Santiago Sánchez | IJNet

Si bien existe una “ligera mejoría” en la situación de la libertad de prensa en América, persisten problemas en varios países como la impunidad, violencia contra periodistas y políticas autoritarias, destaca Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación mundial de libertad de prensa correspondiente a este año, que fue presentado la semana pasada.

Esa misma semana, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) comentó los resultados del informe en Washington, DC. El resumen de 2017 de este organismo destacó que 22 periodistas fueron asesinados en las Américas durante ese año y decenas denunciaron intimidaciones.

Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Cidh, resaltó en una entrevista con la agencia AFP los lugares más peligrosos para ejercer la profesión: “Zonas en México, Guatemala, Honduras e, incluso en la frontera entre Brasil y Paraguay, enfrentan una violencia estructural, donde el crimen organizado está infiltrado en las instituciones estatales, y eso pone a América Latina en el lugar del mundo sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo”.

El informe de RSF hace referencia a estos casos, particularmente a México (147º en el ranking), El Salvador (66º), Guatemala (116ª) y Honduras (141ª). En esos lugares, “los periodistas de investigación que abordan temas relacionados con el crimen organizado y la corrupción se enfrentan sistemáticamente a intimidaciones, amenazas y violencia física”. En México, por ejemplo, 11 periodistas perdieron la vida durante 2017, lo que lo hace el segundo país “más mortífero en el mundo para la prensa” en ese año, sólo por debajo de Siria, dijo Lanza.

El periodista Manuel Ureste, de Animal Político, ilustra la situación de una forma inmejorable: “el principal obstáculo es que nos dejen de matar”. Según dijo, desde que comenzó el gobierno del actual presidente Enrique Peña Nieto, van 41 periodistas asesinados.

Pero a esto hay que sumarle la impunidad de esos delitos. En 2010, se creó en México la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que inició 800 averiguaciones previas por agresiones contra periodistas y medios, pero a junio de 2016 apenas había dos sentencias condenatorias. Ureste también expresó que, al contrario de lo que se piensa, las agresiones no son protagonizadas por el crimen organizado y el narcotráfico, sino que son perpetradas por funcionarios públicos, policías y alcaldes que atacan a los periodistas que son críticos con su labor.

Otro de los países peor rankeados en Latinoamérica es Colombia, que se ubica en el puesto 130º. Según RSF, “sigue siendo uno de los países más peligrosos del Continente para los periodistas”, ya que ¨las agresiones y los secuestros siguen siendo frecuentes”, y grupos armados “intentan hacer callar a los medios de comunicación alternativos o comunitarios que investigan sus actividades, generando agujeros negros de la información, sobre todo, en regiones rurales”.

Diana Salinas, periodista y cofundadora de Cuestión Pública, indicó a IJNet que hay además otras prácticas en Colombia que “se convirtieron en costumbre” y que pueden ser nocivas para la libertad de prensa: “Los grandes medios comprendieron que para subsistir debían aliarse con quienes ejercen el poder económico. Esto hizo que ciertos temas y personajes no se investigaran más. En consecuencia, sucede que muchos periodistas deciden autocensurarse porque saben de los riesgos que corre su estabilidad laboral si se proponen investigar a estas personas”, explicó. Por eso, “intentar cuestionar al poder resulta muy incómodo y muy riesgoso”.

Bastante mejor ubicado se encuentra Perú (88º), en donde, sin embargo, también hay complicados desafíos que enfrentar. Nelly Luna, periodista de Ojo Público, explicó a IJNet que el principal obstáculo para el ejercicio de la libertad de prensa en ese país son las continuas querellas y denuncias de quienes son investigados por el periodismo (que) hacen a la justicia. “Es una práctica extendida que busca amedrentar a los periodistas y con ello detener las investigaciones periodísticas sobre corrupción, narcotráfico, tráfico de madera, minería ilegal de oro y lavado de activos”. Como ejemplo, citó que una persona que había sido investigada por la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos demandó a Óscar Castilla, director de Ojo Público, y a otros medios, por más de 200 millones de dólares. Según Luna, esto también ocurre frecuentemente en las regiones de Perú, donde las multinacionales mineras suelen denunciar por difamación a los reporteros que cubren los conflictos ambientales, que suelen ser freelancers, “el eslabón más vulnerable de una cadena de producción de noticias en crisis”.

La situación, no obstante, es muy dispar dentro de la región. Costa Rica, por ejemplo, se encuentra en el lugar 10 del ranking, y “cuenta con un sólido marco jurídico en materia de libertad de información y con condiciones que permiten ejercer la profesión periodística de una manera relativamente libre”, dice RSF, destacando que es el país mejor ubicado en la lista de Latinoamérica. En cambio, Cuba, sigue siendo año tras año el peor calificado del Continente, y se ubicó en esta oportunidad en el lugar 172 de un total de 180.

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