Washington, D. C., 16 diciembre 2020.- El presidente Trump está actuando para evitar que ciertas empresas chinas exploten los mercados de capital de Estados Unidos para avanzar en los objetivos y capacidades militares, de seguridad y de espionaje del Partido Comunista Chino (PCC).
Pekín “está explotando, cada vez más, el capital de Estados Unidos para obtener recursos y permitir el desarrollo y la modernización de sus aparatos militares, de inteligencia y otros de seguridad”, dijo Trump en una orden ejecutiva del 12 de noviembre.
La orden considera que el complejo militar-industrial de la República Popular China es una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos y declara una emergencia nacional para hacer frente a esa amenaza.
La acción prohíbe a individuos y entidades de Estados Unidos realizar transacciones en valores cotizados en bolsa de compañías que el gobierno de los Estados Unidos ha designado como “compañías militares comunistas chinas”. La orden también prohíbe las transacciones de valores que sean derivativos o estén relacionados de alguna manera con tales valores.
Entre las 31 empresas designadas hasta la fecha se encuentran la constructora China Communications Construction Company, que está impulsando la expansión militar de la República Popular China en el mar de la China Meridional, y la empresa de telecomunicaciones Huawei que, según funcionarios de los Estados Unidos, plantea importantes riesgos para la integridad y la privacidad de los datos a nivel mundial y facilita las políticas represivas de Pekín en la provincia de Sinkiang.
“Muchas de estas empresas cotizan públicamente en las bolsas de todo el mundo, y los inversores individuales en Estados Unidos pueden, sin saberlo, proporcionarles fondos a través de vehículos de inversión institucional pasivos como los fondos mutuos y los planes de jubilación”, dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien, en una declaración del 12 de noviembre.
La orden ejecutiva señala que, por medio de su estrategia nacional de fusión militar-civil, Pekín obliga a las empresas civiles chinas a apoyar sus actividades militares y de inteligencia. Las empresas chinas están obligadas por ley a cumplir con las exigencias de la RPC de entregar la tecnología y la información a la que tienen acceso.
La prohibición de las transacciones de valores relacionados con las empresas designadas entrará en vigor el 11 de enero de 2021, y las empresas e inversores tendrán hasta noviembre de 2021 para desinvertir sus carteras que existían antes de la orden.
En julio y agosto, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó a las universidades y empresas a que se desprendieran de las compañías chinas que contribuyan a los abusos de los derechos humanos y al robo de propiedad intelectual del PCC.
