Mal servicio de comunicación puede colapsarla, advirtió Profeco

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Ciudad de México, 15 de febrero de 2019.- En el 2018, 32 mil consumidores recurrieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que se defendieran sus derechos en materia de telecomunicaciones, logrando 90% de conciliaciones.

Las empresas con mayor número de quejas, en proporción al número de sus suscriptores, son: Total Play, Dish, AT&T, IZZI, Axtel, Megacable y Movistar, y los giros con mayor número de quejas fueron: telefonía móvil, televisión restringida, equipo terminal, Internet y telefonía fija.

Lo anterior, lo señaló Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, en su participación en el Primer Foro Derechos de los consumidores en las telecomunicaciones y los retos en la materia.

“La industria de las telecomunicaciones es vital para el funcionamiento de una economía moderna en el Siglo XXI, por lo que un mal servicio de comunicación puede colapsarla”, advirtió.

Agregó que actualmente el sector de telecomunicaciones cuenta con 116 millones de usuarios de telefonía móvil, 22 millones de suscriptores en televisión restringida, 20 millones de clientes en telefonía fija. Por ello, recalcó la importancia de realizar este tipo de foros, donde se busca construir políticas públicas, escuchando a quienes van dirigidas, para que sean eficaces y tengan aplicabilidad, así como establecer una coordinación entre las autoridades de la Profeco, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con asociaciones y organizaciones vinculadas al sector, representantes de proveedores y de consumidores.

Sheffield Padilla dio a conocer que en 2018, 32 mil consumidores recurrieron a la Profeco para que se defendieran sus derechos en materia de telecomunicaciones, logrando 90% de conciliaciones.
Recordó que el eje central de la actuación de la Profeco es empoderar al que menos sabe, al que menos puede y al que menos tiene, a través de la información y exhortó a construir una nueva relación gobierno-proveedores, donde se cumpla voluntariamente con la normatividad, para así transitar de una política de verificación hacia una de confianza ciudadana.

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