades en los próximos cuatro años.
“La libertad religiosa es primordial en la sociedad para mantener la armonía pues nos enfrentamos a diversos acontecimientos que podrían dar un problema a las instituciones religiosas; sin embargo, esta libertad nos otorga el derecho de profesar cualquier religión sin ningún problema”, señalo Cristian Badillo, director general de la Fundación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa.
Biden tendrá un gobierno con grandes avances en temas de la Libertad Religiosa. La administración de Trump se caracterizó por impulsar numerosas medidas y proyectos de ley para la protección de esta libertad fundamental, tales como el decreto promulgado en 2017 para la promoción la Libertad de Expresión y la Libertad Religiosa; también el compromiso de promover y dar a conocer la importancia de este derecho al resto del mundo, mediante la inclusión del mismo en la planificación de la política exterior estadounidense.
¿Qué medidas propone Biden para garantizar esta libertad?
El presidente Joe Biden tiene un plan para salvaguardar las comunidades confesionales de los Estados Unidos, el cual consiste en una serie de políticas que garanticen la seguridad, tanto nacional como local, a las organizaciones religiosas mediante el involucramiento simultáneo y coordinado del Estado Federal y dichas comunidades para la erradicación total de la violencia extremista.
Dicho plan comprende cuatro lineamientos para alcanzar los objetivos:
1.- Mayores subvenciones de seguridad a las comunidades religiosas: aquí se propone un aumento sustancial en los fondos destinados a tales comunidades para su debida protección, con el propósito de evitar que ellas mismas deban financiar su protección cuando es tarea del Estado.
2.-Establecer un programa de aplicación de la ley basado en la fe: se buscará presionar al Congreso para que autorice un nuevo programa de aplicación de la ley, ubicado dentro del Departamento de Justicia, el cual se dedique a prevenir ataques contra organizaciones religiosas.
3.- Fortalecer el enjuiciamiento de los crímenes de odio: con esta medida se intenta llevar ante la justicia a los perpetradores de violencia contra comunidades religiosas, mediante el aumento de penas de este tipo de delitos y una priorización en el tratamiento de casos que se enmarcan dentro de estos crímenes.
4.- Integrar el apoyo a las comunidades religiosas en una agenda más amplia contra el odio: Esto implica que las soluciones no serán solamente elaboradas por el propio gobierno, sino que, a su vez, se escucharán propuestas de aquellos sectores que también padecen este flagelo.
