No es ningún secreto que la inversión, tanto pública como privada, es lo que detona el desarrollo de un país. En los últimos 10 años, México ha realizado una inversión pública en infraestructura que no rebasa el 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en sectores como agua, riego, defensa contra inundaciones, energía, telecomunicaciones y transporte.

“México necesitaría invertir alrededor de 8 por ciento del PIB en los sectores de agua, energía, transporte y telecomunicaciones para acercarnos a una infraestructura similar a la de algunos países del sureste asiático. Esta es una estimación de la Cepal para 7 economías grandes de América Latina: México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Perú y Venezuela”, comentó el exdirector del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes-Cepal), Jorge Máttar-Márquez.

De acuerdo con el análisis de la inversión en infraestructura en las últimas cuatro décadas que realiza Jorge Máttar-Márquez, actualmente consultor de la Cepal, la inversión en México alcanzó picos históricos a fines de los años setenta, cuando se destinaba cerca del 25 por ciento del PIB a la formación de capital físico; las reformas económicas de fines de los años los ochenta y de los noventa impulsaron la inversión privada, aunque buena parte fue destinada a la compra de activos existentes y no a la creación de nueva capacidad productiva, por lo que su impacto fue diluyéndose al paso de los años.

La inversión es el componente más procíclico de la demanda agregada. En México, cuando el ciclo económco se encuentra en su parte baja, la inversión pública suele retraerse en cifras de dos dígitos, como en 2016 y 2017. Esta postura de la política de gasto conspira contra el desarrollo a largo plazo, lo cual contribuye a explicar por qué México, como otros países de América Latina y el Caribe, no logra montar una trayectoria de crecimiento alto y sostenido, a la manera de los países del sureste asiático. Cabe apuntar, no obstante, que los esfuerzos inversionistas en la última década de naciones como Ecuador, Brasil y Perú muestra que ese esfuerzo sostenido de la inversión pública suele acompañarse de un alza de la inversión privada, que se combina con la pública para acelerar el crecimiento. La disminución del dinamismo de la inversión que se está viviendo actualmente amenaza los logros obtenidos, además de los consecuentes efectos negativos en el crecimiento.

Pero no todo se refiere al volumen de la inversión; en particular en proyectos de infraestructura económica, también importa la calidad de los proyectos de desarrollo porque el monto y la eficiencia de la inversión en infraestructura contribuyen a un desarrollo sostenible y a la reducción en la desigualdad.

“De acuerdo con un estudio del Fondo Monetario Internacional de 2014, que examinó numerosos proyectos de inversión pública en infraestructura en países en desarrollo, persiste una gran irregularidad en la implementación de los proyectos de inversión, pues están plagados de ausencia de análisis técnicos, estudios de viabilidad económica y social y de una primacía de las decisiones ‘políticas’ por sobre la evidencia que proveen los análisis técnicos”. Jorge Máttar subrayó que hay que apostarle al aumento de la inversión pública en infraestructura de calidad, así como a la inversión en capital humano, pues esto permitirá el desarrollo sostenible de nuestro país y la reducción de la desigualdad”, concluyó el economista.

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